La denuncia que desencadenó la crisis
La secuencia comenzó en abril de 2024, cuando una letrada que prestaba servicios en el entorno profesional inmediato de Khan formalizó una queja interna ante los mecanismos de supervisión de la propia institución. Según la información disponible, la abogada describió conductas sexuales no consentidas atribuidas al fiscal. La denuncia fue trasladada posteriormente al Consejo de Supervisión Independiente (Independent Oversight Mechanism, IOM), órgano establecido por la Asamblea de Estados Parte en virtud de la Resolución ICC-ASP/8/Res.1 para investigar irregularidades en la gestión de la Corte.
La denuncia no fue el único elemento que tensó la institución a lo largo de 2024. Antes de que trascendiera públicamente, varios funcionarios de la Fiscalía habían planteado reservas informales sobre el clima interno de trabajo. Sin embargo, fue la denuncia específica de la abogada la que activó el protocolo formal y, a la postre, la que condujo a la Asamblea a tomar la decisión más drástica de su historia reciente.
El procedimiento de suspensión: qué dice el Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI adoptado en 1998 y en vigor desde 2002, regula en su artículo 46 las causas de remoción y suspensión del fiscal. Conforme a ese precepto, la Asamblea de Estados Parte puede suspender cautelarmente al fiscal cuando existan motivos fundados para creer que ha incurrido en una falta grave o en un incumplimiento de los deberes que le impone el Estatuto. La suspensión no equivale a una condena ni prejuzga el resultado final del proceso disciplinario; es, en términos procesales, una medida de aseguramiento institucional.
El procedimiento contempla que, una vez adoptada la suspensión, la investigación continúa a cargo de un panel independiente designado por la Asamblea. Khan tiene derecho a ser oído y a presentar descargos. Si el panel concluye que existen méritos suficientes, la Asamblea puede proceder a la destitución definitiva, decisión que requiere mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes. En caso contrario, el fiscal podría ser reinstaurado.
Un precedente sin parangón en la historia de la CPI
La CPI fue creada por el Estatuto de Roma con el mandato de juzgar crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra cuando los Estados no puedan o no quieran hacerlo. Desde su puesta en marcha en 2002, la institución ha procesado a figuras como el expresidente sudanés Omar al-Bashir o al exlíder de las milicias congoleñas Thomas Lubanga, y emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos.
Ninguno de los tres fiscales que han ocupado el cargo —Luis Moreno Ocampo (2003-2012), Fatou Bensouda (2012-2021) y el propio Khan (desde 2021)— había sido objeto de una suspensión. Moreno Ocampo afrontó críticas por su gestión, y en 2017 emergieron denuncias de acoso que él negó, pero nunca se articuló un procedimiento formal ante la Asamblea. La suspensión de Khan constituye, por tanto, un hito sin precedente directo en la vida de la institución.
El perfil de Khan y el momento político de la suspensión
Karim Khan, abogado británico nacido en 1970, llegó a la Fiscalía con una trayectoria reconocida en el derecho penal internacional: había representado tanto a víctimas como a acusados ante tribunales internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Su elección en 2021 fue celebrada como un relevo generacional tras los mandatos de Moreno Ocampo y Bensouda. No obstante, su gestión generó fricciones desde fecha temprana, entre ellas las tensiones con algunos Estados por la velocidad y el alcance de ciertas investigaciones.
La suspensión llega en un momento de máxima exposición política para la CPI. Tras la emisión, en mayo de 2024, de solicitudes de orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant —por presuntos crímenes en Gaza—, así como contra líderes de Hamás, la institución quedó en el centro de una batalla diplomática. Estados Unidos, que no es Estado Parte, reaccionó con sanciones contra funcionarios de la Corte. Que el fiscal que firmó esas solicitudes sea ahora apartado por razones disciplinarias añade una capa de complejidad política difícilmente separable del debate jurídico.
La posición de las partes y las reacciones institucionales
Khan ha negado las acusaciones. A través de su equipo legal, el fiscal ha calificado la denuncia de infundada y ha señalado que el procedimiento debe seguir su curso sin condicionamientos externos. Sus representantes han advertido del riesgo de que la suspensión sea instrumentalizada por actores que, a su juicio, tienen interés en paralizar las investigaciones en curso, en particular las relativas al conflicto en Gaza y a la guerra en Ucrania.
La denunciante, cuya identidad no ha sido hecha pública para preservar su protección, ha contado con el respaldo de organizaciones de defensa de derechos humanos que trabajan habitualmente con la CPI. Varias de ellas han subrayado que la credibilidad de una institución dedicada a perseguir los crímenes más graves del mundo depende de que sus propios estándares de conducta sean irreprochables. La Asamblea de Estados Parte, por su parte, ha insistido en que la decisión de suspender a Khan fue adoptada siguiendo estrictamente el protocolo estatutario y no responde a ninguna agenda política.
Investigaciones en curso y riesgo de parálisis operativa
La suspensión de Khan plantea interrogantes inmediatos sobre la continuidad operativa de la Fiscalía. En este momento, la oficina gestiona investigaciones activas en más de una docena de situaciones —entre ellas Ucrania, Gaza, Afganistán, Myanmar y la República Democrática del Congo— además de varios juicios en fase oral. La Fiscalía tiene una estructura jerárquica que prevé fiscales adjuntos capaces de asumir la conducción de los procedimientos durante una ausencia del titular, pero la interinidad prolonga la incertidumbre en casos de enorme sensibilidad geopolítica.
El caso de Ucrania es especialmente delicado: la orden de arresto contra Putin, en vigor desde marzo de 2023, fue uno de los primeros hitos del mandato de Khan. Cualquier ralentización en esa investigación sería interpretada, en los capitales europeos, como un retroceso en la respuesta internacional a la guerra. Del mismo modo, el proceso sobre Gaza —con la sala de cuestiones preliminares aún deliberando sobre las solicitudes de arresto— se encuentra en una fase crítica que difícilmente puede permitirse una dirección inestable.
Plazos y próximos pasos del procedimiento disciplinario
El Estatuto de Roma no fija un plazo máximo para la conclusión del proceso disciplinario, lo que puede prolongar la situación de interinidad durante meses. El panel independiente que debe instruir el expediente tiene que presentar sus conclusiones a la Asamblea antes de que esta pueda votar sobre la continuidad o la destitución definitiva de Khan. La próxima sesión plenaria ordinaria de la Asamblea de Estados Parte está prevista para diciembre de 2025, aunque nada impide convocar una sesión extraordinaria si el panel concluye su trabajo antes.
Si Khan fuera finalmente destituido, la Asamblea debería elegir a un nuevo fiscal mediante un proceso de selección que, históricamente, ha requerido varios meses de negociación entre grupos regionales. El mandato del fiscal jefe es de nueve años no renovables, lo que elimina incentivos electorales pero también reduce los márgenes para presionar a un titular con plena legitimidad de origen. La combinación de un procedimiento largo, una institución bajo escrutinio político intenso y unas investigaciones de primera línea global dibuja el escenario más complejo que ha vivido la CPI desde su fundación.
