El desenlace de la ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 —la jornada más letal en la historia de Israel, con más de 1.200 muertos según cifras del Gobierno israelí—, se ha convertido en el asunto central de la campaña electoral que se avecina. Netanyahu llega a esos comicios, previstos para dentro de dos meses, en un contexto de sondeos adversos para su coalición, según recoge la información disponible, y de un panorama en la Franja que había prometido evitar.
El balance humano de casi tres años de operaciones militares israelíes en Gaza asciende a cerca de 74.000 muertos, de acuerdo con cifras de las autoridades sanitarias de la Franja, controladas por Hamás, una contabilidad que no ha podido verificarse de forma independiente. La cifra supera con amplitud las anteriores operaciones israelíes en el enclave de 2008-2009, 2012, 2014 y 2021, cuyos balances se contaban en centenares o pocos miles de muertos.
El plan rechazado por Netanyahu, impulsado por la Administración de Donald Trump y conocido a comienzos de agosto, contemplaba en sus 15 puntos el desarme de Hamás como condición central para una salida negociada del conflicto. El rechazo público del primer ministro convive con el cumplimiento discreto de parte de las obligaciones del alto el fuego, un pacto que Israel ha venido vulnerando de manera sistemática, según la información publicada.
Esa aparente contradicción —rechazo explícito del plan estadounidense combinado con cumplimiento tácito de parte de sus condiciones— refleja la posición en la que se encuentra Netanyahu: entre la necesidad de no confrontar abiertamente a Washington, su principal aliado y suministrador de armamento, y la de proyectar ante el electorado israelí una imagen de fortaleza e independencia que no dé la sensación de que es Estados Unidos quien fija los márgenes de actuación militar en Gaza. En la práctica, es Trump, y no Netanyahu, quien decide qué puede hacer allí Israel, según el análisis que sustenta esta información.
Un objetivo militar incumplido
Desde el punto de vista militar, la ofensiva no ha logrado el objetivo declarado por el Gobierno israelí tras el 7 de octubre: eliminar a Hamás como fuerza gobernante en Gaza. Pese a la destrucción de buena parte de las infraestructuras urbanas y el desplazamiento de la práctica totalidad de una población estimada por Naciones Unidas en más de dos millones de personas antes de la guerra, la organización islamista mantiene el control administrativo y de seguridad sobre el territorio que continúa habitado.
El precedente más cercano a este estancamiento militar y político es la guerra del Líbano de 2006, cuando Israel libró una campaña de más de un mes contra Hezbolá sin lograr su desarme ni su desplazamiento del sur libanés. Aquel resultado derivó en la Comisión Winograd, de investigación interna, y en un fuerte desgaste político para el entonces primer ministro Ehud Olmert, que acabó abandonando el cargo. La comparación circula entre analistas israelíes para advertir del riesgo de que una ofensiva prolongada sin objetivos políticos claros erosione la legitimidad de quien la emprende.
En el plano interno, Netanyahu afronta además procesos judiciales abiertos por corrupción cuya instrucción se remonta a 2019, lo que ha alimentado durante años la tesis de sectores de la oposición según la cual el primer ministro tendría incentivos para prolongar el estado de excepción bélico. El Gobierno israelí ha negado reiteradamente cualquier vínculo entre la gestión de la guerra y la situación judicial de su líder.
La oposición israelí, con figuras como Yair Lapid y Benny Gantz, ha reclamado en distintos momentos un acuerdo que permita la liberación de los rehenes retenidos por Hamás desde 2023 y una salida negociada que no dependa solo de la presión militar. Familiares de los secuestrados han sostenido protestas periódicas en Tel Aviv para exigir que se priorice su liberación sobre los objetivos militares, un movimiento social que ha marcado el debate público durante estos casi tres años. Hamás, por su parte, ha condicionado en distintas fases la liberación de rehenes y el cese de hostilidades a la retirada israelí y al fin del bloqueo que Israel y Egipto mantienen sobre Gaza desde 2007, cuando el grupo se hizo con el control del enclave tras un enfrentamiento armado con la Autoridad Nacional Palestina.
Esa disputa de gobernanza entre Hamás, con sede en Gaza, y la Autoridad Palestina, con jurisdicción nominal en Cisjordania, sigue sin resolverse y complica cualquier fórmula de administración futura de la Franja, uno de los puntos que el plan estadounidense pretendía abordar mediante una gobernanza transitoria.
El marco jurídico internacional del conflicto incluye la investigación de la Corte Penal Internacional, que en noviembre de 2024 emitió órdenes de arresto contra el propio Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, así como contra dirigentes de Hamás. Israel, que no reconoce la jurisdicción del tribunal al no ser firmante del Estatuto de Roma, ha rechazado la validez de esas órdenes, mientras varios aliados occidentales han mantenido posiciones divergentes sobre su eventual cumplimiento.
La guerra también ha tensionado las alianzas regionales. Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, han quedado bajo presión, mientras Arabia Saudí ha frenado cualquier avance hacia una normalización con Israel a la espera de progresos hacia una solución de dos Estados. Egipto y Catar han actuado como mediadores recurrentes en las negociaciones de alto el fuego, dada su influencia sobre Hamás y su papel en el control de los pasos fronterizos.
De cara a los comicios, los sondeos recogidos en la información disponible apuntan a un debilitamiento de la coalición liderada por Netanyahu, integrada por su partido, el Likud, junto a formaciones ultraortodoxas y de la derecha nacional-religiosa. El resultado determinará si el primer ministro conserva un cargo que ocupa, con interrupciones, desde finales de los años noventa, o si Israel afronta un relevo en plena negociación sobre el futuro de Gaza.
Los próximos hitos pasan por la evolución de las conversaciones en torno al plan estadounidense de 15 puntos, la posible reanudación de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás con mediación de Catar y Egipto, y el desarrollo de la campaña electoral en las semanas previas a la cita en las urnas, con la gestión de la guerra como eje central del debate.
