El anuncio se difundió a través de un mensaje del Departamento de Estado en redes sociales. «Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto», señaló el organismo, que añadió estar «dispuesto» a «apoyar al presidente» De la Espriella y a su Gobierno mientras se completan las valoraciones sobre el terreno. Washington vinculó el volumen final de la ayuda al avance de los informes de las agencias desplegadas.
El seísmo se registró este lunes con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, un municipio del Chocó, departamento fronterizo con Panamá y bañado por el Pacífico, una de las zonas con menor densidad de infraestructuras del país. La región se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, franja de alta actividad sísmica y volcánica que recorre buena parte del litoral americano y que ha sido escenario de algunos de los terremotos más letales de la historia reciente del continente.
Según el último balance ofrecido por el propio De la Espriella, el terremoto se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, una cifra que las autoridades colombianas han advertido que podría variar en las próximas horas a medida que avancen las labores de rescate en zonas de difícil acceso del Chocó. El Gobierno no ha precisado todavía el balance total de daños materiales ni el número de desplazados o damnificados, datos que ha anunciado que se irán actualizando conforme progresen los equipos de evaluación.
Un marco legal que abre la puerta a la ayuda exterior
La declaración de «desastre nacional» habilita, conforme a la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres —aprobada tras la ola invernal asociada al fenómeno de La Niña de 2010 y 2011—, la movilización extraordinaria de recursos públicos, la agilización de contrataciones de emergencia y la posibilidad de solicitar formalmente cooperación internacional, como ha ocurrido con la oferta estadounidense. La ayuda ante catástrofes naturales suele canalizarse a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado, integrada tras la reestructuración de la antigua Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID).
De la Espriella tomó posesión de la presidencia el pasado 7 de agosto en Cali, en una investidura que rompió con la tradición de celebrar el acto en Bogotá. Apenas tres días después de iniciar su mandato, el nuevo Ejecutivo afronta una de las mayores catástrofes naturales del país en las últimas décadas, un examen de gestión de crisis en el arranque mismo de su legislatura.
La respuesta estadounidense se inscribe en la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá, uno de los socios históricos de EEUU en la región andina desde la firma del Plan Colombia en 1999, orientado inicialmente a la lucha antidrogas y que con los años incorporó también programas de asistencia humanitaria y desarrollo.
No es la primera vez que Washington activa fondos de emergencia tras un seísmo en la zona. En 2010, tras el terremoto de magnitud 7,0 que devastó Haití y causó más de 200.000 muertos según las estimaciones oficiales haitianas, Estados Unidos desplegó una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria de su historia reciente en el hemisferio. El movimiento del Chocó, pese a su magnitud superior, ha afectado a una zona menos poblada, factor que según los primeros análisis explicaría, de manera provisional, un número de víctimas inferior al de aquella tragedia.
La comunidad internacional ha comenzado a movilizarse en paralelo al anuncio estadounidense, si bien hasta el momento no se han confirmado montos concretos de otros países u organismos multilaterales, más allá de mensajes de solidaridad. Organizaciones como la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) suelen activar protocolos de evaluación conjunta en catástrofes de esta magnitud, en coordinación con las autoridades nacionales.
El Servicio Geológico Colombiano y otras entidades sismológicas de la región vigilan posibles réplicas, un fenómeno habitual tras seísmos de gran magnitud. Las autoridades de protección civil han pedido a la población que lo tenga en cuenta antes de regresar a viviendas con daños estructurales visibles.
En los próximos días, la dimensión real de la ayuda internacional y la capacidad de respuesta del nuevo Gobierno se pondrán a prueba con la llegada de los primeros equipos de evaluación, la actualización del balance oficial de víctimas y la definición de un plan de reconstrucción para las zonas más afectadas del Chocó, un proceso que las autoridades han indicado que se extenderá durante semanas.
