El suceso se produjo en una vivienda unifamiliar de la localidad costera de Cullera, en la provincia de Valencia, uno de los destinos vacacionales del litoral mediterráneo con mayor afluencia de residentes y turistas extranjeros, especialmente del norte de Europa. La zona, salpicada de urbanizaciones con piscinas y jacuzzis privados, ha sido escenario en años anteriores de sucesos relacionados con instalaciones domésticas, si bien cada caso exige una investigación técnica independiente antes de establecer causas.
Según los medios irlandeses que han difundido el caso, la fallecida sería Thomasina, una ejecutiva con una trayectoria profesional ligada a la promoción y gestión de grandes proyectos hoteleros en Londres, una de las plazas inmobiliarias y turísticas más competitivas de Europa. Su marido, Patrick, sería natural de Nueva Zelanda, un perfil que dibuja una pareja de marcado carácter internacional, presumiblemente afincada o de paso en la Comunidad Valenciana.
Las primeras hipótesis que maneja la investigación, aún sin confirmación oficial, apuntan a un accidente en cadena, posiblemente vinculado al uso del jacuzzi de la vivienda. Este tipo de incidentes, aunque infrecuentes, no son inéditos: los servicios de emergencia han atendido episodios asociados a la inhalación de gases, a fallos eléctricos en equipos de hidromasaje o a pérdidas de conciencia por golpes de calor, que pueden causar la muerte de una persona y, en el intento de auxilio, de la que trata de socorrerla.
El procedimiento habitual en España ante un fallecimiento de estas características implica la intervención inicial de la Guardia Civil o la Policía Nacional, según la demarcación, junto con los servicios de emergencia sanitaria, que certifican la muerte y trasladan los cuerpos al Instituto de Medicina Legal correspondiente. Es la autopsia, ordenada por el juzgado de instrucción de guardia, la que debe determinar con precisión la causa del deceso y esclarecer si existió intervención de terceros.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a investigar cualquier muerte violenta o no explicada ocurrida en territorio nacional, con independencia de la nacionalidad de las víctimas. El juzgado de instrucción del partido judicial competente —al que pertenece Cullera— debe abrir diligencias para reconstruir las circunstancias del suceso, un trámite que se activa de oficio en todos los casos de fallecimiento súbito o sospechoso y que precede a cualquier repatriación de los cuerpos.
No es la primera vez que sucesos de este tipo afectan a ciudadanos extranjeros en la costa mediterránea. Casos previos de fallecimientos accidentales en piscinas y jacuzzis de viviendas turísticas han tenido eco en la prensa de Irlanda y Reino Unido, países cuyos medios siguen con particular atención los incidentes que afectan a sus nacionales en destinos vacacionales españoles, dada la intensidad del flujo turístico bilateral.
La comunidad británica e irlandesa instalada en el litoral mediterráneo figura entre las más numerosas de ciudadanos comunitarios y europeos censados en España, según los padrones municipales que recopila el Instituto Nacional de Estadística. La combinación de clima, coste de vida y conexiones aéreas directas con ciudades como Dublín o Londres ha consolidado en las últimas dos décadas un flujo constante de compradores de segunda residencia y jubilados procedentes de las islas.
Las autoridades consulares de Irlanda y Nueva Zelanda suelen intervenir en estos procesos para acompañar a las familias, facilitar la repatriación de los cuerpos una vez concluidos los trámites judiciales y servir de enlace entre las instituciones españolas y los allegados en sus países de origen. Ninguna de las dos representaciones diplomáticas ha realizado, por el momento, una declaración pública detallada sobre el caso.
La investigación permanece abierta y los resultados definitivos de la autopsia, cuya elaboración puede prolongarse desde varias semanas hasta meses en función de la complejidad de los análisis toxicológicos, serán determinantes para cerrar el expediente judicial. Hasta entonces, la hipótesis del accidente relacionado con el jacuzzi se mantiene como la principal línea de trabajo, sin que hayan trascendido indicios que apunten a la intervención de terceros.
