La nueva propuesta modifica el preámbulo del texto original, rechazado en el pleno del Congreso en septiembre de 2025 con los votos en contra de Podemos, PP, Vox, UPN y al menos un diputado de Sumar que se desmarcó del criterio mayoritario de su grupo. Aquel primer intento naufragó pese a contar, en teoría, con una mayoría de investidura favorable al Ejecutivo, lo que dejó al descubierto las fisuras del bloque que sostiene a Sánchez en uno de los asuntos más sensibles de la legislatura.
Podemos justificó entonces su rechazo al calificar el contenido del preámbulo de "racista", en referencia al enfoque con el que el texto planteaba la gestión de los flujos migratorios. Esa discrepancia derivó en un choque público con Junts y con otros socios de izquierda del Gobierno, que reprocharon a la formación de Ione Belarra coincidir en la votación con PP y Vox, partidos que rechazan por motivos distintos cualquier cesión competencial a las comunidades autónomas en esta materia.
Meses después de aquel episodio, el Gobierno alcanzó con Podemos un acuerdo separado para una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, a cambio de que la formación morada se comprometiera a reabrir la negociación sobre el traspaso competencial a Cataluña. Ese pacto explica, según el planteamiento del propio partido de Puigdemont, la decisión de Junts de volver a poner el asunto sobre la mesa en este arranque de curso político.
La delegación de competencias en inmigración figura entre los compromisos que Junts negoció con el PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, en un acuerdo que abarcaba también otras materias reclamadas históricamente por el independentismo catalán. Desde la formación se ha subrayado, con la consigna de que "no podemos esperar ni un minuto más", la urgencia de materializar el compromiso, en un tono que endurece el discurso del partido tras meses de tensión sobre el grado de cumplimiento de los pactos de investidura.
El mecanismo constitucional que exige mayoría absoluta
El marco constitucional atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo, conforme al artículo 149.1.2 de la Constitución de 1978. Cualquier delegación de estas funciones a una comunidad autónoma requeriría una ley orgánica al amparo del artículo 150.2 del texto constitucional, que permite transferir o delegar facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, con la aprobación de la Cámara.
Este instrumento se ha empleado en contadas ocasiones desde la Transición y exige un consenso amplio que hasta ahora no se ha alcanzado en el caso catalán. La proposición de Junts deberá superar primero el trámite de toma en consideración en el pleno antes de iniciar su recorrido en comisión, donde previsiblemente se sucederán enmiendas de los distintos grupos. La composición actual de la Cámara, fragmentada entre bloques con posiciones muy distantes sobre la cuestión migratoria, dificulta que el texto complete su tramitación sin nuevas modificaciones.
El PP y Vox han reiterado su oposición a cualquier fragmentación territorial de la política migratoria, con el argumento de que debilitaría la respuesta unificada del Estado frente a los flujos irregulares y generaría desigualdades entre comunidades en el tratamiento de las personas migrantes. Ambas formaciones votaron en bloque contra la iniciativa en su primera tramitación, junto a UPN.
Sumar, socio de Gobierno del PSOE, mantuvo una posición mayoritariamente favorable a la delegación, aunque el voto discrepante de al menos un diputado en 2025 evidenció que el consenso interno no es unánime. La coalición liderada por Yolanda Díaz no ha fijado públicamente una postura cerrada sobre el nuevo texto registrado por Junts.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha detallado de forma oficial su hoja de ruta sobre la tramitación de esta nueva proposición, si bien desde el entorno socialista se ha insistido en que el compromiso adquirido con Junts sigue vigente. La Moncloa afronta el reto de reconducir una negociación que ya fracasó una vez sin perder el respaldo de Podemos, decisivo para sumar la mayoría necesaria en el hemiciclo.
La cuestión migratoria se ha convertido en un punto recurrente de fricción entre Junts y el Ejecutivo, con reproches cruzados sobre plazos y voluntad política. El debate sobre el reparto de competencias y recursos entre el Estado y las autonomías afecta de forma especial a los territorios con mayor presión de acogida, como Canarias, Ceuta y la propia Cataluña, cuya gestión ha generado tensiones periódicas en la última legislatura.
El desenlace de esta nueva proposición se perfila como un indicador de la estabilidad de la legislatura, en un contexto en el que Junts ha elevado el tono de sus exigencias al Ejecutivo en varias materias de forma simultánea. La votación de toma en consideración, cuya fecha aún no se ha fijado, será el primer test para comprobar si Podemos mantiene su rechazo o modifica su posición tras el pacto migratorio alcanzado con el Gobierno.
