"Anuncio que interpondré acción de tutela en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Inravisión, por la vulneración de los derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y a la paz", escribió Cepeda en sus redes sociales. El opositor argumenta que la suspensión "desconoce que estas emisoras fueron creadas con fundamento en lo dispuesto en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz y el deber que le asiste a las autoridades estatales de cumplir de buena fe lo pactado".
Las Emisoras de Paz nacieron precisamente al amparo de ese acuerdo, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y con el que Colombia puso fin, al menos formalmente, a más de cinco décadas de conflicto armado. Impulsadas mediante RTVC y Radio Nacional de Colombia, se crearon para ofrecer espacios a las comunidades más golpeadas por la violencia y difundir información sobre sus reivindicaciones, en línea con el punto 6.5 del pacto, dedicado a la comunicación para la reconciliación y la memoria histórica.
La orden de interrumpir esa programación fue adoptada por Mora, nombrada recientemente al frente de Inravisión, en el marco de una reunión con la ministra Falla. Ninguna de las dos funcionarias ha detallado hasta ahora las razones técnicas o presupuestarias que sustentarían la decisión, lo que ha alimentado las críticas de la oposición sobre la falta de motivación explícita del cierre.
Dos modelos enfrentados sobre el posconflicto
La medida se produce en un contexto de cambio de ciclo político. El presidente Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño con un compromiso de campaña explícito de "acabar" con los Acuerdos de Paz y de frenar las negociaciones abiertas con distintos grupos armados que continuaron operando tras la desmovilización de las FARC. Ese planteamiento contrasta con la línea del anterior presidente, Gustavo Petro, que había apostado por la denominada "paz total", una estrategia de diálogo simultáneo con varias estructuras armadas y de fortalecimiento de los mecanismos surgidos del acuerdo de 2016, incluidas estas emisoras comunitarias.
El cierre de los espacios informativos supone así una ruptura visible entre dos modelos de gestión del posconflicto en un país donde la implementación del acuerdo sigue siendo, según los sucesivos informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, un proceso incompleto, con retrasos persistentes en materia de seguridad para excombatientes y líderes sociales.
La acción de tutela que prepara Cepeda es una figura contemplada en el artículo 86 de la Constitución colombiana de 1991, que permite a cualquier ciudadano reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública. Se trata de un mecanismo de resolución rápida —el juez de instancia debe fallar en un plazo máximo de diez días— pensado para evitar perjuicios irremediables, y cuyas decisiones pueden ser seleccionadas y revisadas por la Corte Constitucional, máximo intérprete de la carta magna.
Colombia cuenta con precedentes de pronunciamientos de la Corte Constitucional en favor de mantener las garantías previstas en el acuerdo de 2016, al considerar que sus compromisos forman parte del bloque de constitucionalidad. La propia sentencia C-630 de 2017 avaló el acto legislativo que obliga a las autoridades a cumplir de buena fe lo pactado durante los tres periodos presidenciales siguientes a su firma, un marco que Cepeda invoca ahora frente al Ejecutivo.
En paralelo a la vía judicial, el Congreso ha activado sus propios mecanismos de control político. Tanto la ministra Falla como la directora de Inravisión, Mora, han sido citadas a comparecer ante el Parlamento para explicar los motivos que llevaron a suspender la programación de las 20 emisoras. Este tipo de citaciones, conocidas como debates de control político, están previstas en la Constitución y permiten a los congresistas exigir explicaciones a los miembros del Ejecutivo sobre decisiones administrativas concretas.
El desenlace de la tutela quedará en manos de los jueces de instancia, que deberán resolver si ordenan restablecer la programación de las Emisoras de Paz mientras se dirime el fondo del asunto. Una decisión desfavorable para el Gobierno podría obligar a Inravisión a reactivar los espacios suspendidos; un fallo en sentido contrario reforzaría el margen del Ejecutivo para redefinir el papel de estos medios públicos vinculados al acuerdo de 2016.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el futuro del proceso de paz bajo la nueva administración, en un país donde persisten disputas armadas en regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar o el Cauca, y donde Naciones Unidas ha advertido reiteradamente sobre los riesgos de retroceder en los compromisos de 2016 sin mecanismos alternativos de protección para las comunidades afectadas.
