El litigio del talco tiene su origen en decenas de miles de demandas individuales presentadas por consumidoras que utilizaron durante décadas los polvos de talco para bebés de la marca, alegando que el producto contenía trazas de amianto y que su uso prolongado, especialmente en la higiene íntima, derivó en cáncer de ovario o mesotelioma. J&J ha sostenido de forma reiterada ante los tribunales que sus polvos de talco son seguros y que no existe evidencia científica concluyente que establezca una relación causal directa, una posición que mantiene al cerrar este acuerdo, que no implicaría reconocimiento de responsabilidad.
La cifra de 5.500 millones de dólares no es la primera propuesta de la compañía para zanjar el asunto. En mayo de 2024, J&J ya había ofrecido 6.475 millones de dólares como parte de un plan que pasaba por acoger a su filial responsable de los pasivos del talco, LTL Management, bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, una estrategia conocida informalmente como «maniobra tejana» (Texas two-step). Ese mecanismo fue rechazado en dos ocasiones por tribunales de quiebras, que consideraron que la filial no se encontraba en una situación de dificultad financiera real que justificara acogerse a esa protección legal, lo que obligó a la matriz a buscar otra vía de resolución.
De la quiebra técnica a la negociación directa
El nuevo acuerdo evitaría precisamente ese camino y optaría por una negociación directa con los demandantes y sus bufetes, una fórmula más convencional en litigios masivos de responsabilidad civil en Estados Unidos. El mecanismo recuerda a otros grandes acuerdos extrajudiciales de la industria farmacéutica y química estadounidense, como el pactado por los fabricantes de opioides —entre ellos Purdue Pharma y varias grandes distribuidoras— por más de 50.000 millones de dólares a lo largo de la última década, o el histórico acuerdo del tabaco de 1998, el Master Settlement Agreement, por el que las grandes tabacaleras se comprometieron a pagar más de 200.000 millones de dólares a los estados a lo largo de 25 años.
El caso se enmarca en el sistema estadounidense de litigios masivos por productos de consumo, que permite consolidar miles de demandas individuales en procedimientos conocidos como multidistrict litigation (MDL), lo que facilita que empresas con exposición legal masiva negocien acuerdos globales en lugar de afrontar juicio por juicio. Este modelo, ausente en su forma actual en el ordenamiento español y comunitario —donde las acciones colectivas siguen un marco distinto tras la directiva europea de acciones de representación de 2020—, explica en parte por qué litigios de esta magnitud económica son mucho más frecuentes en Estados Unidos.
El trasfondo científico del caso sigue siendo objeto de controversia. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó en 2006 el uso de talco en la zona genital como «posiblemente carcinógeno para los humanos» (grupo 2B), una categoría que incluye sustancias con evidencia limitada en humanos. Estudios epidemiológicos posteriores han arrojado resultados mixtos, sin establecer una relación de causalidad firme, lo que ha alimentado tanto los argumentos de los demandantes como la defensa de la compañía.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha realizado en distintos momentos análisis de muestras de productos de talco, incluidos los de J&J, para detectar amianto, con resultados que en algunos casos motivaron retiradas puntuales de lotes, aunque sin que la agencia haya emitido una prohibición general del talco cosmético. La propia J&J anunció en 2020 la retirada de sus polvos de talco para bebés del mercado estadounidense y canadiense, y en 2023 sustituyó el talco por almidón de maíz en su fórmula a nivel global.
Los bufetes y asociaciones que representan a las demandantes han defendido durante años que un eventual acuerdo debe garantizar una compensación proporcional al daño sufrido por las afectadas, muchas de las cuales llevan más de una década esperando resolución mientras afrontan tratamientos oncológicos. Organizaciones como la Ovarian Cancer Research Alliance han reclamado en el pasado mayor transparencia sobre los criterios de reparto de fondos en estos macroacuerdos, un aspecto que suele quedar sujeto a fórmulas actuariales complejas y a la supervisión de un tribunal encargado de distribuir la indemnización entre miles de reclamantes con distintos grados de afectación.
Para J&J, el desenlace del proceso llega en un momento en que la compañía intenta cerrar varios frentes judiciales abiertos en un esfuerzo por estabilizar su valoración bursátil y su reputación corporativa. La empresa, que factura anualmente más de 88.000 millones de dólares según sus cuentas remitidas a la Securities and Exchange Commission (SEC), ha calificado en el pasado estos litigios como una fuente de incertidumbre para sus resultados, aunque insiste en que dispone de capacidad financiera para afrontar el pago sin comprometer su actividad.
En España y la Unión Europea, el talco cosmético sigue autorizado bajo el Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos, que exige a los fabricantes garantizar la seguridad del producto y notificar cualquier riesgo detectado, sin que exista actualmente una prohibición equivalente a la retirada voluntaria realizada por J&J en el mercado norteamericano. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no ha emitido alertas específicas sobre el talco cosmético en los últimos años, y el debate regulatorio europeo se ha centrado más en los criterios de pureza y control de amianto en la extracción de talco que en una prohibición del ingrediente.
De confirmarse el acuerdo por 5.500 millones de dólares, el proceso deberá pasar aún por la aprobación de un tribunal estadounidense y por la adhesión de un porcentaje suficiente de demandantes representados por los distintos bufetes implicados, un trámite que en acuerdos de esta envergadura suele extenderse varios meses antes del desembolso efectivo. La cifra final pagada por J&J en todo el proceso del talco, sumando acuerdos anteriores y provisiones contables, superaría ampliamente los 10.000 millones de dólares acumulados desde el inicio de los litigios, según las propias comunicaciones financieras de la compañía a sus accionistas.
