La parálisis negociadora se ha materializado en un desplazamiento de los enviados diplomáticos que refleja el grado de desconfianza entre las partes. Los representantes estadounidenses han viajado a Islamabad, la capital de Pakistán, donde esperan explorar la posibilidad de un diálogo indirecto con Irán a través de la mediación pakistaní. Pakistán, que comparte frontera con Irán y mantiene relaciones diplomáticas con ambos contendientes, ha ofrecido sus buenos oficios desde el inicio del conflicto, pero su capacidad de mediación es limitada por su propia dependencia de la ayuda militar estadounidense y por las tensiones históricas con Teherán derivadas de la cuestión de Beluchistán. El canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian Araqchi, no ha viajado a Islamabad sino que ha proseguido su gira diplomática con escalas en Mascate y Moscú, dos capitales que representan los dos ejes de la estrategia diplomática iraní: Omán como mediador neutral con acceso a Washington, y Rusia como aliado estratégico que puede proporcionar cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ausencia de un encuentro directo entre los negociadores de ambas partes es la señal más clara de que las condiciones para un acuerdo no están maduras y de que la comunidad internacional debe prepararse para una prolongación del cierre de Ormuz que podría extenderse semanas o incluso meses.
El impacto económico del cierre del estrecho ya se siente en todos los mercados del mundo, pero las economías europeas son especialmente vulnerables por su dependencia del crudo que transita por Ormuz. Aproximadamente el sesenta por ciento del petróleo que importa la Unión Europea pasa por el estrecho, ya sea directamente desde los productores del Golfo Pérsico — Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak — o indirectamente a través de rutas comerciales que lo utilizan como punto de tránsito. El cierre ha obligado a los operadores a buscar rutas alternativas, principalmente el oleoducto que conecta los yacimientos saudíes con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo y las terminales de exportación de Irak en el Golfo de Aqaba, pero estas alternativas solo cubren una fracción del volumen que normalmente transita por Ormuz, y su utilización a plena capacidad requiere semanas de adaptación logística. Mientras tanto, el precio del barril de Brent ha pasado de 72 dólares el 1 de marzo — antes del inicio de las hostilidades — a 99 dólares esta mañana, un incremento del 37% en menos de dos meses que se ha trasladado con rapidez a los precios de los combustibles, la electricidad y, por la vía de los costes de transporte, al conjunto de la cesta de consumo. La Comisión Europea ha activado el mecanismo de emergencia energética creado durante la crisis del gas de 2022, que permite la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de los Estados miembros, pero los analistas advierten de que las reservas europeas solo cubren noventa días de importación y de que su liberación masiva podría agotar el colchón de seguridad si el cierre de Ormuz se prolonga.
España ocupa una posición particularmente expuesta en la crisis por la estructura de su mix energético y por la composición de sus importaciones de crudo. Aunque el país ha avanzado significativamente en la penetración de las energías renovables — que en 2025 cubrieron el 52% de la generación eléctrica —, el petróleo sigue representando el 42% del consumo de energía primaria, y más de la mitad de las importaciones españolas de crudo proceden de productores del Golfo Pérsico cuyas exportaciones transitan por Ormuz. La consecuencia más visible del cierre es la escalada de la inflación: el índice de precios al consumo ha subido al 3,4% interanual en marzo, su nivel más alto en quince meses, impulsado por el encarecimiento de los carburantes (un 18% interanual), la electricidad (un 12%) y los alimentos frescos (un 6,3%), estos últimos afectados por el aumento de los costes de transporte. El Banco de España ha advertido de que, si el precio del petróleo se mantiene por encima de los 95 dólares durante el segundo trimestre, la inflación podría escalar hasta el 4,2% en junio, un nivel que obligaría al Banco Central Europeo a reconsiderar la senda de recortes de tipos de interés que había trazado para 2026 y que activaría un ciclo de endurecimiento monetario especialmente dañino para una economía española que necesita crédito barato para sostener la inversión en vivienda, la transición energética y la ejecución de los fondos Next Generation.
La Unión Europea ha intentado mediar en el conflicto a través del Alto Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que la semana pasada visitó Teherán y Riad en un intento de facilitar un canal de comunicación que permita desbloquear el impasse sobre Ormuz. Kallas ofreció a Irán un paquete que incluye la reactivación parcial del acuerdo nuclear (JCPOA) de 2015, el levantamiento de determinadas sanciones comerciales europeas y un fondo de reconstrucción para las regiones iraníes afectadas por los bombardeos estadounidenses, a cambio de la reapertura del estrecho y del compromiso de Teherán de no enriquecer uranio por encima del 60%. La propuesta fue bien recibida por el ala pragmática del régimen iraní — representada por el propio Araqchi —, pero rechazada por la Guardia Revolucionaria y por el ala dura del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que insisten en que la reapertura de Ormuz solo se producirá cuando Estados Unidos retire su flota del Golfo Pérsico y levante todas las sanciones, no solo las europeas. La posición europea, que intenta desmarcarse de la política de máxima presión de Washington ofreciendo incentivos en lugar de amenazas, choca además con la realidad de que la UE carece de capacidad militar para garantizar la libertad de navegación en el Golfo si Irán decide mantener el cierre, y de que cualquier acuerdo que se alcance sin la participación de Estados Unidos será frágil porque Washington puede desautorizarlo en cualquier momento.
Los mercados financieros reflejan la incertidumbre con una volatilidad que ha alcanzado niveles no vistos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El índice de volatilidad VIX, conocido como el «índice del miedo», se sitúa en 28 puntos, muy por encima de su media histórica de 20, y los flujos de capital se han desplazado masivamente hacia activos refugio: el oro ha superado los 3.500 dólares la onza, el franco suizo se ha apreciado un 4% frente al euro en las últimas dos semanas, y la deuda soberana alemana a diez años ha visto caer su rentabilidad hasta el 1,9%, señal de que los inversores buscan la seguridad de los bonos del Tesoro germano ante la perspectiva de una desaceleración económica global. Las bolsas europeas han sufrido especialmente: el IBEX 35 español ha cerrado la semana en 17.667 puntos, su peor registro desde octubre de 2023, arrastrado por la caída de los valores turísticos — sensibles al encarecimiento de los combustibles de aviación — y de los utilities — afectados por la incertidumbre sobre los precios de la energía —. Los bancos, que habían sido el motor del IBEX en los dos primeros meses del año gracias a la expectativa de tipos altos, han corregido a la baja porque el mercado ha empezado a descontar que la escalada de la inflación podría derivar en una recesión que aumente la morosidad.
La cuestión energética se ha convertido en el hilo conductor que conecta la crisis geopolítica con la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. En España, el precio del litro de gasolina 95 ha superado los 1,75 euros esta semana, un máximo desde julio de 2022, y los transportistas han amenazado con paros parciales si el Gobierno no activa una bonificación al gasóleo profesional similar a la que aplicó durante la crisis del gas de 2022. El Ministerio de Hacienda ha respondido que está «evaluando todas las opciones» pero que no quiere repetir la experiencia de las bonificaciones generalizadas, que en 2022 costaron más de 6.000 millones de euros y beneficiaron por igual a todos los consumidores independientemente de su nivel de renta. La alternativa que maneja el Gobierno es una bonificación selectiva destinada a transportistas profesionales, agricultores y pescadores, financiada con los ingresos extraordinarios que la escalada del petróleo genera en concepto de IVA e impuestos especiales. Pero incluso esa medida limitada requiere un acuerdo con los socios de coalición y con el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, un proceso que en las mejores condiciones lleva semanas y que en el actual contexto de fragmentación parlamentaria podría prolongarse indefinidamente.
Para los analistas de relaciones internacionales, el estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos revela un patrón conocido en la historia de los conflictos asimétricos: la incapacidad de las grandes potencias para cerrar guerras que comenzaron con un objetivo claro pero que han evolucionado hacia una situación en la que ninguna de las partes puede declarar la victoria sin hacer concesiones inaceptables para su público interno. Trump inició las operaciones contra Irán con el objetivo de destruir su programa nuclear y cambiar el régimen, pero la resistencia iraní — tanto militar como diplomática — ha convertido esos objetivos en inalcanzables sin una escalada que implicaría una guerra terrestre que Washington no puede ni quiere afrontar. Irán, por su parte, ha conseguido sobrevivir a los bombardeos y mantener el cierre de Ormuz como su principal baza negociadora, pero no puede sostener indefinidamente una economía de guerra que ya ha provocado una devaluación del rial del 40% y una inflación interna del 65%. El resultado es un equilibrio de debilidades en el que ambas partes prefieren el statu quo — doloroso pero manejable — al riesgo de una negociación que podría ser percibida como una rendición. Ese equilibrio puede durar semanas o meses, y mientras dure, las economías europeas seguirán pagando el precio de un conflicto que no eligieron, que no pueden resolver y que erosiona cada día un poco más la frágil recuperación postcovid.
La posición de España en esta crisis es la de un país que ha apostado por la vía diplomática y la legalidad internacional, pero que carece de los instrumentos de poder necesarios para influir en el desenlace. La negativa a autorizar Rota y Morón fue una decisión de principios — la defensa de la soberanía y del derecho internacional —, pero sus consecuencias prácticas — la degradación por el Pentágono, la pérdida de acceso a inteligencia, la exposición económica a la escalada del petróleo — ponen de manifiesto la vulnerabilidad de un país que depende de otros para su seguridad energética, su defensa militar y su información estratégica. La semana que comienza será decisiva para calibrar si la apuesta española por la vía europea puede compensar los costes de la ruptura con Washington, o si la acumulación de crisis — la huelga médica, Kitchen, Koldo, el Pentágono, la inflación — acabará por desbordar la capacidad de un Gobierno que, por primera vez en esta legislatura, se enfrenta a la posibilidad real de perder el control de la agenda.
