Según el expediente del Departamento de Justicia estadounidense, oficiales superiores del departamento de máquinas del buque ordenaron entre junio y septiembre de 2024 a otros tripulantes trasladar agua de sentina contaminada con aceite desde el tanque de recogida hasta el depósito de aguas residuales, utilizando bombas portátiles y mangueras para después descargar el contenido al mar a través de la válvula de salida de ese segundo tanque.
El procedimiento permitía eludir el separador de agua y aceite, el equipo diseñado para impedir que el buque vierta agua con una concentración superior a 15 partes por millón de petróleo. La normativa estadounidense e internacional obliga a registrar cualquier descarga excepcional de hidrocarburos en el libro de registro del barco, un trámite que, según consta en el expediente, los responsables no cumplieron correctamente.
Entre septiembre de 2024 y enero de 2025 la maniobra continuó de otra forma: algunos miembros veteranos de la tripulación hicieron pasar agua limpia por el monitor que mide el contenido de aceite del separador, de modo que el sistema de control no detectara la contaminación real de los vertidos que seguían produciéndose.
El caso dio un giro decisivo en enero de 2025, cuando el MSC Samira III realizó dos escalas en el puerto de Filadelfia. Durante esas visitas, la tripulación entregó a la Guardia Costera estadounidense un libro de registro de hidrocarburos con información falsa sobre las operaciones del buque, el documento que resultó clave para destapar las descargas.
El Sector de la Bahía de Delaware de la Guardia Costera y el Servicio de Investigación de ese organismo llevaron las pesquisas, que permitieron reconstruir el método empleado para descargar los residuos y ocultar las infracciones. La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania y la sección de delitos ambientales del Departamento de Justicia se encargaron de procesar a los responsables.
El expediente judicial, actualizado en septiembre, incluye también a Mikhail Tsurikov, segundo ingeniero del MSC Samira III, que se declaró culpable de infringir la legislación estadounidense para prevenir la contaminación por barcos y recibió una condena de tres años de libertad vigilada, un peldaño por debajo de los cuatro años impuestos a las dos compañías. La resolución distingue así la responsabilidad penal de las empresas armadoras y operadoras de la del tripulante que ejecutó materialmente las maniobras.
El marco que aplicaron las autoridades estadounidenses es la Act to Prevent Pollution from Ships, la ley que traslada a Estados Unidos el Convenio internacional MARPOL para la prevención de la contaminación por los buques, en vigor desde 1983. Esa norma obliga a los barcos que operan bajo jurisdicción estadounidense a respetar las descargas máximas de hidrocarburos y a mantener registros veraces, cuya falsificación constituye un delito autónomo aunque el vertido se haya producido en aguas internacionales.
La vía de las declaraciones de culpabilidad para resolver estos procesos es habitual en la jurisdicción estadounidense: en casos análogos, como el enjuiciamiento de este tipo de vertidos deliberados, las navieras pactan multas millonarias y periodos de libertad vigilada con planes de cumplimiento ambiental a cambio de evitar un juicio. El caso del MSC Samira III se suma a otros procedimientos recientes en los que la justicia ha resuelto a favor de quien acredita un incumplimiento documentado, como el fallo que llevó al TSJ de Castilla-La Mancha a reconocer 25.146 euros a una costurera a la que el INSS había negado la incapacidad.