La llegada de Fujimori al Palacio de Gobierno cierra un ciclo político abierto hace tres décadas, cuando su padre gobernó el país entre 1990 y 2000. Alberto Fujimori combinó el ajuste económico y la ofensiva contra el terrorismo de Sendero Luminoso con prácticas que la justicia peruana calificó años después de violaciones de derechos humanos y corrupción, por las que cumplió una condena de cárcel antes de morir en 2024. Su hija reivindica hoy ese legado frente a las administraciones que lo sucedieron.
Keiko Fujimori debutó en la vida pública de forma circunstancial. La separación de sus padres, marcada por acusaciones de su madre, Susana Higuchi, contra el entonces presidente, la llevó a asumir el papel de primera dama en diciembre de 1994, cargo que ejerció hasta noviembre de 2000, cuando Alberto Fujimori renunció a la presidencia desde Japón en medio de una crisis de corrupción que salpicaba a su entorno más próximo. Aquella salida del Palacio de Gobierno, con Keiko acompañada de sus colaboradores y sus perros, quedó grabada en la memoria política del país.
Tras ese episodio, y alentada por su padre, ocupó un escaño en el Congreso entre 2006 y 2011 en las filas de Fuerza Popular, la formación que se convertiría en su principal plataforma. Desde 2022 su bancada ejerció una influencia determinante en el equilibrio de poder en Lima, articulando alianzas con partidos como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y Podemos, en un Congreso fragmentado que ha visto sucederse a varios presidentes entre crisis institucionales recurrentes.
Un discurso de reivindicación del legado paterno
En su primer discurso como presidenta electa, Fujimori anunció una etapa que, dijo, estará «marcada por el progreso, por la paz y por el reencuentro entre los peruanos». «El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita un gobierno que los resuelva», afirmó. La nueva mandataria dirigió críticas directas a los gobiernos posteriores a la caída de su padre: «Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores», declaró, sin precisar el alcance de esa evaluación.
Para conformar su primer gabinete, Fujimori designó como primer ministro a Luis Galarreta, abogado, excongresista y militante del Partido Popular Cristiano con estrecha vinculación a la mandataria. La cartera de Economía y Finanzas recayó en Elmer Cuba, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó en manos de Carlos Espá, candidato presidencial en el mismo proceso electoral. Al presentarlo, Fujimori reclamó una política exterior orientada a «fortalecer la presencia del Perú en el mundo, atraer inversiones» y «consolidar la cooperación internacional».
La ceremonia reunió en Lima a mandatarios que encarnan el giro conservador de buena parte de Suramérica, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador). Ese reacomodo se completará, según lo previsto, el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia en sustitución de Gustavo Petro, cerrando un ciclo de gobiernos de izquierda que dominó parte de la región en la década pasada.
España estuvo representada por el rey Felipe VI, invitado el lunes a una cena con el presidente saliente, Balcázar, en el Palacio de Gobierno, antes de acudir este martes al Congreso. También viajó a Lima el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien mantuvo previamente una videoconferencia con la mandataria electa: Fujimori le agradeció su respaldo, mientras que el dirigente español le recordó que entre la comunidad peruana residente en España obtuvo el voto de seis de cada diez electores.
El catedrático internacionalista peruano Óscar Vidarte señaló, en declaraciones, que Fujimori «recibe un mundo económicamente bastante favorable», con precios elevados, mayores ingresos y aumento de las exportaciones. No obstante, advirtió de que «la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos y los cuestionamientos al orden liberal están cambiando algunas reglas de juego», factores que condicionarán el margen de maniobra del nuevo Gobierno en política exterior y comercial.
El marco institucional bajo el que asume Fujimori está regulado por la Constitución peruana de 1993, promulgada durante el mandato de su padre tras el autogolpe de 1992, que disolvió el Congreso y reformó el sistema político. Ese texto, vigente pese a sucesivos intentos de reforma, establece un mandato presidencial de cinco años sin reelección inmediata y un Congreso cuya relación con el Ejecutivo ha sido fuente de inestabilidad crónica. El propio mecanismo de vacancia presidencial por «incapacidad moral» ha sido invocado de forma reiterada en la última década.
La inestabilidad es el telón de fondo del nuevo mandato. Perú ha tenido varios presidentes en pocos años, en un periodo marcado por vacancias, disoluciones parlamentarias y protestas de gran magnitud, especialmente tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, que derivó en una ola de movilizaciones con decenas de muertos. Sobre ese historial ha construido Fujimori su promesa de «reencuentro entre los peruanos» y de estabilidad institucional.
El actual desplazamiento recuerda, salvando las distancias, al giro a la izquierda de comienzos de siglo, cuando figuras como Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina o Hugo Chávez en Venezuela protagonizaron la llamada década de gobiernos progresistas. El nuevo ciclo conservador, con Milei, Kast, Noboa y ahora Fujimori y De la Espriella, deberá confirmar su alcance y duración en los próximos comicios regionales, en un continente históricamente sujeto a péndulos electorales.
Entre los asuntos que marcarán la agenda inmediata del Gobierno figuran la gestión de la relación comercial con China —principal socio comercial de Perú— y con Estados Unidos, así como la respuesta a las demandas en seguridad ciudadana e informalidad laboral, dos problemas estructurales que los gobiernos posteriores a Alberto Fujimori no lograron resolver. La toma de posesión abre un mandato de cinco años cuyo primer examen serán las relaciones del Ejecutivo con un Congreso fragmentado en el que Fuerza Popular deberá tejer mayorías.