La cifra de víctimas del segundo trimestre supone, según la BINUH, un descenso cercano al 14% respecto a los tres meses anteriores, pero la propia oficina matiza que esa reducción "modesta" "oculta realidades muy diferentes según las regiones" del país. "Estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia", señaló en un comunicado el máximo representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu.
Del conjunto de muertos, algo más de la mitad se atribuyen directamente a la acción de las pandillas, mientras que en torno al 40% se produjeron durante operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas. El 5% restante se vincula a grupos de autodefensa comunitaria y a episodios de la llamada "justicia popular", una modalidad de linchamiento que ha crecido en Haití ante la percepción de impunidad frente a las bandas.
La violencia más reciente se concentró esta misma semana en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, donde un ataque de bandas armadas dejó 47 muertos. Entre ellos, 22 personas fueron "ejecutadas" en el interior de una iglesia en la que se habían refugiado, según el relato recogido por la oficina de Naciones Unidas, en uno de los episodios más graves documentados en el periodo analizado.
La BINUH admite que las operaciones de seguridad han logrado reducir la actividad de las pandillas en algunos puntos del área metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en los barrios de Delmas y Tabarre. Sin embargo, advierte de que esa "presión" ha derivado en muchos casos en un "desplazamiento" del conflicto hacia otras áreas en lugar de una contención efectiva del fenómeno. Ese traslado resulta especialmente visible en la llanura de Cul-de-Sac y en la comuna de Ciudad Soleil, donde bandas rivales mantienen enfrentamientos descritos como de "extrema violencia" por el control territorial y de las actividades ilícitas.
Esos choques han causado 463 muertes en el trimestre y forzado el desplazamiento de más de 18.000 residentes, además de cientos de agresiones sexuales y heridas documentadas, según la oficina. El informe atribuye parte de esta escalada a las propias operaciones de seguridad realizadas en otros puntos de la capital, que habrían empujado a miembros de pandillas hacia esta llanura, considerada estratégica porque conecta, a través de dos ejes viarios, el puerto de contenedores de Puerto Príncipe y la terminal petrolera de Varreux con el norte del país, dos infraestructuras clave para el abastecimiento nacional.
El avance de las bandas fuera de la capital
Fuera de Puerto Príncipe, Naciones Unidas constata que las pandillas continúan ganando terreno. El informe cita el caso de Artibonite, una relevante región agrícola del noroeste de Haití, donde grupos armados han irrumpido en distintas localidades asesinando a vecinos en sus propias viviendas y a campesinos mientras trabajaban en sus tierras.
También se han detectado incursiones de la pandilla Village de Dieu en la zona de Séguin, más al sur, un área que hasta ahora se había mantenido en gran medida al margen de la violencia armada. Para la BINUH, estos movimientos "podrían reflejar un deseo de encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente controlando las carreteras que llevan al puerto de Marigot".
El análisis de Naciones Unidas subraya que la población civil también resulta atrapada por las operaciones estatales dirigidas a desalojar a las pandillas. Según la oficina, más de 800 personas murieron o resultaron heridas durante el trimestre en el marco de estas intervenciones de las fuerzas de seguridad haitianas. En ellas habría intervenido el uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial del Gobierno integrada por agentes de la policía nacional y personal de una empresa militar privada extranjera. De las víctimas registradas en esas acciones, al menos 95 no tenían, según el informe, vinculación con actividades delictivas.
Haití atraviesa desde 2021 una crisis institucional que se agravó tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, sin que desde entonces se hayan celebrado elecciones presidenciales. El vacío de poder ha sido gestionado por un Consejo Presidencial de Transición respaldado por la comunidad internacional, mientras las pandillas han llegado a controlar amplias zonas de Puerto Príncipe, incluidas rutas de acceso al puerto y al aeropuerto internacional.
Este contexto llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar en 2023 el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, con participación de otros países, ante la incapacidad de la policía haitiana de contener por sí sola a los grupos armados. La eficacia de esa misión ha sido objeto de críticas recurrentes por su reducido tamaño frente a la magnitud del problema y por las limitaciones presupuestarias que ha arrastrado desde su despliegue.
El precedente más citado para dimensionar el colapso institucional haitiano es el terremoto de 2010, que causó más de 200.000 muertos según las estimaciones oficiales de la época y dejó al Estado gravemente debilitado durante años. De aquella catástrofe el país no ha logrado recuperarse plenamente, en un periodo que coincide con el fortalecimiento progresivo de las estructuras criminales que hoy disputan el control del territorio.
El informe de la BINUH no ofrece un plazo concreto para una eventual mejora de la situación, aunque apunta a que el seguimiento de los próximos trimestres será determinante para comprobar si la presión sobre las pandillas en Puerto Príncipe logra traducirse en una reducción sostenida de la violencia o si, por el contrario, se consolida el patrón de desplazamiento hacia regiones rurales y comunas periféricas observado entre abril y junio.
