"Cualquier presencia militar israelí al norte de la Línea Azul supone una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y la FINUL la vigilará e informará de ella", subrayó la misión de la ONU en el texto difundido tras las últimas tensiones en la frontera. La fuerza de paz quiso además zanjar cualquier ambigüedad terminológica: "Se ha hablado mucho de líneas, zonas y otros términos relativos al sur de Líbano. Para las Naciones Unidas y para la FINUL solo hay una línea relevante, la Línea Azul", en alusión a las posiciones y áreas que Israel controla en territorio libanés y que la ONU no reconoce.
La Línea Azul no es una frontera reconocida entre dos Estados soberanos, sino una línea de retirada certificada por Naciones Unidas en el año 2000 para verificar la salida de las tropas israelíes del sur de Líbano. La FINUL, creada en 1978 por la resolución 425 y reforzada en 2006 mediante la resolución 1701 tras la guerra entre Israel y Hezbolá, tiene el mandato de supervisar esa línea e informar de los incidentes. "La FINUL supervisa la Línea Azul e informa de los acontecimientos conforme a su mandato", recordó la misión.
La resolución 1701, aprobada por unanimidad el 11 de agosto de 2006, exige el respeto de la Línea Azul por ambas partes, el despliegue del Ejército libanés y de la FINUL en el sur del país y el desarme de todos los grupos armados no estatales en territorio libanés, en referencia directa a Hezbolá. Casi veinte años después, ninguna de esas condiciones se cumple de forma completa, lo que explica la persistencia de un conflicto de baja intensidad reactivado con fuerza desde octubre de 2023.
La propia misión insistió en que su vigilancia no se dirige únicamente al comportamiento israelí. "Los cascos azules también vigilan e informan sobre las actividades relevantes de actores armados no estatales dentro de la zona de operaciones de la misión", señaló el comunicado, en alusión a Hezbolá y otras milicias presentes en el sur. Esa doble supervisión responde a las críticas que la FINUL ha recibido en los últimos años tanto desde Israel, que la acusa de escasa firmeza frente a Hezbolá, como desde sectores libaneses, que denuncian su incapacidad para frenar las operaciones israelíes.
Pese al cese de hostilidades vigente, las operaciones militares israelíes en territorio libanés no se han interrumpido. En los últimos días se han registrado bombardeos sobre las localidades de Mansuri, en el distrito de Tiro, y Taibé y Hula, en el de Marjayún, que según las primeras informaciones no habrían provocado víctimas. Las fuerzas israelíes también lanzaron una bomba aturdidora contra un equipo de rescate en Dohat Kfar Remán y ejecutaron demoliciones de viviendas en Zautar el Charkiyé, en Nabatiyé, y en Hula y Meis al Yabal.
Entre los episodios reseñados figura el uso de munición de fósforo, un armamento cuyo empleo está vetado por la legislación internacional en determinadas circunstancias. La destrucción de edificios e infraestructuras se ha intensificado en el lado libanés, con excavadoras operando en Haris y Hadaza, en el distrito de Bint Yebeil, y explosiones de drones suicida y ataques de artillería en puntos como Wadi Sluqi. En Meis el Yabal, maquinaria pesada israelí derribó unas aulas escolares improvisadas levantadas con apoyo iraquí para los menores de la zona, y en Jiam se informó del incendio de varias viviendas.
El balance humano más grave se conoció en Dohat Kefarremán, en el distrito de Nabatiyé, donde los equipos de rescate localizaron entre los escombros dos cadáveres sepultados el domingo tras el ataque de un dron israelí. Los fallecidos fueron identificados como Hasán Choker y Ahmad Rumani. Las tareas de desescombro proseguían este lunes en la zona.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, recibió este lunes en Beirut a una delegación de la localidad fronteriza de Dhaira, cuyos habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares por la ofensiva. Salam reiteró que el Gobierno sigue trabajando para lograr la retirada total de las fuerzas israelíes y crear las condiciones para el retorno seguro de la población. "El Estado no va a abandonar a los habitantes de Dhaira ni a otros residentes del sur ante las consecuencias del desplazamiento", declaró el jefe de Gobierno.
El Gobierno israelí no se pronunció públicamente sobre el comunicado de la FINUL. En ocasiones anteriores, Israel ha defendido que su presencia en determinados puntos del sur libanés responde a necesidades de seguridad frente a lo que considera una amenaza persistente de Hezbolá, organización a la que acusa de haber reconstruido capacidades militares en la zona en contravención de la resolución 1701.
El precedente más directo de esta fricción se remonta a la propia guerra de 2006, cuando la aprobación de la resolución 1701 puso fin a 34 días de combates sin resolver de fondo las causas del conflicto, dejando un statu quo frágil que se ha roto en varias ocasiones en las dos décadas siguientes. La escalada iniciada en octubre de 2023, en paralelo a la guerra de Gaza, derivó en la ofensiva israelí más intensa contra Hezbolá desde entonces.
El desenlace de esta nueva fase de tensión dependerá en buena medida de la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el cumplimiento efectivo de la resolución 1701 por todas las partes. La renovación anual del mandato de la FINUL constituye uno de los pocos mecanismos de presión disponibles sobre el terreno, mientras el Gobierno libanés insiste en que la retirada israelí completa es condición previa para la estabilización de la frontera sur y el regreso de los desplazados.
