El planteamiento no es nuevo en la historia panameña. Desde las luchas anticoloniales hasta las jornadas de enero de 1964 en torno a la soberanía sobre la Zona del Canal, la movilización popular ha actuado repetidamente como catalizador de transformaciones que la vía institucional no lograba resolver por sí sola. El análisis retoma ese hilo para preguntarse si el ciclo de protestas reciente puede consolidarse en algo más duradero que la reivindicación puntual.
Las manifestaciones de 2022, que reunieron a gremios de educadores, transportistas y organizaciones sociales, forzaron una negociación con el Órgano Ejecutivo sobre el precio de los combustibles y la canasta básica. Un año después, el rechazo al contrato minero con Minera Panamá derivó en semanas de bloqueos y en la declaratoria de inconstitucionalidad de la concesión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ambos episodios, señala el autor, mostraron que la protesta callejera puede alterar decisiones ya adoptadas por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
La pregunta que plantea el especialista es si esa energía puede trasladarse a una agenda propositiva y sostenida, en lugar de agotarse tras cada movilización. El texto identifica ahí una de las principales debilidades del sector: la fragmentación entre sindicatos, gremios estudiantiles, comunidades indígenas y colectivos feministas, que rara vez logran una plataforma unificada.
Economías solidarias y control ciudadano
Entre las alternativas que baraja el análisis figura el impulso de economías solidarias y cooperativas agroindustriales como contrapeso al modelo extractivista y financiero que domina una economía fuertemente concentrada en el sector logístico y de servicios, vinculado al Canal de Panamá y a la Zona Libre de Colón. En territorios indígenas y rurales, sostiene el texto, la resistencia a proyectos mineros y logísticos se articularía en torno a demandas de soberanía alimentaria y gestión comunitaria de los recursos naturales.
El autor también apunta a la fiscalización ciudadana como herramienta de presión, mediante observatorios que monitoreen la gestión pública y expongan irregularidades. Esa función de vigilancia conecta con tensiones ya presentes en el país: la denuncia de organizaciones sociales sobre una presunta red de espionaje policial, que la Policía Nacional reconoció al admitir el uso de agentes encubiertos, ilustra la fricción entre control social y vigilancia estatal que el análisis identifica como uno de los riesgos para el activismo.
En materia fiscal, el texto propone que los movimientos sociales presionen por la eliminación de exenciones a empresas multinacionales y por impuestos progresivos sobre el capital, con el argumento de financiar políticas sociales y proyectos productivos locales. Plantea además la exigencia de mecanismos de democracia directa —consultas populares o referendos— para validar grandes proyectos de inversión antes de su aprobación por el Órgano Legislativo.
Estas propuestas se inscriben en un debate más amplio sobre la ejecución de políticas públicas en Panamá, donde la brecha entre la ley aprobada y su cumplimiento efectivo es recurrente. El país aún no ejecuta el Plan Nacional creado por la Ley 328 de 2022 en materia de seguridad, un caso que ilustra la distancia entre la norma y su aplicación, si bien el documento fuente no lo menciona.
Riesgos de represión y cooptación
El análisis advierte sobre dos riesgos para la consolidación de estos movimientos como fuerza política: la intensificación de la criminalización de la protesta por parte del Estado y la cooptación de liderazgos mediante prebendas o cargos públicos, una dinámica que históricamente ha diluido la capacidad de presión de las organizaciones populares en la región.
La fragmentación interna aparece como el obstáculo más citado en el texto. Sin una articulación intersectorial que sume a sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y movimientos feministas bajo demandas comunes, sostiene el autor, los movimientos sociales panameños difícilmente trascenderán la protesta puntual para convertirse en un actor capaz de disputar el proyecto nacional a los partidos tradicionales.
El diagnóstico de fondo es el de una crisis de representación política que coincide con el agotamiento de un modelo económico centrado en servicios financieros, logísticos y de tránsito, que ha dejado sin resolver problemas estructurales de concentración de la riqueza y exclusión socioeconómica. En ese escenario, según el autor, los movimientos sociales tienen una oportunidad de posicionarse como actores estratégicos capaces de plantear alternativas al modelo vigente.
El texto no ofrece un pronóstico sobre el desenlace, sino que lo plantea como una disyuntiva abierta:
"La clave estará en trascender la protesta puntual y construir plataformas políticas capaces de plantear alternativas al modelo económico agotado, democratizar el Estado y promover un desarrollo económico inclusivo y soberano", concluye el especialista en ciencias sociales.