El recurso del PSOE, presentado el miércoles por la secretaría de acción institucional del partido, argumentaba que la convocatoria a un mes exacto de las elecciones andaluzas del 18 de mayo constituía una 'instrumentalización partidista de las instituciones del Estado' y vulneraba el artículo 68.5 de la LOREG, que establece limitaciones a la actividad institucional en periodo electoral. La ponencia socialista añadía que Montero, como cabeza de lista del PSOE-A, se encontraba en una posición de 'doble exposición mediática forzada' que perjudicaba la igualdad de armas entre candidatos.
La JEC ha desmontado el argumento por dos vías. En primer lugar, ha recordado que el Senado es un órgano constitucional cuya autonomía funcional no puede ser restringida por la convocatoria de unas elecciones autonómicas.
La votación dentro de la JEC fue ajustada: ocho votos a favor de rechazar el recurso frente a cinco a favor de admitirlo. Los cinco votos favorables procedían de los vocales de designación judicial propuestos por el PSOE y de uno de los vocales catedráticos. El presidente del órgano, que emitió el voto de calidad, subrayó en su intervención oral que 'la coincidencia temporal entre un proceso electoral y una comparecencia parlamentaria no genera, por sí sola, un perjuicio jurídicamente relevante'.
Lo que Montero encontrará el lunes en la sala del Senado no será un trámite menor. La Comisión de Investigación sobre la SEPI, creada a instancias del PP gracias a su mayoría en la Cámara Alta, investiga cómo se gestionaron los más de dos mil seiscientos millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. El foco principal recae sobre el rescate de Air Europa por cuatrocientos setenta y cinco millones de euros, una operación que la SEPI dividió en dos pagos para evitar, según la oposición, la fiscalización directa de Bruselas al quedar por debajo del umbral de notificación de ayudas de Estado.
El PP ha preparado un interrogatorio de treinta y siete preguntas agrupadas en cuatro bloques: el proceso de selección de Air Europa como beneficiaria, los criterios de valoración del riesgo financiero, la participación de la entonces ministra de Hacienda en las reuniones del consejo de administración de la SEPI y la relación entre los tiempos de la operación y la agenda política del Gobierno durante la pandemia.
La estrategia de Moncloa para gestionar el impacto mediático pasa por minimizar la comparecencia como 'un acto más del circo del Senado' y concentrar la atención en la cumbre de Barcelona y en el Consejo de Ministros del lunes, que aprobará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una dotación récord de siete mil millones de euros. Pero el calendario no perdona: Montero hablará a las 10:00 del lunes y la campaña electoral andaluza arranca oficialmente el 3 de mayo, lo que deja apenas dos semanas de margen para digerir cualquier titular adverso.
El precedente de la JEC tiene además implicaciones para el propio caso Koldo, cuyo juicio en el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo García y Aldama acumula ya diez sesiones. Si alguna de las partes intentara en el futuro argumentar que la coincidencia del juicio con unas elecciones generales justifica su suspensión, la resolución de hoy les cierra esa puerta de antemano. En el Supremo no se aplica la LOREG, pero el razonamiento de la JEC —que el control institucional es permanente— refuerza la tesis de que los calendarios políticos no pueden condicionar la acción de la justicia.
La respuesta del PSOE llegó a través de un comunicado de la vicesecretaria general, María Jesús Serrano, que calificó la decisión de 'esperada pero injusta' y anunció que Montero 'irá al Senado con la cabeza alta, sin nada que ocultar y con la tranquilidad de quien ha gestionado fondos públicos con rigor'. El comunicado evitó cuidadosamente cualquier referencia a Air Europa, lo que varios analistas interpretan como una señal de que la defensa de Montero se centrará en el argumento procedimental —cumplí los protocolos— y no en el contenido de las decisiones adoptadas.
En el PP, la satisfacción es doble. No solo han logrado que Montero comparezca en plena precampaña andaluza, sino que la resolución de la JEC legitima su uso agresivo de las comisiones de investigación del Senado como herramienta de desgaste. El portavoz popular en la Cámara Alta, Javier Maroto, publicó un escueto mensaje en redes sociales: 'El Senado funciona. El control funciona. La rendición de cuentas funciona. Nos vemos el lunes'.
La cuestión de fondo, que trasciende la escaramuza Montero-PP, es si la SEPI actuó como un instrumento de política industrial legítimo durante la pandemia o si fue utilizada como un canal opaco de financiación a empresas con conexiones gubernamentales. La comisión tiene previsto escuchar a catorce comparecientes más antes de emitir su dictamen final en junio. Montero será la de mayor rango político. Y todo lo que diga el lunes a las 10:00 de la mañana resonará en Andalucía durante las cuatro semanas siguientes.
