El litigio se compone de dos procesos distintos iniciados por Drummond años atrás. El primero, por actos de difamación, se dirigió contra Collingsworth y la ONG IRAdvocates. El segundo, por violación de la Ley RICO —la normativa estadounidense contra el crimen organizado—, sumó como demandados al abogado colombiano Iván Otero y al ciudadano holandés Albert van Bilderbeek. Collingsworth había demandado previamente a Drummond por supuestamente financiar a grupos paramilitares y solicitar la muerte de ciudadanos colombianos.
El proceso contra Collingsworth y IRAdvocates cuenta con sentencia de primera instancia, actualmente en apelación. La decisión contra Otero y Van Bilderbeek, en cambio, ya quedó en firme. En ambos casos el jurado encontró responsabilidad por difamar el buen nombre de Drummond y por manipular a testigos exparamilitares que declararon contra la compañía en Colombia.
Según el relato de Cadavid, Proctor documentó en su fallo que los exparamilitares cambiaron sus versiones tras recibir pagos, y que Collingsworth mintió reiteradamente ante la corte al negar primero esos pagos y reconocerlos después, alegando que buscaban proteger la seguridad de los testigos. El magistrado concluyó que el dinero no tuvo ese propósito, sino que precedió directamente al cambio de testimonio.
Sanciones que le impiden ejercer en el estado
Las consecuencias para Collingsworth trascienden lo económico. El juez le prohibió litigar o ejercer como abogado en ese estado y ordenó notificar la decisión a otras jurisdicciones donde pudiera intentar seguir trabajando. También le exigió reportar en qué países utilizó los testimonios cuestionados, para que las autoridades de esos lugares conozcan el fallo. Proctor dispuso además compulsar copias al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se investiguen posibles delitos, dado que las conductas probadas tienen relevancia penal y no solo civil.
Por el proceso de difamación, Collingsworth deberá pagar 52 millones de dólares más intereses y costas. Por la violación de la Ley RICO, el jurado fijó perjuicios en 68 millones de dólares, cifra que la ley estadounidense obliga a triplicar, por lo que la condena supera los 250 millones de dólares. Como ocurre también en el sistema colombiano, la obligación es solidaria: Drummond puede exigir el pago total a cualquiera de los condenados.
Cadavid detalló que el material probatorio incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de texto entre los abogados en Estados Unidos, sus contrapartes en Colombia y personas privadas de la libertad bajo el proceso de Justicia y Paz, entre ellas exparamilitares como Jaime Blanco y Jesús Charris. Esos registros mostrarían gestiones de cárcel en cárcel para conseguir declaraciones contra Drummond y sus directivos, incluso de reclusos que inicialmente afirmaron no tener nada que contar sobre la empresa.
"Iván Otero llegó a la Modelo y nos citó a una reunión (…) y nos dijo que le sirviéramos de testigo en contra de la Drummond, ya que había una plata para que nosotros declaráramos en contra de la Drummond (…) Le dije al señor Iván Otero que yo no me podía poner a echar mentiras", declaró un exparamilitar en una declaración jurada rendida ante la Fiscalía en 2018.
El testimonio coincide con versiones que ese mismo exparamilitar sostenía desde 2011, cuando precisó que en la reunión con Otero se ofreció 1 millón de dólares a cambio de declarar contra la compañía. El caso se suma a otras piezas judiciales recientes en el país, como el proceso en el que fue imputado Miguel Quintero por el presunto entramado Amva-Metroparques, en torno a señalamientos de manipulación probatoria.
