La diferencia con episodios anteriores residiría en su alcance geográfico y su intensidad. La última ola, entre finales de mayo y mediados de julio de este año, quedó circunscrita a regiones periféricas; la actual golpearía de lleno el corazón político y económico del país. El agente inmobiliario Igor Zakharchenko describió en redes sociales, desde Sochi, la ausencia de gasolina en la ciudad turística de la costa del mar Negro, un testimonio que ilustra el traslado de la escasez a la vida cotidiana.
Las autoridades rusas insisten en que se trata de un repunte estacional del consumo, ligado a la temporada vacacional y a las labores agrícolas de verano. Economistas independientes consultados por Deutsche Welle sostienen, sin embargo, que el origen del problema no es coyuntural sino estructural: la capacidad de refino se habría deteriorado de forma sostenida a raíz de los bombardeos ucranianos contra instalaciones petroleras, concebidos por Kiev para erosionar la retaguardia energética rusa.
La producción de crudo rusa habría caído desde los 11,5 millones de barriles diarios registrados en 2019 hasta menos de 9 millones en la actualidad, según los datos compilados por Reuters, un descenso que equivaldría a una contracción superior al 20% en poco más de un lustro. El país necesitaría cubrir una demanda diaria estimada en 200.000 toneladas entre gasolina y diésel para mantener en marcha su economía, cifra que incluye el abastecimiento de una red ferroviaria de 6.000 kilómetros dependiente del gasóleo.
El economista Nikolai Korzhenevsky, que salió de Rusia por su oposición a la guerra, ha advertido de que la producción podría desplomarse hasta los 8 millones de barriles diarios si el deterioro de las plantas de refino continúa al ritmo actual. En su lectura, ese umbral abriría la puerta a una crisis no solo energética sino sistémica, con derivadas sobre el conjunto de la actividad productiva rusa.
El periodista Oleg Grigorenko, director del medio independiente 7×7, matiza el diagnóstico: no cabría afirmar de forma tajante que Rusia se haya quedado sin combustible, pero sí que la crisis resulta evidente sobre el terreno. "No solo es un problema personal si sales de la ciudad y no sabes si podrás volver; es también un problema económico", declaró Grigorenko a Deutsche Welle, en referencia al impacto que la escasez tiene ya sobre taxistas, mensajeros y el sector de la construcción, cuya logística depende de un suministro constante de gasolina.
La respuesta de las autoridades ante el racionamiento habría consistido en priorizar el abastecimiento de vehículos municipales, sanitarios, policiales y de emergencia. El economista Igor Lipsits, crítico del Kremlin exiliado en Europa, sostiene que ese trato diferenciado genera un fuerte malestar social y lo compara con los últimos años de la Unión Soviética, cuando existían circuitos de distribución privilegiados para la nomenklatura mientras la población afrontaba escasez generalizada. "Había sistemas especiales de suministro para la élite. Eso enfurecía a los rusos. Ahora estamos en una situación similar", señaló Lipsits a Deutsche Welle, en una comparación que remite a la crisis de desabastecimiento que precedió a la disolución de la URSS en diciembre de 1991.
Combustible degradado e importaciones inviables
Korzhenevsky añade otra dimensión: el deterioro de la calidad del combustible disponible. Según relata, recibiría de conocidos en Rusia fotografías de motores dañados por impurezas presentes en la gasolina que actualmente se distribuye, un fenómeno que habría disparado las listas de espera en talleres mecánicos, incluso en Moscú, hasta plazos de varios meses.
Ante este panorama, Rusia habría explorado importar combustible desde India o China, dos de sus principales socios comerciales desde que la Unión Europea y Estados Unidos impusieran sanciones sobre su sector energético a raíz de la invasión de Ucrania. El periodista económico Vyacheslav Shiryaev considera esa vía inviable: garantizar un flujo diario de 200.000 toneladas en un contexto de aislamiento internacional no sería realista, y en su opinión el país avanza hacia una deriva comparable a la de Venezuela.
Venezuela, pese a contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo según la OPEP, sufrió durante la última década escasez crónica de combustible por el deterioro de su infraestructura de refino, agravado por las sanciones estadounidenses reforzadas desde 2019. La comparación de Shiryaev apunta a un riesgo de círculo vicioso: menor capacidad de refino, menor producción efectiva y una dependencia creciente de importaciones costosas de gestionar.
Las consecuencias de una eventual paralización del transporte ferroviario trascenderían el ámbito energético. Sin diésel suficiente, la red de 6.000 kilómetros que vertebra la logística interna podría ver reducida su operatividad, con efectos en cadena sobre cientos de fábricas y empresas que dependen del tren para recibir insumos y distribuir su producción, en un país cuya extensión hace del ferrocarril una infraestructura crítica para la cohesión económica.
El precedente inmediato de esta dinámica es la propia estrategia ucraniana de guerra profunda desplegada en los últimos años: los ataques con drones de largo alcance contra refinerías, depósitos y oleoductos buscan trasladar el coste del conflicto a la economía interna rusa, un enfoque que reproduce, a la inversa, la lógica de los bombardeos rusos sobre la red eléctrica ucraniana durante los inviernos de guerra. En ambos casos, la infraestructura energética se ha convertido en objetivo militar de primer orden.
El Kremlin no ha ofrecido una respuesta pública detallada a las cifras difundidas por analistas independientes ni ha confirmado el alcance real del racionamiento en Moscú, y mantiene la versión del repunte estacional de la demanda. Ese relato contrasta con los testimonios recogidos sobre el terreno y con el análisis de economistas que, en su mayoría, ejercen su actividad desde el exilio.
La evolución de la crisis dependerá de la capacidad ucraniana para sostener su campaña contra las refinerías y de la habilidad rusa para reparar o sustituir la infraestructura dañada, un proceso que los expertos consultados describen como lento y expuesto a nuevos ataques. El pulso se libra en paralelo a las negociaciones internacionales sobre el conflicto y podría condicionar tanto la economía interna como la capacidad de Moscú para sostener el esfuerzo bélico en los próximos meses.
