El memorándum de Mascate, cuyo texto completo El Hemiciclo ha podido consultar a través de fuentes diplomáticas europeas, establecía un período de negociación de 30 días naturales para abordar los siete puntos pendientes. La estructura del memorándum era deliberadamente asimétrica: los puntos ya acordados —los siete anunciados el jueves— entraban en vigor de manera inmediata y no podían ser revisados salvo por acuerdo mutuo, mientras que los puntos pendientes se negociarían en rondas semanales alternas entre Mascate y Viena, con la participación del mediador omaní y de un observador europeo designado por Borrell. El primer punto pendiente —el levantamiento de las sanciones primarias de la UE y EEUU— era el más complejo porque afectaba a centenares de entidades y personas vinculadas al programa nuclear iraní, y cualquier movimiento en este ámbito tendría repercusiones directas sobre el precio del petróleo, las relaciones bancarias internacionales y la capacidad de Irán para acceder a los mercados financieros globales. Los diplomáticos europeos consultados estimaban que este punto solo podría resolverse en un período de entre tres y seis meses, muy por encima de los 30 días del memorándum.
La reacción de Trump al acuerdo había sido característica de su estilo: un tuit entusiasta —«Great deal coming!»— seguido de un silencio de doce horas que los analistas interpretaban como un compás de espera mientras su equipo evaluaba si el marco de Mascate servía realmente a los intereses de la política de máxima presión que Washington había aplicado a Irán durante meses. El tuit había provocado un rally inmediato en los mercados —el Brent cayó de 99,80 a 94,50 dólares en menos de una hora— pero la euforia se moderó durante la noche cuando fuentes del Departamento de Estado filtraron a varios medios estadounidenses que Trump había exigido a Rubio que los siete puntos pendientes incluyeran el envío del uranio enriquecido iraní a territorio estadounidense, una condición que Irán rechazaba categóricamente y que no figuraba en el memorándum de Mascate. Si Trump mantenía esa exigencia, el marco de los 30 días podría colapsar antes de la segunda ronda.
Omán, el mediador silencioso que había hecho posible el acuerdo, emergía como el actor diplomático más relevante de la crisis. El sultán Haitham bin Tarik había arriesgado su prestigio personal al convocar a las dos delegaciones al almuerzo de trabajo en el Palacio de Al Alam donde se produjo el avance decisivo, y las fuentes diplomáticas consultadas señalaban que el monarca omaní se había comprometido personalmente a supervisar la primera ronda de negociaciones sobre los puntos pendientes. La tradición mediadora de Omán —que se remontaba al acuerdo nuclear de 2015, donde los canales secretos entre EEUU e Irán habían pasado por Mascate— se reafirmaba en un momento en que las potencias europeas, atrapadas entre sus sanciones propias y su dependencia energética de Irán, habían sido relegadas a un papel de observadores cualificados. La participación europea se limitaría al mecanismo de verificación trilateral y a la presencia de un representante de Borrell en las rondas de Viena.
El paquete Ómnibus Digital de la UE sobre inteligencia artificial, aprobado tras meses de negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo, representaba un avance legislativo que en cualquier otra semana habría sido noticia de primera página. El acuerdo, que Sánchez celebró desde Moncloa con una declaración en la que afirmó que «no descansará hasta que el espacio digital sea seguro para todos los europeos», incluía tres componentes principales: la prohibición explícita de las imágenes sexuales no consentidas generadas por inteligencia artificial, la simplificación de los procedimientos de implementación del Reglamento de IA aprobado en 2024 y la creación de sandboxes regulatorios a nivel europeo que permitirían a las empresas tecnológicas probar sistemas de IA en entornos controlados antes de lanzarlos al mercado. El texto, de 847 páginas, entraba en una fase de traducción y revisión jurídica antes de su publicación definitiva en el Diario Oficial de la UE, prevista para julio.
La prohibición de las imágenes sexuales no consentidas generadas por IA —los llamados deepfakes pornográficos— era la medida más visible y políticamente significativa del paquete. La regulación establecía penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta el 6% de la facturación global de la empresa responsable para quienes crearan, distribuyeran o almacenaran imágenes sexuales generadas por IA de personas reales sin su consentimiento explícito. La norma se aplicaría tanto a empresas tecnológicas que proporcionaran las herramientas como a usuarios individuales, un doble alcance que había generado debate durante la negociación pero que finalmente se había aprobado con el voto favorable de 24 de los 27 estados miembros. Hungría, Polonia y Eslovaquia se habían abstenido argumentando preocupaciones sobre la libertad de expresión, una posición que los demás estados interpretaban como oposición política a cualquier regulación impulsada por Bruselas.
Los sandboxes regulatorios europeos eran el componente más innovador del paquete y el que mayor interés despertaba en la industria tecnológica. El concepto, importado de la regulación fintech británica, consistía en la creación de entornos de prueba supervisados donde las empresas pudieran desarrollar y testar sistemas de inteligencia artificial que no cumplieran todavía todos los requisitos del Reglamento de IA sin incurrir en sanciones. Los sandboxes estarían gestionados por autoridades nacionales de supervisión y coordinados por una agencia europea de nueva creación con sede en Dublín. España había sido designada como sede del primer sandbox operativo, que se instalaría en el Parque Tecnológico de Málaga y estaría especializado en aplicaciones de IA para el sector sanitario, una elección que Sánchez había negociado personalmente con la presidenta de la Comisión durante las rondas finales.
Mientras Europa legislaba sobre inteligencia artificial y Mascate negociaba sobre uranio, la amenaza arancelaria de Trump sobre los automóviles europeos seguía siendo el elefante en la habitación de la política comercial transatlántica. La Casa Blanca había mantenido durante semanas la amenaza de imponer un arancel del 25% a las importaciones de vehículos europeos, una medida que, según los cálculos de la Comisión Europea, afectaría a exportaciones por valor de 52.000 millones de euros anuales y podría costar hasta 300.000 empleos en el sector automovilístico europeo, con Alemania, España e Italia como los países más afectados. Las negociaciones entre el representante comercial de EEUU y el comisario de Comercio de la UE se habían estancado en la cuestión de los vehículos eléctricos chinos ensamblados en Europa, que Washington consideraba una vía de entrada encubierta para la industria automovilística china.
Para España, la confluencia de los tres frentes exteriores —Irán, regulación digital y aranceles— creaba una ecuación de política exterior que el Gobierno de Sánchez tenía que gestionar con recursos diplomáticos mermados por la crisis interna. El acuerdo de Mascate beneficiaba directamente a la economía española por la caída del Brent, que aliviaba la factura energética y reducía la presión inflacionaria. El paquete Ómnibus Digital posicionaba a España como actor relevante en la regulación tecnológica europea gracias al sandbox de Málaga. Pero la amenaza arancelaria de Trump, si se materializaba, golpearía duramente a la industria automovilística española, que exportaba el 85% de su producción y dependía del mercado estadounidense para modelos clave de SEAT, Renault España y Mercedes Vitoria. La ejecutiva del PSOE de las 09:00 y la rueda de prensa de Ayuso de las 10:30 acaparaban la atención mediática, pero en los despachos de Moncloa y del Ministerio de Economía, la preocupación real era si el marco de Mascate sobreviviría a las exigencias de Trump y si los aranceles del 25% se convertirían en realidad antes de julio.
A las 08:30, el panorama europeo e internacional se resumía en una paradoja: el jueves había sido el día de las soluciones provisionales —el marco de Mascate, el paquete Ómnibus, la estabilización temporal del crudo—, pero el viernes amanecía con la certeza de que ninguna de esas soluciones era definitiva. Irán evaluaba un acuerdo que podía romperse en cualquier ronda. La UE celebraba una regulación que tardaría meses en aplicarse. Y Trump mantenía una amenaza arancelaria que podía activar con un tuit. Europa, atrapada entre la diplomacia del crudo, la regulación del algoritmo y la política del arancel, intentaba navegar un mundo multipolar con las herramientas de un mundo que ya no existía.
