El caso de Hind Rajab se convirtió en uno de los episodios más citados internacionalmente del coste humano de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La niña quedó atrapada, herida, dentro de un vehículo en el que viajaba junto a su familia cuando intentaban huir de Tel al-Hawa. Según el relato difundido por el propio ejército israelí, las tropas dispararon contra el coche, en el que murieron cinco de sus siete ocupantes: solo Hind y su prima Layan Hamada sobrevivieron inicialmente al ataque.
Horas después, ambas niñas mantuvieron una llamada telefónica con los servicios de emergencia palestinos —primero las dos, después solo Hind— en la que pedían ayuda mientras permanecían atrapadas junto a los cuerpos de sus familiares. Esa comunicación, según el propio comunicado, permitió coordinar el envío de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina para intentar su evacuación.
El texto militar reconoce ahora que, «según las alegaciones presentadas», la ambulancia recibió el impacto de un proyectil al llegar al lugar, lo que causó la muerte de los dos paramédicos que viajaban en ella. Los cuerpos de los siete miembros de la familia Hamada —incluidas Hind y Layan— y de los dos sanitarios fueron recuperados varios días después. En total, según el ejército, los disparos de sus militares causaron nueve muertos en ese episodio.
«Tras revisar los hallazgos y debido a presuntas fallas en la coordinación del traslado de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente por parte de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar», señala el comunicado, que añade que «por ahora no se pueden proporcionar más detalles». La apertura del procedimiento llega más de dos años y medio después de los hechos. La Policía Militar es el órgano encargado en Israel de esclarecer presuntos delitos cometidos por soldados en el desempeño de sus funciones.
Un balance parcial de 150 incidentes revisados
El anuncio se enmarca en un proceso más amplio de revisión interna que el ejército israelí ha llevado a cabo sobre su actuación en Gaza. Según la nota, la institución ha concluido el examen de 150 incidentes relacionados con la conducta de sus tropas en el enclave, de los cuales solo ha adoptado decisiones sobre cinco. De esos cinco, únicamente dos —el de Hind Rajab y el de los 15 paramédicos— derivarán en investigación penal.
Los otros tres casos revisados corresponden a ataques que causaron la muerte de trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, la organización fundada por el chef José Andrés, y de Médicos Sin Fronteras. En ninguno de ellos, según ha confirmado el ejército, se abrirá una investigación penal, sin que el comunicado precise las razones de esa decisión ni si se han adoptado medidas disciplinarias alternativas.
World Central Kitchen suspendió temporalmente sus operaciones en Gaza en abril de 2024 tras un ataque israelí que mató a siete de sus trabajadores, entre ellos ciudadanos de Reino Unido, Australia, Polonia y Estados Unidos, además de un palestino. El Gobierno israelí calificó entonces el ataque de «error trágico» y destituyó a dos oficiales, aunque la organización y varios de los países afectados reclamaron una investigación independiente y no solo interna. Médicos Sin Fronteras ha denunciado a lo largo de la guerra ataques contra su personal, vehículos identificados e instalaciones sanitarias, y ha reclamado protección efectiva para el personal humanitario conforme al Derecho Internacional Humanitario, que obliga a las partes en conflicto a garantizar la asistencia médica a la población civil.
Escrutinio internacional y precedentes de las pesquisas militares
Estas investigaciones internas se producen en paralelo al escrutinio de tribunales internacionales. La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, mientras que la Corte Internacional de Justicia examina desde enero de 2024 una demanda de Sudáfrica que acusa a Israel de incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Israel ha sostenido de forma reiterada que dispone de mecanismos internos independientes y creíbles para investigar presuntas violaciones cometidas por sus fuerzas, lo que —según su posición oficial— haría innecesaria la intervención de instancias internacionales conforme al principio de complementariedad que rige el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos han cuestionado en el pasado la efectividad y la celeridad de esas pesquisas militares, al señalar que rara vez derivan en condenas.
El historial de las Fuerzas de Defensa de Israel registra precedentes de investigaciones internas sobre operaciones en Gaza, como las abiertas tras la ofensiva de 2014 conocida como Margen Protector, en la que murieron más de 2.100 palestinos según cifras de Naciones Unidas, y que en su mayoría concluyeron sin imputaciones penales relevantes contra mandos militares.
La decisión conocida este miércoles no implica, de momento, la imputación de ningún soldado u oficial concreto, y el comunicado advierte de que no puede ofrecer más detalles mientras la investigación esté en curso. A partir de ahora, la pesquisa deberá determinar responsabilidades individuales en la cadena de mando y esclarecer si hubo fallos deliberados o negligentes en la coordinación del corredor humanitario que debía permitir la evacuación de Hind Rajab y su familia. Su resultado, sin plazo público conocido, será observado tanto por las familias de las víctimas como por los tribunales internacionales que mantienen abiertos procedimientos paralelos sobre la conducta de Israel en la guerra de Gaza.
