El Ejecutivo liberiano ha descrito el traslado como un proceso "digno, seguro y oportuno" y ha precisado que los deportados serán "ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental" con autorización médica para viajar. Según el comunicado, estas personas no serán objeto de ningún proceso penal, ni en Estados Unidos ni en Liberia, podrán abandonar el país cuando lo deseen y tendrán la opción de solicitar asilo en territorio liberiano. "El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales", sostiene el texto, que define la decisión como un gesto "enteramente humanitario".
Las autoridades de Monrovia han insistido en que el acuerdo no responde a una transacción de intereses cruzados. "Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio", sostiene el Ministerio de Información, aunque reconoce que el país "recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración". El Gobierno ha enmarcado la decisión en la que denomina la "larga tradición liberiana de brindar refugio" a quienes huyen de persecución, guerras u otros conflictos.
La política de deportaciones a terceros países no es nueva en Estados Unidos, pero se ha intensificado durante el segundo mandato de Trump. Amnistía Internacional denunció en junio que la Casa Blanca ha alcanzado nuevos acuerdos de este tipo con más de treinta países, ampliando una práctica que considera contraria al derecho internacional. Según cálculos del Instituto de Política Migratoria citados por la organización, unas 15.000 personas fueron expulsadas hacia terceros países solo entre enero y diciembre de 2025, de las cuales 13.000 tuvieron como destino México. "Muchas han sido detenidas arbitrariamente en el país de destino", advierte la ONG.
"Esta política es ilegal, ya que viola las garantías procesales a las que las personas tienen derecho antes de ser expulsadas", ha denunciado Amnistía Internacional, que además alerta de que la medida expone a los afectados a "violaciones de derechos humanos" en los países de destino. La organización sitúa estas prácticas en tensión con el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional de los refugiados, que prohíbe enviar a una persona a un territorio donde su vida o libertad corran peligro.
Del discurso oficial a los datos
La Administración estadounidense se apoya en la facultad del Ejecutivo para gestionar la política migratoria y en acuerdos bilaterales de cooperación. Organizaciones de defensa de los migrantes han presentado recursos ante cortes de distrito alegando que estas deportaciones vulneran la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el debido proceso, así como las obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Casa Blanca ha defendido reiteradamente que su política se dirige contra "lo peor del mundo", en palabras de Trump, si bien los datos oficiales manejados por las agencias federales de inmigración indican que solo una fracción minoritaria de los deportados cuenta con antecedentes penales.
Liberia, fundada en 1847 por antiguos esclavos liberados procedentes de Estados Unidos, mantiene desde su origen una relación histórica singular con Washington, traducida en décadas de cooperación económica, militar y diplomática. El país arrastra aún las secuelas de dos guerras civiles consecutivas entre 1989 y 2003 y de la epidemia de ébola de 2014, factores que han condicionado su dependencia de la ayuda internacional para sostener servicios básicos y su sistema de gestión migratoria.
El precedente internacional más citado es el acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, alcanzado en 2022, que preveía trasladar a territorio ruandés a solicitantes de asilo llegados a costas británicas para que sus peticiones se resolvieran allí. Aquel plan fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico en noviembre de 2023, al considerar que Ruanda no ofrecía garantías suficientes de seguridad, y fue cancelado por el Gobierno laborista de Keir Starmer en julio de 2024 tras un desembolso de cientos de millones de libras sin una sola expulsión efectiva.
Estados Unidos ya había ensayado fórmulas similares con otros países africanos y centroamericanos, entre ellos Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini y Costa Rica, en acuerdos generalmente mantenidos con escaso detalle público sobre sus condiciones económicas y jurídicas. La opacidad de estos pactos es otro de los puntos señalados por las organizaciones humanitarias, que reclaman a Washington la publicación íntegra de los textos firmados con cada país receptor.
El Gobierno liberiano no ha detallado las nacionalidades concretas de las personas que compondrán el primer grupo previsto para este jueves, ni ha precisado los mecanismos de supervisión independiente que se aplicarán durante la acogida. Tampoco ha trascendido si organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados participarán en el seguimiento de quienes soliciten protección internacional en territorio liberiano.
En los próximos días se comprobará si el primer traslado se produce en los términos anunciados y si el resto de las personas incluidas en el cupo de 1.200 comienzan a llegar según el calendario fijado a un año vista. Las organizaciones de derechos humanos han anunciado que vigilarán las condiciones de recepción y el acceso efectivo al procedimiento de asilo en Liberia, mientras en Estados Unidos continúan abiertos varios litigios judiciales que podrían condicionar el futuro de este tipo de acuerdos con terceros países.
