El diagnóstico no procede de la macroeconomía sino de un profesional del urbanismo y los avalúos, que sostiene que el debate económico panameño lleva décadas concentrado en la variable equivocada. La discusión pública, según el texto, se repite en cada ciclo: ante una desaceleración, la respuesta es reactivar la construcción y la obra pública; cuando el crecimiento regresa sin que el bienestar se perciba en los hogares, se discuten por separado los salarios, la inflación o la desigualdad, como piezas sueltas de un mismo sistema. La pregunta relevante, plantea, no es cómo crecer ni cómo redistribuir, sino cómo un país transforma la riqueza que produce en bienestar efectivo.
La tesis central es que la calidad del desarrollo depende menos de la velocidad con que se genera riqueza que de la solidez de los mecanismos que la transmiten a la población. Panamá, según el planteamiento, es un caso nítido de esa desconexión: su economía de servicios produce niveles elevados de valor agregado con una absorción de mano de obra comparativamente baja. Cuando cerca de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad —afirma el análisis—, el fenómeno no debe leerse como un fallo de supervisión, sino como un dato estructural, porque los sectores más dinámicos carecen de vasos comunicantes para absorber la mano de obra disponible. En la práctica panameña, crear riqueza y crear empleo formal dejaron de ser procesos equivalentes.
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) mide la informalidad a través de la Encuesta de Mercado Laboral, un indicador que históricamente se ha ubicado en niveles próximos a los que refiere el análisis, con variaciones según el corregimiento y el sector. La brecha entre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la percepción de bienestar no es exclusiva de Panamá, pero adquiere un relieve particular en una economía cuya locomotora de servicios mantiene una integración limitada con el resto del aparato productivo nacional.
El mercado inmobiliario como radiografía
El informe 2026 de 4S Real Estate, citado en el análisis, ofrece la evidencia más concreta de la tesis. La venta de vivienda nueva cayó cerca de 40% entre 2024 y 2025, un desplome atribuido en un primer momento a factores coyunturales: la eliminación del bono solidario y la suspensión del programa de interés preferencial, dos instrumentos que durante años permitieron a familias de ingresos medios y bajos acceder a financiamiento hipotecario en condiciones favorables. El interés preferencial es un subsidio estatal que reduce la tasa que paga el comprador en los primeros años del préstamo, y su vigencia depende de las asignaciones que contempla cada Presupuesto General del Estado.
El texto sostiene, sin embargo, que ese detonante coyuntural dejó al descubierto un problema de fondo: el acceso a la vivienda propia no se apoyaba en el crecimiento real de los salarios, sino en lo que describe como «un respirador fiscal». Cuando el Estado redujo ese subsidio, el sistema excluyó de forma automática a buena parte de la masa laboral que dependía de esas condiciones para calificar a un crédito hipotecario.
Los mismos datos citados muestran una bifurcación creciente en el propio mercado. Más del 45% de la demanda de vivienda nueva provendría de compradores extranjeros, mientras el metro cuadrado en el Casco Antiguo supera los $4,600, según la fuente. En paralelo, el endurecimiento del crédito y el alza de los alquileres estarían erosionando la capacidad de compra de las familias panameñas de ingresos medios, cada vez más desplazadas de un mercado orientado a capital externo. El análisis suma una advertencia desde la práctica de los avalúos: un subsidio a la vivienda que no venga acompañado de control sobre la especulación del suelo termina capitalizándose en el precio de la tierra, de modo que el beneficio no llega al comprador final sino al propietario del terreno.
Ese planteamiento coloca al urbanismo como herramienta de política económica y no solo como disciplina de planificación. La estructura de una ciudad, según el texto, predetermina buena parte de los costos que enfrenta cada hogar: una ciudad dispersa y sin planificación funciona como un impuesto invisible que drena el ingreso familiar en combustible, tarifas de transporte y horas perdidas en la congestión, un fenómeno que reconoce cualquier residente del área metropolitana con desplazamientos prolongados hacia corregimientos periféricos. Por contraste, una ciudad compacta, con mixtura de usos y densificación en torno al transporte masivo, devolvería ingreso residual al ciudadano sin presionar los costos operativos de las empresas.
Ese concepto de «ingreso residual» —lo que queda del salario tras cubrir vivienda, deuda, transporte, electricidad, educación y salud, más los bienes públicos que no hace falta comprar, como seguridad, transporte y espacio urbano— es, para el análisis, el verdadero indicador del bienestar percibido, uno que el PIB, por diseño, no captura. Frente a la dicotomía entre mayor intervención estatal o mayor liberalización de mercado, el texto propone la «recirculación del capital»: reglas para que los excedentes de los sectores de vanguardia —Canal, logística y finanzas— financien la modernización de sectores con mayor capacidad de generar empleo, como la agroindustria de valor agregado, el turismo especializado y las industrias culturales, antes incluso de pasar por las arcas del Estado.
Esa propuesta exigiría un puente financiero que hoy no existe en la magnitud necesaria: un mercado de capitales local más profundo y una banca de desarrollo de segundo piso capaz de canalizar recursos hacia actividades que no atraen inversión al ritmo del centro financiero o los puertos. El texto no detalla un mecanismo legal específico ni identifica un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, por lo que se mantiene en el terreno del diagnóstico conceptual, sin que conste postura oficial del Órgano Ejecutivo ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al respecto.
El vínculo entre modelo de servicios y desconexión con el empleo no es nuevo en la discusión panameña. Desde la reversión del Canal en 1999 y su posterior ampliación, inaugurada en 2016, el país ha sostenido tasas de crecimiento entre las más altas de América Latina, mientras la informalidad y la desigualdad han figurado de forma recurrente en el debate público como asignaturas pendientes que ese dinamismo no resolvió por sí solo.
El próximo contraste con los datos oficiales llegará con las publicaciones del INEC sobre mercado laboral y con las cifras de ejecución de los programas de vivienda que se discutan en las vistas presupuestarias del Presupuesto General del Estado. Cualquier reactivación del interés preferencial o rediseño del subsidio habitacional requeriría asignación en ese presupuesto y su posterior trámite en la Asamblea Nacional, lo que sitúa la eventual respuesta de política pública en el calendario legislativo de los próximos meses.