La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC concluyó en su informe —publicado por el medio digital Punto de Vista RDB— que las entidades e individuos investigados estructuraron y ejecutaron un esquema orientado a limitar la libre competencia económica en la contratación de bienes y servicios para el Parque de Las Aguas, uno de los principales atractivos administrados por el AMVA en el Valle de Aburrá.
El contraste está en el propio expediente: entre 2016 y 2019 el AMVA administró de forma directa el parque y adelantó 58 procesos de selección bajo modalidades competitivas. Ese esquema cambió en junio de 2020, cuando Metroparques modificó formalmente su objeto social para incluir actividades de mantenimiento de infraestructura, un movimiento que la SIC calificó de sospechoso por su cercanía temporal con los contratos que vendrían después.
Contratos 288 y 961 de 2021 por $15.700 millones
El 10 de febrero de 2021, con el AMVA bajo la dirección de Juan David Palacio, se firmó el Contrato Interadministrativo No. 288 de 2021 por más de $7.700 millones con Metroparques para labores que antes ejecutaba directamente el Área Metropolitana. Meses después se repitió el esquema con el contrato 961 de 2021, por otros casi $8.000 millones.
Según la SIC, Metroparques no ejecutó ninguna de las actividades contratadas: delegó los trabajos a terceros que terminaron comprometiéndose a realizarlos, mientras la empresa cobraba una comisión del 8% por administración de recursos. Esa comisión se totalizó en $1.368 millones, la cifra que la Delegatura señala como detrimento del erario, pues Metroparques funcionó, según el documento, como una simple intermediaria que subcontrató el 100% de los requerimientos.
La investigación identificó dos conductas centrales en el entramado: el abuso de la figura del contrato interadministrativo para evadir los procesos de selección competitivos que exige la ley, y el direccionamiento de por lo menos ocho invitaciones privadas hacia contratistas que, según el informe, carecían de la idoneidad técnica, operativa y financiera requerida.
Entre los casos citados figura la invitación privada No. 20211300932-46362, en la que Constru Americana recibió de Metroparques una adjudicación por $180 millones para el cerramiento perimetral, pero subcontrató esa misma labor con otra empresa por $135 millones. La diferencia de $61 millones constituyó, según la Delegatura, un sobrecosto que se sumó a la comisión ya cobrada por Metroparques.
La SIC también señaló a la Comercializadora JPino, beneficiada con el direccionamiento de tres invitaciones privadas, y a 1Soluciones S.A.S., una empresa de reciente constitución que, según el informe, carecía de idoneidad técnica y financiera pese a resultar favorecida con otras tres invitaciones. A Constru Americana la vinculó por dos invitaciones adicionales en las que recurrió a subcontratar las obras.
El AMVA figura entre los principales responsables del descalabro, de acuerdo con la SIC, por haber justificado como entidad contratante la contratación directa con Metroparques mediante los contratos interadministrativos, pese a que esta carecía de capacidad técnica y operativa. La entidad de control también acusó a Álvaro Alonso Villada García, subdirector de gestión administrativa y financiera del AMVA para la época.
Cronología: pliego de cargos en marzo de 2026
La apertura formal de la investigación y la formulación del pliego de cargos se produjeron el 9 de marzo de 2026. El proceso incluyó una práctica de pruebas en mayo y una audiencia de alegatos finales en agosto, que derivó en el informe conocido esta semana, en el que la Delegatura recomendó sancionar a quienes, según el documento, colaboraron, facilitaron, ejecutaron o hicieron la vista gorda ante las conductas.
La imputación de este jueves se enmarca en la Ley 906 de 2004 y abre la etapa en la que la Fiscalía General de la Nación debe sustentar ante un juez de control de garantías los elementos materiales probatorios que respaldan los cargos. La medida no equivale a una declaración de culpabilidad: Quintero conserva la presunción de inocencia hasta que, si el proceso avanza, un juzgado penal del circuito dicte sentencia.
La imputación se produce en paralelo a otros procesos que salpican a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero. En días recientes se conoció una nueva investigación contra un exgerente de la EDU por contratos relacionados con Carabobo Norte, mientras el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha señalado presuntos vínculos de otro exfuncionario con Ecopetrol.
El caso se inscribe en una ola de revisión de la contratación heredada de administraciones distritales que atraviesa a varias entidades del Estado, en la línea de lo denunciado sobre el número de asesores de una exdirectora del Icbf. El desfalco por contratación irregular no es nuevo en la administración pública colombiana: el caso Agro Ingreso Seguro, destapado en 2009, y el escándalo de la corrupción en Reficar, cuantificado por la Contraloría en más de US$4.000 millones, marcaron el uso indebido de figuras contractuales para eludir la competencia.
Con el informe de la Delegatura sobre la mesa, la SIC recomendó sanciones para todos los implicados y trasladó el detalle del esquema a las autoridades. El monto en disputa sigue siendo el mismo que fijó el documento del 2 de septiembre: $1.368 millones que, según la entidad, salieron del erario sin que Metroparques ejecutara una sola obra material.
