Koizumi rechaza el cargo de militarismo ante Pekín
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, rechazó públicamente las acusaciones formuladas por China sobre un presunto retorno al militarismo, defendiendo que las medidas adoptadas por Tokio se inscriben dentro del derecho a la autodefensa que reconoce el derecho internacional y no implican el militarismo expansionista que caracterizó a Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La réplica de Koizumi constituye la posición oficial del Ejecutivo de Fumio Kishida —ahora bajo el mandato de Shigeru Ishiba— ante una disputa bilateral que opone a las dos principales economías de Asia Oriental sobre los límites del rearme japonés.
El Gobierno chino, por su parte, no ha retirado sus acusaciones. Pekín sostiene que el giro estratégico de Tokio representa una ruptura con el pacifismo constitucional y ha invocado la memoria histórica de los países asiáticos que sufrieron la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial para cuestionar la legitimidad del proceso. Ninguna de las dos capitales ha propuesto mecanismo alguno de mediación o diálogo bilateral específico sobre esta cuestión en el momento de publicación de esta información.
El artículo 9 y el marco constitucional en disputa
El centro normativo del debate es el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, redactada bajo ocupación estadounidense, que renuncia formalmente al uso de la guerra como instrumento de política exterior y prohíbe el mantenimiento de fuerzas armadas con potencial bélico ofensivo. Durante más de siete décadas ese precepto definió la identidad estratégica de Japón y fue invocado de forma recurrente por China y Corea del Sur para frenar cualquier expansión de las capacidades de defensa de Tokio. La tensión actual se produce sin que el artículo 9 haya sido reformado formalmente: los cambios se han articulado mediante reinterpretación gubernamental y nuevos documentos estratégicos, no mediante enmienda constitucional.
El precedente inmediato es la reinterpretación adoptada en 2015 bajo el Gobierno de Shinzo Abe, que mediante decreto del Consejo de Ministros —sin reforma constitucional— habilitó el ejercicio de la autodefensa colectiva, es decir, la posibilidad de que Japón interviniera militarmente en defensa de aliados bajo ataque aunque el territorio japonés no estuviera directamente amenazado. Esa decisión fue contestada por Pekín con argumentos similares a los actuales y generó un debate interno entre quienes la consideraban una erosión del pacifismo y quienes la defendían como adaptación necesaria. El ciclo de acusación y réplica que hoy protagonizan Koizumi y Pekín reproduce, con mayor intensidad, la dinámica de aquel episodio.
La hoja de ruta de defensa: capacidades y presupuesto
El Gobierno japonés aprobó en diciembre de 2022 una revisión de sus documentos estratégicos de defensa —la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional y el Plan de Defensa— que supone la transformación más profunda de la política de seguridad del país desde la posguerra. Esa revisión incluye la adquisición de capacidades de contraataque, definidas como la posibilidad de golpear instalaciones enemigas antes de recibir un impacto directo, y un incremento del presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB en un horizonte de cinco años, frente al 1% que Japón había mantenido como techo autoimpuesto desde la década de 1970. Según datos del Ministerio de Finanzas japonés recogidos en los presupuestos generales del ejercicio 2024, el gasto en defensa ascendió a aproximadamente 7,9 billones de yenes, frente a los 5,4 billones del ejercicio anterior, lo que representa un incremento interanual superior al 40% y sitúa a Japón en una senda de gasto sin precedentes en la era constitucional.
Ese nivel de inversión contrasta con la media de los aliados europeos de la OTAN, que según datos de la propia Alianza correspondientes a 2023 se situó en torno al 1,7% del PIB, y con el 3,4% de Estados Unidos para el mismo periodo. El incremento japonés es, en términos porcentuales interanuales, uno de los más pronunciados entre las democracias del G7, circunstancia que alimenta la narrativa china de ruptura con el orden de posguerra.
La alianza con Washington como variable estructural
Las acusaciones de Pekín no se dirigen únicamente contra las políticas concretas de Tokio: forman parte de un repertorio diplomático que China utiliza de forma recurrente para cuestionar la legitimidad del alineamiento japonés con Estados Unidos en el marco del Tratado de Seguridad bilateral, vigente desde 1951 y renovado en 1960, que mantiene tropas estadounidenses en suelo japonés —aproximadamente 54.000 efectivos según datos del Departamento de Defensa de EE.UU. correspondientes a 2023— y obliga a Washington a defender a Tokio en caso de ataque armado. Para Pekín, el refuerzo de esa alianza y la adquisición de capacidades ofensivas japonesas alteran el equilibrio regional de forma que excede la autodefensa legítima; para Tokio y Washington, se trata de una respuesta proporcional al incremento del arsenal nuclear norcoreano y a la expansión de la marina china en el Indo-Pacífico.
La Unión Europea y el conjunto de aliados del G7 observan la evolución de esta disputa como indicador de estabilidad en una región donde, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional publicadas en octubre de 2023, se genera aproximadamente el 35% del PIB mundial. La reconfiguración del papel militar japonés tiene, por tanto, implicaciones que desbordan el ámbito bilateral y afectan a cadenas de suministro, rutas comerciales y arquitecturas de seguridad de alcance global.
Tensión estructural en el Indo-Pacífico
El enfrentamiento dialéctico entre Japón y China se produce en un vecindario donde la cuestión de Taiwán, el programa de misiles balísticos de Corea del Norte —que realizó un número récord de lanzamientos en 2022, según el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación— y la proyección naval china en el mar de China Meridional y Oriental generan fricciones constantes. Japón y China son, respectivamente, el cuarto y primer exportador mundial según datos de la Organización Mundial del Comercio correspondientes a 2023, y mantienen entre sí una relación comercial bilateral que el Japan External Trade Organization (JETRO) cifró en torno a los 317.000 millones de dólares en 2022, lo que añade una dimensión económica que complica cualquier escalada abierta pero no neutraliza la competencia estratégica.
Plazos y próximas decisiones
La implementación de la hoja de ruta de defensa japonesa se extiende hasta el ejercicio presupuestario 2027, fecha en la que Tokio prevé alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto militar. En ese horizonte, las decisiones sobre adquisición concreta de misiles de contraataque —entre ellos el Tomahawk de fabricación estadounidense y el desarrollo propio del misil Type-12 de largo alcance— y la posible revisión formal del artículo 9 constituirán los próximos hitos que determinarán la intensidad de la disputa con Pekín. La próxima cumbre del G7, así como los foros multilaterales de seguridad en el Indo-Pacífico previstos para 2025, ofrecerán a Tokio escenarios para articular su posición ante la comunidad internacional y a Pekín nuevas oportunidades para reiterar sus objeciones ante un auditorio ampliado.
