La pesquisa está impulsada por el presidente del comité, el republicano Jason Smith, y se enmarca en una investigación más amplia sobre la financiación de Singham a organizaciones activistas en Estados Unidos que, según las conclusiones preliminares, se extendería también al Reino Unido. «La investigación del comité deja claro que el dinero y la influencia de Singham no se detienen en las fronteras de Estados Unidos», afirmó Smith, quien sostuvo que esa financiación respaldaría «causas favorables a Hamás y al comunismo» a ambos lados del Atlántico. Una fuente del Congreso confirmó a The Telegraph que la supuesta financiación china de organizaciones izquierdistas británicas forma parte de las pesquisas, cuyo objetivo es determinar si el dinero se destinó a campañas orientadas a profundizar las divisiones internas de las democracias occidentales.
Code Pink fue fundada por la activista estadounidense Jodie Evans, esposa de Singham. Con los años ha ampliado su radio de acción al Reino Unido, donde ha alentado la participación en las marchas propalestinas que desde el estallido del conflicto en Gaza, en octubre de 2023, se han sucedido en Londres y otras ciudades británicas, y ha convocado concentraciones ante el Ministerio de Defensa. Entre las acciones atribuidas al grupo figuran protestas junto a la base de la Real Fuerza Aérea de Akrotiri, en Chipre, empleada por el Reino Unido para vuelos de vigilancia sobre la Franja de Gaza.
La organización, que se presenta como movimiento feminista contrario a la guerra y al «imperialismo», ha reclamado además la disolución de la OTAN y el cierre de las bases militares británicas en el extranjero. En una de sus declaraciones llegó a sostener que los dirigentes británicos habían sido «comprados por el sionismo», una afirmación que no ha sido respaldada por ninguna instancia oficial. Un comité del Congreso norteamericano sostiene que la organización parece haber sido «financiada e influida» por Singham y por el Gobierno comunista chino.
Según la documentación contable examinada por los investigadores, una empresa británica vinculada al grupo habría recibido más de 250.000 dólares —unas 190.000 libras al cambio de entonces— en 2020 y 2021 de organizaciones que, de acuerdo con la pesquisa, formarían parte de la red asociada a Singham. En 2024, la misma sociedad habría obtenido otros 94.950 dólares —cerca de 70.000 libras— de la People's Support Foundation en concepto de «servicios de consultoría».
Un giro discursivo sobre China
Las posiciones públicas de Code Pink respecto a Pekín han cambiado de forma notable en la última década. En 2015, Evans criticó lo que calificó de «brutal represión» del régimen chino contra defensoras de los derechos humanos. En la actualidad, la organización impulsa una campaña titulada «China no es nuestro enemigo», en la que acusa a Estados Unidos de empujar al mundo hacia una confrontación peligrosa con el gigante asiático. Los investigadores estadounidenses interpretan ese viraje como un posible indicio de influencia externa sobre la agenda del grupo.
Singham, empresario tecnológico afincado parte del tiempo en Shanghái, mantiene según la documentación citada por el comité una oficina compartida con una entidad vinculada al Estado chino cuya misión declarada es divulgar entre audiencias extranjeras «los milagros que China ha creado en el escenario mundial». En 2023 participó en un encuentro del Partido Comunista Chino dedicado a la proyección internacional del relato oficial de Pekín, un dato que los legisladores republicanos esgrimen para sustentar sus sospechas sobre la naturaleza de su red de financiación.
Ni las autoridades de Pekín ni Code Pink o representantes de Singham han remitido, por el momento, una respuesta pública sobre el contenido concreto de la investigación. El derecho de réplica de los implicados queda así pendiente de que se formalicen conclusiones o cargos, algo que no consta que haya ocurrido hasta la fecha.
La investigación se inscribe en un marco normativo estadounidense que incluye la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1938, que obliga a declarar ante el Departamento de Justicia cualquier actividad realizada en nombre de un gobierno o entidad extranjera con fines de influencia política. Los comités del Congreso pueden citar documentación financiera y solicitar comparecencias, aunque sus conclusiones no tienen carácter judicial y suelen derivar, en su caso, en referencias al Departamento de Justicia o a agencias de inteligencia.
El precedente más citado en Washington para este tipo de pesquisas es la injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense de 2016, investigada por comités del Congreso y por el fiscal especial Robert Mueller, cuyo informe de 2019 documentó una operación de desinformación en redes sociales dirigida desde San Petersburgo. Aquel caso consolidó en Estados Unidos un marco de escrutinio sobre la financiación extranjera de movimientos sociales y políticos que ahora se proyecta, según esta investigación, al ámbito británico.
En el Reino Unido, el Gobierno no ha confirmado la apertura de una investigación paralela sobre los pagos señalados por el comité estadounidense. El asunto se produce, no obstante, en un momento de creciente escrutinio sobre la relación británica con Pekín, ilustrado por el debate en torno a la construcción de una nueva y ampliada embajada china en Londres, autorizada por el Ejecutivo británico pese a las objeciones de sectores de seguridad nacional que advierten sobre su potencial uso para actividades de vigilancia.
La pesquisa del comité continúa abierta y no se ha fijado, hasta el momento, una fecha para la publicación de conclusiones definitivas ni para eventuales comparecencias de los implicados. De confirmarse los extremos investigados, el caso podría tener repercusiones tanto en la legislación estadounidense sobre financiación extranjera como en el escrutinio británico sobre organizaciones activistas financiadas desde el exterior, un debate que previsiblemente se prolongará en ambas capitales en los próximos meses.
