Según la propia asociación, el apoyo al llamamiento pasó de unos 500 firmantes a mediados de julio de 2026 a 1.051 en las semanas siguientes, entre abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del ámbito jurídico. La RAV sostiene que defender la dignidad humana implica oponerse a partidos que, a su juicio, entran en conflicto con los principios fundamentales de la Constitución alemana, y respalda su tesis citando un informe elaborado por la Sociedad para los Derechos Civiles, con sede en Berlín, dedicado a analizar si AfD cumple los criterios jurídicos para una prohibición.
La RAV carece, sin embargo, de legitimación activa para presentar por sí misma la solicitud ante el Tribunal Constitucional Federal. La legislación alemana reserva esa facultad exclusivamente al Bundestag, al Bundesrat o al Gobierno federal, lo que convierte la recogida de firmas en una herramienta de presión política dirigida a esas tres instituciones, y no en un procedimiento judicial en marcha. Ninguna de ellas ha anunciado, hasta la fecha, que vaya a presentar formalmente esa solicitud.
El doble umbral que fijó Karlsruhe con el NPD
El mecanismo invocado no es inédito. El Tribunal Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe, ha declarado inconstitucionales a dos partidos desde la fundación de la República Federal en 1949: el neonazi Partido Socialista del Reich (SRP), en 1952, y el Partido Comunista de Alemania (KPD), en 1956. Desde entonces el artículo 21 se ha invocado en contadas ocasiones y con resultados dispares: un primer intento de prohibir al partido de extrema derecha NPD fracasó en 2003 por la presencia de confidentes de los servicios de inteligencia entre sus dirigentes, y una segunda solicitud, presentada por el Bundesrat, fue rechazada en 2017 porque el Constitucional consideró que la formación, pese a perseguir fines anticonstitucionales, carecía de peso suficiente para representar una amenaza real al orden democrático.
Ese último antecedente resulta especialmente relevante para el caso de AfD: los magistrados de Karlsruhe no solo exigen probar que un partido persigue fines contrarios a la Constitución, sino también que cuenta con potencial real para imponerlos. El fracaso de 2017 frente al NPD dejó como enseñanza que el Tribunal reclama pruebas sólidas de una estrategia activa y con capacidad de éxito para subvertir el orden constitucional, no solo la constatación de un ideario contrario a determinados principios liberales. Sobre esa base, algunos constitucionalistas han advertido en el debate público de que un intento fallido contra AfD podría resultar políticamente más perjudicial que no intentarlo, al legitimar al partido como víctima de una persecución institucional.
La discusión no parte de cero en el plano administrativo. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior alemán, clasificó en 2024 a la federación nacional de AfD como «sospechosa de extremismo», una categoría inferior a la de «organización extremista confirmada» que sí aplica a algunas de sus federaciones regionales, como las de Turingia y Sajonia. Esa clasificación ha sido citada tanto por quienes reclaman la ilegalización como por quienes se oponen a ella, con lecturas opuestas sobre su alcance.
Las posiciones enfrentadas
AfD ha rechazado reiteradamente las acusaciones de anticonstitucionalidad y ha calificado los intentos de prohibición como una maniobra de sus adversarios políticos para evitar competir con él en las urnas. El partido sostiene que se limita a defender posiciones —oposición a la inmigración masiva, crítica a la cesión de soberanía hacia instituciones europeas y rechazo a determinadas políticas climáticas— que, según su argumentación, cuentan con respaldo entre una parte creciente del electorado alemán y no son en sí mismas inconstitucionales.
Los partidos del arco parlamentario tradicional mantienen posturas menos unívocas de lo que sugiere la iniciativa de la RAV. El Gobierno federal, encabezado por el canciller Friedrich Merz (CDU) tras las elecciones de 2025, no ha tomado partido públicamente por iniciar el procedimiento, consciente de los riesgos políticos y jurídicos que entraña. En sentido inverso, los promotores de la petición defienden que un proceso ante el Constitucional serviría precisamente para aclarar si AfD vulnera el orden constitucional, mientras sus críticos advierten de que la vía judicial supondría intentar apartar de la competición democrática a un partido con millones de votantes.
AfD registra un ascenso sostenido desde las elecciones federales de febrero de 2025, en las que se convirtió en la segunda fuerza del Bundestag por detrás de la CDU/CSU, superando al SPD. Ese resultado consolidó al partido, fundado en 2013 como una formación euroescéptica y reconvertido después en una fuerza de perfil más identitario, como principal actor de oposición al Gobierno de coalición liderado por Merz. La petición llega, además, con varias citas electorales regionales en el horizonte.
El debate se enmarca en una discusión europea más amplia sobre los límites del llamado «cordón sanitario» frente a partidos de derecha radical, presentes ya en gobiernos o coaliciones de países como Italia, Países Bajos o Hungría, y con creciente peso parlamentario en Francia, Austria o los países nórdicos. La Unión Europea no dispone de un mecanismo equivalente al artículo 21 alemán para ilegalizar partidos a escala comunitaria, lo que deja la decisión enteramente en manos de los ordenamientos nacionales.
El recorrido de la iniciativa dependerá ahora de si el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal decide presentar la solicitud formal ante el Tribunal Constitucional Federal, un paso que ninguna de las tres instituciones ha dado. De producirse, el proceso podría prolongarse varios años, como ocurrió con el NPD, y su resultado condicionaría no solo el futuro de AfD, sino el propio uso del artículo 21 como herramienta frente a otras fuerzas políticas.
