El DEPA no es un tratado comercial convencional de aranceles y aduanas físicas, sino un marco diseñado para resolver fricciones específicas del comercio digital: pagos transfronterizos, firma electrónica, protección de datos personales e interoperabilidad regulatoria entre jurisdicciones. Para una economía que combina un centro bancario internacional consolidado con una base creciente de desarrolladores, consultoras fintech y estudios de producción audiovisual, la ausencia de ese marco jurídico puede traducirse en desventaja competitiva frente a mercados que ya operan bajo reglas homologadas.
La decisión de Costa Rica se sustenta en que casi la mitad de sus exportaciones de servicios ya tienen carácter digital, según el análisis que impulsa el debate en Panamá. El istmo no ha hecho pública una cifra equivalente, pero ha apostado en los últimos años por posicionarse como centro de datos y nodo de conectividad regional, una estrategia que coexiste con la discusión pendiente sobre cómo fiscalizar —o no— las transacciones digitales emergentes.
El riesgo que identifican los defensores de la adhesión es el de imponer cargas tributarias tempranas a un sector todavía incipiente. A diferencia de la industria tradicional, donde crear un empleo exige inversión en terrenos, maquinaria y logística, un desarrollador de software, una consultora en ciberseguridad o una diseñadora gráfica pueden operar con una computadora, conexión estable y una plataforma de pago confiable. Es una economía de bajísima intensidad de capital pero con capacidad de generar valor agregado exportable, siempre que el entorno regulatorio no la empuje hacia la informalidad.
El argumento de fondo es que las trabas burocráticas, las retenciones complejas o los tributos aplicados antes de que estas actividades alcancen escala no solo frenan la recaudación potencial, sino que desplazan al talento hacia jurisdicciones con reglas más favorables. En ese sentido, el DEPA se plantea como una vía para ampliar el mercado direccionable de los profesionales independientes panameños, que podrían competir sin desventaja legal en economías de altos ingresos.
La integración al acuerdo tendría, según este planteamiento, tres efectos concretos. Primero, reduciría fricciones operativas al establecer reglas claras sobre pagos en línea y procedimientos aduaneros digitales para la exportación de servicios. Segundo, ampliaría el mercado accesible para profesionales y pequeñas empresas que hoy enfrentan barreras normativas al operar fuera. Tercero, facilitaría su integración en cadenas de valor globales, un objetivo que coincide con esfuerzos del sector privado por modernizar sus herramientas de pago, como los discutidos en el encuentro Pay-Volution organizado por BAC Panamá, centrado en inteligencia artificial y sistemas de cobro digital.
Panamá ha construido históricamente su modelo de prosperidad sobre ventajas de conectividad física: el Canal, que articula el comercio marítimo global, y el centro de conexiones aéreas que enlaza pasajeros de toda América Latina. La discusión sobre el DEPA traslada esa misma lógica de nodo estratégico al terreno digital, donde el flujo que crece no se mide en contenedores ni en pasajeros, sino en datos y servicios transmitidos por fibra óptica.
El precedente de los Tratados Torrijos-Carter
La historia económica panameña ofrece un antecedente sobre la importancia de blindar jurídicamente los activos estratégicos del país. La administración del Canal pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en virtud de los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, y se sostiene sobre un marco normativo propio gestionado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que recientemente restableció el esquema previo de asignación de cupos en las esclusas neopanamax para ordenar el tránsito comercial. Quienes impulsan la adhesión al DEPA sostienen que la economía digital requiere una certidumbre jurídica equivalente: reglas estables y reconocidas internacionalmente que permitan planificar inversión a largo plazo.
El contraste regional añade presión. Con Costa Rica ya dentro del bloque, Panamá comparte frontera con un socio comercial que opera bajo un marco de comercio digital distinto al propio, lo que podría generar asimetrías normativas entre ambos países en sectores como el desarrollo de software o los servicios profesionales remotos. Los demás miembros —Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Corea del Sur— representan mercados de altos ingresos hacia los que los exportadores panameños de servicios podrían orientar su crecimiento si el país solicitara el ingreso.
El debate llega en un momento en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha insistido en que la economía panameña mantiene su solidez pese a choques recientes, como el terremoto del 9 de octubre en Azuero, sobre cuyo impacto el propio MEF sostuvo que el sismo no afectará el producto interno bruto del país. En ese contexto de relativa estabilidad macroeconómica, la discusión sobre el DEPA se plantea como una decisión de política comercial de mediano plazo, no como respuesta a una crisis inmediata.
El marco procedimental de una eventual adhesión no es inmediato. Una decisión de este tipo requeriría un proceso de negociación con el mecanismo de ingreso del DEPA, abierto a nuevas economías tras la incorporación de Costa Rica como primer miembro fuera del grupo fundador. De implicar compromisos que deban incorporarse a la legislación panameña, el acuerdo tendría que pasar por la Asamblea Nacional antes de la sanción del Ejecutivo, conforme al trámite de los tratados internacionales.
La controversia entre proteger la recaudación fiscal y no frenar un sector emergente está en el centro del planteamiento. Según el análisis que motiva el debate, la masa imponible del futuro no provendrá de gravar los emprendimientos tecnológicos incipientes, sino de dinamizar el volumen total de exportaciones de servicios; ahogar la semilla antes de que crezca, argumenta, es una estrategia económica contraproducente.
La incorporación de Costa Rica al bloque, formalizada este año, deja a Panamá como uno de los pocos países de la región sin una posición definida frente a ese marco regulatorio emergente, mientras su ventaja geográfica —el Canal y el centro de conexiones aéreas— convive con un comercio de servicios digitales que no depende de esclusas ni de pistas de aterrizaje, sino de la interoperabilidad jurídica entre países.