La denuncia que desencadenó la crisis institucional
La queja fue presentada ante el Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM, por sus siglas en inglés) de la CPI, el órgano creado en 2009 precisamente para investigar conductas indebidas de funcionarios del tribunal sin que la cadena jerárquica ordinaria pueda interferir. La denunciante, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, era letrada contratada para trabajar en expedientes gestionados desde la Fiscalía. Según la información trasladada a los Estados miembros, los hechos habrían ocurrido en el marco de desplazamientos relacionados con investigaciones en curso, aunque la CPI no ha concretado la ubicación geográfica exacta.
Desde que se hizo pública la denuncia, hace más de un año, Khan mantuvo su cargo y continuó ejerciendo funciones —incluida la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra líderes de Hamás, emitidas por la Sala de Cuestiones Preliminares en noviembre de 2024—. La supervivencia del fiscal durante ese período generó una primera oleada de críticas internas: varios juristas vinculados al tribunal argumentaron en declaraciones recogidas por medios especializados como IntLawGrrls y Just Security que la demora en adoptar medidas cautelares comprometía la credibilidad del organismo.
Qué implica la suspensión y cómo se instrumenta
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI adoptado en 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002, regula en su artículo 46 las causas de destitución de los magistrados y del fiscal. Dicho precepto establece que el fiscal puede ser removido del cargo si se acredita que ha incurrido en 'falta grave' o en 'incapacidad para ejercer las funciones requeridas'. La destitución requiere una decisión adoptada por mayoría absoluta de los Estados Parte —actualmente 124 países— en sesión de la Asamblea. La suspensión previa, que es la medida adoptada ahora, no está explícitamente contemplada con ese nombre en el articulado, pero la presidencia del tribunal la ha instrumentado al amparo de sus facultades de administración interna mientras el procedimiento del artículo 46 se sustancia.
La Asamblea de Estados Parte celebra su sesión plenaria ordinaria en diciembre de cada año en Nueva York o en La Haya de forma alternada. Sin embargo, el reglamento interno prevé la convocatoria de sesiones especiales a petición de la mayoría de los miembros o de la Mesa de la Asamblea cuando la urgencia lo justifique. La presidencia de la CPI no ha fijado aún fecha concreta para la votación, pero fuentes diplomáticas citadas por Reuters y AFP señalan que el calendario apunta a antes del verano de 2025.
El precedente: ningún fiscal de la CPI había llegado a este punto
Desde la inauguración formal de la Corte en 2003, ninguno de los tres fiscales que han encabezado la institución —Luis Moreno Ocampo (Argentina, 2003-2012), Fatou Bensouda (Gambia, 2012-2021) y el propio Khan (Reino Unido, desde 2021)— había sido objeto de un procedimiento de destitución. El caso más cercano en el ámbito del derecho penal internacional fue el del juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) Theodor Meron, quien en 2017 afrontó acusaciones de abuso de poder —distintas en naturaleza— que no llegaron a tramitarse formalmente como proceso de remoción. La ausencia de precedentes directos convierte el caso Khan en un test de estrés sin manual de instrucciones para la CPI.
En el plano de la justicia internacional más amplio, sí existe el antecedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde en 2019 el juez azerbaiyano Khanlar Hajiyev fue suspendido tras ser condenado en ausencia por corrupción en su país de origen, aunque el mecanismo y la base jurídica diferían sustancialmente. Lo que comparten ambos episodios es la tensión entre la necesidad de preservar la independencia judicial y la exigencia de que quienes administran justicia estén sujetos a rendición de cuentas.
La posición de las partes y la respuesta de Khan
Karim Khan ha negado en todo momento las acusaciones. En un comunicado distribuido por su equipo legal, el fiscal calificó las alegaciones de 'falsas y motivadas políticamente', y señaló que la investigación interna no ha concluido con ningún hallazgo concluyente de culpabilidad. Su defensa también ha cuestionado la imparcialidad del IOM, insinuando que el proceso se ha acelerado en un contexto de presión política vinculada a las controvertidas órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu.
La denunciante, por su parte, ha contado según informaciones de The Guardian con el respaldo de organizaciones de derechos humanos que exigen un proceso transparente y garantías de no represalia. Varias asociaciones de empleados de la CPI han publicado declaraciones en las que reclaman que el resultado de la investigación interna sea comunicado íntegramente a los Estados Parte antes de la votación, para que esta se base en hechos documentados y no en consideraciones políticas.
Entre los Estados Parte, la reacción ha sido heterogénea. La Unión Europea, que agrupa a 27 de los 124 miembros, no ha emitido una posición coordinada: el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se ha limitado a subrayar 'la importancia de respetar el debido proceso'. Reino Unido, país de origen de Khan, ha guardado silencio institucional. Varios Estados africanos —que representan el bloque más numeroso de la Asamblea, con más de 30 miembros— han trasladado su preocupación por el impacto que una crisis prolongada pudiera tener sobre investigaciones en curso en el continente.
El impacto sobre investigaciones activas
La suspensión de Khan no interrumpe automáticamente las investigaciones abiertas por la Fiscalía. El Estatuto de Roma prevé que el fiscal adjunto asuma las funciones de manera interina. Actualmente, la CPI mantiene investigaciones formales en más de una decena de situaciones, entre ellas las relativas a Ucrania —por las que en marzo de 2023 se emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación ilegal de menores—, Palestina, Myanmar, Sudán y varios países de América Latina y África subsahariana.
La incertidumbre sobre el liderazgo de la Fiscalía llega en un momento especialmente delicado: las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, emitidas en noviembre de 2024, han colocado a la CPI en el centro de una tormenta geopolítica en la que Estados Unidos —que no es Estado Parte— ha respondido con sanciones directas contra el propio Khan. Washington anunció esas medidas restrictivas en febrero de 2025 mediante una orden ejecutiva de la administración Trump, alegando que las órdenes de arresto constituían un ataque ilegítimo contra un aliado. La confluencia de la crisis interna con la presión externa dibuja un escenario de vulnerabilidad institucional sin parangón desde la fundación del tribunal.
Qué sucede a partir de ahora y en qué plazos
El procedimiento formal exige, antes de la votación de la Asamblea, que se garantice al fiscal la posibilidad de ser escuchado, tal y como establece el artículo 46.2 del Estatuto de Roma. Este trámite no tiene plazo tasado, lo que otorga cierto margen de maniobra —y también de incertidumbre— sobre cuándo quedará el expediente en condiciones de ser sometido a los Estados Parte.
Si la Asamblea vota la destitución por mayoría absoluta, Khan deberá abandonar el cargo de inmediato. A continuación, se abriría un proceso de elección de nuevo fiscal mediante votación secreta en la Asamblea, proceso que históricamente ha llevado varios meses de negociaciones y presentación de candidaturas. Si, por el contrario, la Asamblea rechaza la destitución o no alcanza la mayoría requerida, Khan podría en teoría reincorporarse a sus funciones, aunque la viabilidad política de ese escenario es considerada muy improbable por los analistas consultados por distintos medios internacionales.
La CPI afronta así una encrucijada que trasciende la figura individual de su fiscal: lo que está en juego es la capacidad del primer tribunal penal internacional permanente de la historia para gestionar sus propias crisis de gobernanza con la misma exigencia de transparencia y rendición de cuentas que aplica a los Estados y los individuos que juzga.
