El procedimiento en Shenzhen constituye el desenlace penal de un derrumbe empresarial que se venía gestando desde hacía años. Evergrande cotizó en la Bolsa de Hong Kong desde 2009 y alcanzó una capitalización máxima que superó los 50.000 millones de dólares, hasta convertirse en el mayor promotor inmobiliario de China bajo el liderazgo de Xu Jiayin, antaño uno de los hombres más ricos del país. El giro se produjo en 2020, cuando las autoridades chinas endurecieron las condiciones de endeudamiento del sector para limitar el apalancamiento de las grandes promotoras y complicaron el calendario de pagos del grupo.
La compañía entró en default en 2021, un episodio que se convirtió en símbolo de la crisis inmobiliaria china. En enero de 2024, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del grupo a instancias de sus acreedores, en un proceso orientado a recuperar parte de la deuda impagada mediante la venta de activos. La empresa fue finalmente excluida de la Bolsa de Hong Kong en agosto de 2025, tras años cotizando de forma testimonial. La sentencia dictada ahora en Shenzhen se centra en la responsabilidad penal derivada de la gestión del grupo, sin que el fallo detalle con precisión los cargos concretos que sustentan la condena a cadena perpetua contra Xu Jiayin.
Por el momento, no consta que el condenado haya presentado recurso contra la sentencia ni se ha hecho pública la vía procesal para una eventual apelación ante instancias superiores. El sistema judicial chino contempla la posibilidad de recurrir los fallos de los tribunales populares intermedios ante los tribunales superiores provinciales, aunque las tasas de revocación en causas penales de gran repercusión son históricamente reducidas.
El deterioro del ladrillo que enmarca la condena
El fallo llega en un momento de debilidad persistente del sector inmobiliario chino. Según datos oficiales recogidos en el material, los precios de la vivienda nueva cayeron en julio de 2026 a un ritmo más acelerado que en junio, mientras la inversión en desarrollo inmobiliario retrocedió casi una quinta parte en términos interanuales hasta ese mismo mes. Las ventas minoristas de julio también registraron descensos frente al año anterior, un dato que conecta la crisis del ladrillo con la contención del consumo de los hogares.
Ese deterioro coincide con un crecimiento económico por debajo de las expectativas oficiales: el PIB del segundo trimestre de 2026 se situó por debajo de la banda objetivo del Gobierno, según las mismas cifras, en un contexto de demanda interna todavía débil. Pekín persigue un modelo menos dependiente de la obra pública y del ladrillo, un cambio de patrón que se produce justo cuando los hogares contienen el gasto.
Analistas de la consultora Eurasia Group han interpretado la sentencia como una señal dirigida al conjunto del tejido empresarial chino: el Gobierno no rescatará a las promotoras en dificultades, por relevantes que hayan sido. La economista jefa para Asia-Pacífico de Natixis, Alicia García-Herrero, ha vinculado el caso a un problema estructural del modelo de crecimiento chino, al considerar que Evergrande evidenció la fragilidad de un sistema demasiado dependiente de la construcción. Entre los factores que sostienen esa debilidad figuran la caída de la confianza del comprador, el estancamiento de la renta disponible y el envejecimiento demográfico, que mantienen deprimida la demanda de vivienda con independencia de las decisiones judiciales sobre el grupo.
Por qué el caso interpela a la banca europea
La dimensión internacional del caso resulta relevante porque la deuda impagada del grupo se distribuyó en múltiples tramos que acabaron en carteras de fondos de inversión y entidades bancarias con sede fuera de China, incluida la eurozona. La sentencia de Shenzhen no extingue esa exposición: al confirmar que buena parte de esas pérdidas no será compensada por una intervención estatal, reactiva el debate sobre quién asume el quebranto. El riesgo directo para la banca española se considera limitado, aunque el canal indirecto —a través de la inflación y el crédito— puede filtrarse: una economía china con exceso de capacidad tiende a exportar deflación industrial hacia la eurozona.
Persisten las dudas sobre si otros grandes promotores chinos en dificultades, como Country Garden, Vanke o Kaisa, podrían enfrentarse a procesos judiciales similares en caso de que sus impagos deriven en causas penales. La resolución de esos casos, de producirse, condicionaría las provisiones adicionales que los supervisores bancarios europeos podrían exigir a las entidades con exposición al sector inmobiliario chino.
En el plano comparado, el colapso de Evergrande recuerda por su magnitud a episodios como la quiebra de Lehman Brothers en 2008, aunque con diferencias sustanciales: el sistema financiero chino está mucho más controlado por el Estado y los canales de contagio hacia la banca internacional son más indirectos, principalmente a través de fondos de deuda y carteras diversificadas. Esa mayor tutela estatal reduce la probabilidad de un contagio abrupto, pero también prolonga el ajuste al diluir las pérdidas en el tiempo.
El próximo indicador relevante para calibrar la profundidad de la crisis será la publicación de los precios de la vivienda nueva en China correspondientes a agosto. Ese dato permitirá comprobar si la desaceleración detectada en julio se acelera o se estabiliza y, unido a la evolución de la inversión en construcción, será observado con atención tanto por los mercados asiáticos como por las entidades financieras europeas con posiciones vinculadas al riesgo inmobiliario chino.
