El incidente se habría producido en una localidad del sur del Líbano, en la franja fronteriza sometida a la vigilancia de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), desplegada desde 1978 al amparo de la resolución 425 del Consejo de Seguridad y reforzada tras la guerra de 2006 mediante la resolución 1701. Ese texto, que puso fin a 34 días de conflicto entre Israel y Hizbulá, estableció una zona desmilitarizada al sur del río Litani y encomendó al Ejército libanés el control exclusivo de las armas en esa franja, un mandato que Beirut ha reconocido reiteradamente no poder cumplir en su totalidad por la falta de medios y la implantación territorial del grupo chií.
Según la información disponible, el artefacto habría detonado durante una operación militar israelí, causando la muerte de dos soldados y heridas a otros efectivos cuya identidad no se ha difundido. Las FDI no han confirmado oficialmente la autoría del ataque, aunque fuentes militares citadas por medios israelíes lo atribuirían a células de Hizbulá que operarían de forma encubierta en la zona, en contradicción con los términos del alto el fuego que puso fin a la última escalada bélica entre ambos actores en noviembre de 2024. Hizbulá, por su parte, no ha reivindicado públicamente el ataque, una pauta habitual en incidentes de baja intensidad que el grupo prefiere no asumir de forma explícita para evitar una escalada que comprometa su reconstrucción política y militar tras las pérdidas de 2024.
La presión de la cúpula militar sobre Netanyahu
El alto mando de las FDI habría trasladado al Gobierno de Netanyahu la necesidad de una represalia de mayor calado que los bombardeos puntuales que Israel ha venido ejecutando contra objetivos atribuidos a Hizbulá en los últimos meses. Esa presión se produce en un contexto de creciente impaciencia dentro del Ejército israelí, que considera que el grupo chií ha aprovechado el proceso de reconstrucción de sus capacidades tras los golpes de 2024, cuando Israel eliminó a buena parte de la cúpula histórica del movimiento, incluido su líder Hasán Nasralá, muerto en un bombardeo en Beirut el 27 de septiembre de aquel año.
El Gobierno libanés, presidido por Joseph Aoun desde enero de 2025 tras más de dos años de vacío institucional en la jefatura del Estado, ha reiterado su compromiso con el desarme progresivo de Hizbulá al sur del Litani, un proceso que forma parte de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional pero que avanza con lentitud debido a la resistencia del propio grupo y a las tensiones dentro del sistema confesional libanés, donde los chiíes constituyen una parte sustancial del electorado y Hizbulá mantiene representación parlamentaria y presencia en el Ejecutivo. Israel, por su lado, vincula cualquier repliegue adicional a garantías verificables sobre ese desarme, una condición que Beirut plantea como de cumplimiento gradual.
Fundado en 1982, en plena guerra civil libanesa y con el respaldo de la Guardia Revolucionaria iraní, Hizbulá conserva en Teherán a su principal valedor y proveedor de armamento y financiación según sucesivos informes de servicios de inteligencia occidentales. Irán observa el frente libanés como parte de un tablero regional más amplio que abarca también Gaza, Siria y su propio programa nuclear, negociado de forma intermitente con las potencias occidentales desde el acuerdo de 2015.
Un alto el fuego bajo tensión permanente
El acuerdo de noviembre de 2024, mediado por Estados Unidos y Francia, estableció un mecanismo de supervisión trilateral integrado por representantes de Israel, Líbano y un comité internacional presidido por Washington, encargado de verificar las violaciones de ambas partes. Desde su entrada en vigor, Israel ha mantenido posiciones militares en cinco puntos del territorio libanés que debía haber evacuado, alegando riesgos de seguridad, mientras que Beirut denuncia esos emplazamientos como una violación de la soberanía nacional ante instancias como la Liga Árabe y Naciones Unidas.
El precedente más directo de esta dinámica es la propia guerra de 2006, que se saldó con más de 1.200 muertos en el Líbano y 165 en Israel, según cifras de Human Rights Watch y del Ministerio de Sanidad libanés de la época, y que terminó sin una solución definitiva sobre el desarme de Hizbulá. Aquel conflicto dejó planteado el mismo dilema que hoy: cómo compatibilizar la soberanía del Estado libanés con la existencia de un actor armado no estatal con capacidad militar equiparable a la de muchos ejércitos regulares.
La dimensión económica añade presión sobre Beirut. El Líbano atraviesa desde 2019 una de las crisis financieras más severas documentadas por el Banco Mundial en las últimas décadas, con una moneda que ha perdido más del 90% de su valor y un sistema bancario colapsado, lo que limita drásticamente la capacidad del Estado para reforzar su Ejército y asumir el control efectivo del sur que exige la resolución 1701.
Estados Unidos, a través de su enviado para Oriente Próximo, mantiene un papel activo en la mediación en coordinación con Francia, potencia tutelar del Líbano desde el mandato establecido tras la Primera Guerra Mundial y hasta la independencia libanesa de 1943. Ambos países han instado a las partes a evitar una escalada que ponga en riesgo la ronda de conversaciones iniciada este jueves, centrada oficialmente en la delimitación de la frontera terrestre y en el calendario de retirada israelí de las posiciones que aún ocupa.
La conjunción de la respuesta militar que reclama la cúpula israelí con la ronda negociadora en curso plantea un escenario de doble vía: Jerusalén podría optar por una acción de represalia limitada, similar a las ejecutadas en meses anteriores contra depósitos de armas o mandos intermedios de Hizbulá, sin que ello implique necesariamente el descarrilamiento de las conversaciones, según el patrón observado desde la firma del alto el fuego.
El desenlace de las próximas semanas dependerá en buena medida de si el comité de supervisión trilateral logra establecer con claridad la responsabilidad del incidente y de si el Gobierno de Aoun consigue avanzar en el despliegue del Ejército libanés al sur del Litani, el punto que Washington y Jerusalén consideran la prueba de fuego real del acuerdo de 2024.
