El plan, elaborado en el marco de la denominada Junta de Paz impulsada por la Casa Blanca, contempla un esquema de retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja condicionado a una serie de hitos verificables, entre ellos el desarme de Hamás. Según la información difundida, la propuesta solo reclama una retirada israelí «total» una vez que el grupo islamista haya entregado la totalidad de su arsenal, un extremo que el Gobierno de Netanyahu considera insuficientemente garantizado en el texto actual.
La discrepancia se centra en el calendario y en los mecanismos de verificación. Netanyahu ha trasladado a la Administración estadounidense que Israel no aceptará una retirada escalonada sin comprobaciones independientes sobre el desmantelamiento efectivo de la capacidad militar de Hamás, incluidos túneles, arsenales y estructuras de mando. El primer ministro ha defendido que el canal de diálogo con Washington permanece activo pese al rechazo a los términos actuales.
Una dependencia estratégica que amortigua la fricción
El matiz de que las negociaciones siguen abiertas resulta relevante porque, desde el estallido de la guerra en octubre de 2023, la relación entre Netanyahu y las sucesivas iniciativas diplomáticas estadounidenses ha atravesado episodios de tensión sin llegar a una ruptura formal, dada la dependencia estratégica y militar de Israel respecto a Estados Unidos, su principal proveedor de armamento y valedor en el Consejo de Seguridad de la ONU. Washington ha destinado históricamente una media superior a 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar a Israel en las últimas dos décadas, según datos del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, un vínculo que condiciona el margen de maniobra de ambos gobiernos.
Hamás, por su parte, ha rechazado en reiteradas ocasiones cualquier plan que implique su desarme unilateral sin contrapartidas políticas, como el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos o avances hacia un Estado palestino. El movimiento islamista ha sostenido que cualquier entrega de armas debe enmarcarse en un acuerdo político más amplio, y no como condición previa impuesta desde fuera. La Unión Europea ha reclamado en diversas resoluciones no vinculantes un alto el fuego permanente y el respeto al derecho internacional humanitario en la Franja.
La guerra se inició tras el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron cerca de 1.200 personas en Israel y fueron secuestradas más de 250, según cifras oficiales israelíes. La respuesta militar israelí, prolongada durante más de dos años y medio, ha dejado decenas de miles de muertos, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de Gaza —dependiente de Hamás—, cifra que Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han considerado en gran medida verosímil, pese a no poder verificarla de forma independiente por las restricciones de acceso al territorio.
A lo largo de estos años se han sucedido varias treguas parciales y canjes de rehenes, mediados principalmente por Catar, Egipto y Estados Unidos, sin que ninguno de los acuerdos haya derivado en un cese definitivo de las hostilidades. El precedente más ambicioso de una negociación de este calado se remonta a los Acuerdos de Oslo de 1993, cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmaron un marco de reconocimiento mutuo y autogobierno palestino que tampoco resolvió las cuestiones de fondo sobre fronteras, seguridad y estatuto final de los territorios.
Gaza, una franja de apenas 365 kilómetros cuadrados con más de dos millones de habitantes según estimaciones de la ONU previas a la guerra, ocupa una posición estratégica en el litoral mediterráneo oriental, colindante con Egipto a través del paso de Rafah. Su control ha sido objeto de disputa desde la retirada unilateral israelí de los asentamientos en 2005 y la posterior toma del poder por Hamás en 2007, tras derrotar a Al Fatah en un enfrentamiento interno palestino. Egipto y Catar mantienen un papel mediador constante, motivado tanto por razones de seguridad fronteriza —en el caso egipcio, ante el riesgo de desbordamiento hacia el Sinaí— como por vínculos con Hamás, movimiento surgido de la matriz de los Hermanos Musulmanes.
El encaje jurídico y los próximos contactos
Cualquier acuerdo de retirada y desarme deberá encajar con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas al conflicto, entre ellas la resolución 2735 de 2024, que reclamaba un alto el fuego permanente vinculado a la liberación de rehenes y a una reconstrucción supervisada internacionalmente. La falta de acuerdo sobre el desarme de Hamás mantiene en suspenso la aplicación efectiva de ese marco, así como el papel que podría desempeñar una eventual fuerza internacional de estabilización, una de las piezas más debatidas del plan de 15 puntos.
En los próximos días se espera que continúen los contactos entre representantes israelíes y estadounidenses, con Catar y Egipto en un papel de intermediación indirecta con Hamás. El desenlace de estas conversaciones determinará si el plan estadounidense se reformula para incorporar las exigencias de verificación planteadas por Netanyahu o si, por el contrario, se mantiene el actual punto muerto, que prolongaría tanto la presencia militar israelí en Gaza como la crisis humanitaria de la población civil en el enclave.
