El resultado reproduce en buena medida la aritmética que sostiene la legislatura desde la investidura de Pedro Sánchez, con el añadido de que Junts, formación que en otras votaciones recientes se ha distanciado del Ejecutivo, optó esta vez por sumarse al bloque para permitir la tramitación. Solo UPN y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, hoy integrado en el Grupo Mixto, acompañaron los votos del PP y Vox contra el proyecto. El texto contempla la condonación de deuda de las administraciones regionales que se acojan voluntariamente a ella y necesitará superar aún el trámite de enmiendas parciales antes de su aprobación definitiva.
El portavoz de Hacienda del PP, Juan Bravo, situó el origen de la norma en los pactos de investidura de Sánchez con ERC y reclamó una reforma «consensuada» del sistema de financiación autonómica que no dependa, dijo, de negociaciones bilaterales con Cataluña, una que «solo se la compra Cataluña». «Ni condonan, ni ayudan, ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles», afirmó Bravo, que sostuvo que a esa operación mucha gente la llama «corrupción política».
Desde Vox, el portavoz Pablo Sáez insistió en que la deuda no desaparece, sino que «cambia de bolsillo», y advirtió de que el mensaje que envía la ley es «devastador»: que «no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto». Ambas formaciones argumentaron que el proyecto mutualiza la deuda en lugar de condonarla, favoreciendo así a las comunidades más endeudadas sin exigir a cambio disciplina fiscal.
El PSOE respondió a través de su diputado Alejandro Soler, quien acusó al PP de buscar «excusas» y aventuró que sus gobiernos autonómicos «hacen palmas» pensando en la condonación de su propia deuda, hasta el punto de que —sostuvo— la formación de Alberto Núñez Feijóo querría en realidad que fuera el Gobierno quien les obligara a aceptarla. Por Sumar, Carlos Martín anunció que su grupo se propone «mejorar» el proyecto durante la tramitación introduciendo un límite temporal en el que las comunidades acogidas a la quita no puedan aplicar rebajas de impuestos, una condición dirigida a evitar que el alivio derive en menor recaudación autonómica.
La bancada independentista catalana defendió el proyecto con matices distintos. La diputada de ERC Teresa Jordà negó que la condonación sea un «privilegio» para Cataluña, argumentando que la comunidad «sale ganando», pero también «beneficia a todos los territorios». Junts, a través de su diputado Josep Maria Cruset, confirmó que facilitará la tramitación, aunque avisó de que su objetivo último es lograr la condonación de la totalidad de la deuda catalana, no solo la parte que contempla el texto actual.
Otras formaciones del Grupo Mixto fijaron posiciones dispares. Podemos reclamó que los fondos liberados se destinen a reforzar los servicios públicos y no a rebajar impuestos a las rentas más altas. El BNG atribuyó el origen de la deuda a la «mala gestión» del PP; Coalición Canaria consideró que la fórmula elegida «no es justa» para su territorio; y la diputada de Compromís Águeda Micó defendió la norma como una oportunidad de «hacer justicia con la Comunidad Valenciana», una de las autonomías más endeudadas por habitante según los datos del Banco de España.
El marco: financiación pendiente de reforma y el precedente del FLA
El trasfondo remite al sistema de financiación autonómica vigente desde 2009, que las propias comunidades —de distinto signo político— consideran obsoleto y cuya revisión sucesivos gobiernos han aplazado. La deuda pública de las comunidades de régimen común se sitúa en niveles récord tras la sucesión de crisis de la última década, buena parte de ella acumulada a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo creado en 2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para dar liquidez a las regiones que habían perdido acceso a los mercados durante la crisis de deuda soberana. Aquel instrumento condicionó los préstamos a planes de ajuste fiscal, un antecedente que el PP invoca ahora para reclamar contrapartidas similares que el proyecto del Gobierno no contempla de forma explícita.
El Ministerio de Hacienda ha defendido en sede parlamentaria que la operación no constituye un «agravio» para las comunidades que no se acojan a ella, en referencia a las gestionadas por el PP, y ha instado a los grupos a no bloquear una medida que, según el Ejecutivo, liberaría recursos autonómicos para inversión y gasto social. Arcadi España había pedido a PP y Vox que no obstaculizaran la tramitación en los días previos a la votación.
El calendario que sigue ahora la norma contempla su paso por la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se debatirán las enmiendas parciales, entre ellas la anunciada por Sumar sobre el límite a las rebajas fiscales. De superar ese trámite, el proyecto deberá votarse de nuevo en el pleno antes de remitirse al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría introducir modificaciones o un veto que obligarían a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Baja.
La tramitación se produce en paralelo al debate sobre la senda de estabilidad presupuestaria, que PP, Vox y Junts han rechazado en votaciones anteriores de esta legislatura, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ambos procesos, aunque formalmente independientes, están entrelazados en la negociación entre el Gobierno y sus socios, cuya aritmética volverá a ponerse a prueba en las próximas votaciones sobre financiación autonómica y cuentas públicas.
