El recuento de Foro Penal, una de las organizaciones de referencia en el seguimiento de la represión política en Venezuela desde hace más de una década, desglosa la cifra total en 356 hombres y 26 mujeres, de los que 222 son civiles y 160 militares. Del conjunto, 158 personas han sido ya condenadas, mientras que 224 continúan a la espera de sentencia. El informe incluye además a 40 ciudadanos extranjeros entre los detenidos y a una persona cuyo paradero se desconoce.
La persistencia de esta cifra resulta especialmente relevante porque se produce meses después de la caída de Maduro, capturado en una operación que la líder opositora María Corina Machado ha calificado de «impecable», agradeciendo de forma reiterada el papel del expresidente estadounidense Donald Trump en su desarrollo. La transición política que siguió a ese episodio abrió expectativas de una liberación de presos políticos que, según el balance de Foro Penal, no se ha materializado en la magnitud anunciada.
La amnistía y sus límites
El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez aprobó en febrero de 2026 una Ley de Amnistía que, según cifras del propio Ejecutivo, benefició a más de 8.000 personas. El marco normativo que regula estas excarcelaciones remite al procedimiento ordinario de aplicación de amnistías previsto en la legislación venezolana, que exige la revisión individualizada de cada expediente por parte del Ministerio Público y los tribunales competentes antes de ordenar la puesta en libertad, un trámite que las organizaciones humanitarias señalan como el principal cuello de botella del proceso.
Familiares de los presos y entidades defensoras de derechos humanos han denunciado que el proceso de excarcelaciones no se ha completado y advierten de un patrón de liberaciones que coinciden en el tiempo con nuevas detenciones, lo que explicaría por qué la cifra total de presos políticos no desciende de forma sostenida y en las últimas dos semanas registradas incluso aumentó de 379 a 382. Desde estas organizaciones se reclama además acceso independiente a los centros de detención, algo que, según los propios informes de Foro Penal, no se ha garantizado de forma sistemática.
El Gobierno interino no ha respondido públicamente a las cifras concretas divulgadas por Foro Penal. Delcy Rodríguez ha defendido en sus intervenciones públicas su compromiso con la revisión caso por caso de los expedientes pendientes y con la depuración de responsabilidades dentro del aparato judicial heredado del chavismo, y ha pedido no confundir la lentitud administrativa con falta de voluntad política.
Una década de cifras acumuladas
Foro Penal sostiene que desde 2014, año en que comenzó a sistematizar su registro tras las protestas conocidas como «La Salida», ha documentado 19.175 detenciones por motivos políticos en Venezuela. El patrón de detenciones masivas se intensificó tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el chavismo se resistió a reconocer los resultados que numerosas misiones de observación internacional atribuían a la oposición liderada por Machado, en una oleada de arrestos de manifestantes, militares disidentes y activistas que no se ha revertido por completo ni siquiera tras la salida de Maduro del poder.
El desglose por perfiles resulta significativo: la presencia de 160 militares entre los detenidos apunta a que una parte sustancial de la represión se dirigió contra las propias fuerzas armadas, un fenómeno vinculado a las tensiones internas del chavismo en los meses previos a su colapso. La escala del registro convierte a Venezuela en uno de los casos de encarcelamiento político más prolongados de América Latina en lo que va de siglo, un fenómeno que en la región tiene como antecedentes históricos las dictaduras del Cono Sur de los años setenta y ochenta, con la diferencia de que en el caso venezolano el control se ejerció de forma preponderante a través del aparato judicial y militar.
De cara a los próximos meses, el seguimiento de estas cifras se perfila como uno de los termómetros que la comunidad internacional emplea para evaluar el ritmo real de la transición venezolana, en paralelo a la reconstrucción institucional y a la reactivación económica de un país que continúa bajo un sistema de sanciones internacionales cuya eventual revisión se ha vinculado a avances verificables en materia de derechos humanos. El propio Foro Penal actualiza su balance de forma periódica, lo que permitirá contrastar en las próximas semanas si la tendencia al alza se consolida o se revierte.
