El parque Krekovic figura entre los espacios verdes con mayor afluencia diaria del distrito de Llevant. Según relatan fuentes vecinales, varios transeúntes presenciaron la escena y decidieron grabarla con sus teléfonos móviles ante lo que consideraron un uso indebido de una infraestructura destinada exclusivamente al consumo de agua potable. Las imágenes muestran, siempre según esa versión, a un varón lavándose los pies y las piernas directamente sobre el surtidor, en un entorno frecuentado habitualmente por ancianos y niños.
El vídeo se ha difundido con rapidez entre los residentes de la zona, que lo señalan como un ejemplo más de lo que describen como un deterioro del respeto al espacio público. No es la primera vez que se documenta un episodio de estas características en la capital balear: con anterioridad, en la plaza de Pere Garau —enclave comercial próximo al mercado municipal y con intenso tránsito peatonal—, varios vecinos fotografiaron a otro hombre utilizando de forma similar una fuente gestionada por la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) como si fuera una ducha al aire libre.
La reiteración de este tipo de conductas en puntos muy transitados de Palma ha devuelto al primer plano una discusión recurrente sobre el uso cívico del mobiliario urbano, en una ciudad que combina una intensa presión turística con la llegada de personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas sin acceso regular a servicios básicos de higiene.
El marco legal y su difícil aplicación
Las fuentes públicas de agua potable en España se rigen por las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, que habitualmente prohíben su uso para fines distintos al consumo humano, incluidos el aseo personal, el lavado de ropa o de vehículos. En Palma, la normativa municipal de limpieza urbana contempla sanciones económicas para quienes hagan un uso indebido de las infraestructuras hidráulicas municipales. Su aplicación práctica, sin embargo, depende de que se identifique a la persona infractora en el momento de los hechos, algo que rara vez ocurre cuando la denuncia llega después a través de un vídeo grabado por terceros.
El Ayuntamiento de Palma, gobernado por Jaime Martínez (PP) desde junio de 2023, no ha realizado hasta el momento declaraciones específicas sobre este episodio. El consistorio ha desarrollado en los últimos años campañas de civismo urbano orientadas al cuidado de parques y zonas verdes. A la fecha, no consta la apertura de un expediente sancionador ni la identificación formal de la persona que aparece en las imágenes.
Colectivos de defensa de los derechos de los migrantes han advertido, en episodios comparables registrados en otras localidades españolas, contra la exposición pública de personas identificables en vídeos difundidos sin su consentimiento. Estas entidades subrayan que tal difusión puede vulnerar el derecho a la propia imagen recogido en la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con independencia de la conducta que motive la grabación.
Higiene pública y presión sobre la vivienda
Asociaciones vecinales de Palma llevan años reclamando una mayor dotación de infraestructuras de higiene pública —duchas y aseos gratuitos— en zonas con concentración de personas sin hogar. Entidades sociales como Càritas vinculan el aumento del sinhogarismo en Baleares al encarecimiento sostenido de la vivienda en el archipiélago. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa a las Islas Baleares entre las comunidades con los precios de vivienda más elevados de España, un factor que las organizaciones sociales relacionan con el incremento de personas en alojamientos precarios en municipios como Palma.
La ciudad combina esa carestía habitacional con una economía fuertemente dependiente del turismo, que en temporada alta multiplica su población flotante y somete a fuerte presión los servicios básicos. La convivencia entre residentes y esa afluencia estacional alimenta periódicamente debates sobre el uso del espacio común.
El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Palma. Episodios de uso indebido de fuentes, bancos o mobiliario urbano se han repetido en distintas ciudades españolas en los últimos años, y en la mayoría de los casos han quedado circunscritos al ámbito local, sin derivar en decisiones normativas de calado más allá del refuerzo puntual de las ordenanzas municipales de convivencia.
El episodio del parque Krekovic conjuga así tres planos: el civismo en el uso del mobiliario urbano, la falta de infraestructuras de higiene accesibles para personas en situación de vulnerabilidad y la gestión municipal del espacio público en una ciudad tensionada por la presión demográfica y turística.
A falta de una respuesta oficial del Ayuntamiento de Palma o de Emaya sobre lo ocurrido en Krekovic, el debate permanece por ahora en el ámbito vecinal y en las redes sociales. La eventual apertura de un expediente sancionador quedaría condicionada, conforme a la ordenanza municipal, a que se lograra identificar de forma fehaciente a la persona que aparece en las imágenes, un requisito que hasta la fecha no se ha cumplido.
