La organización ecologista desplegó una pancarta negra con el lema «España arde. Vuestra inacción nos mata» en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo, en lo que definió como una protesta pacífica. Según su propio recuento, los incendios de este verano se habrían cobrado quince víctimas mortales directas y habrían afectado a más de 100.000 personas entre desplazadas y confinadas. Greenpeace reclamó a los partidos con representación parlamentaria que aborden la emergencia climática y «hagan política en mayúsculas», y afeó a las administraciones lo que calificó de «inacción».
La protesta se produce en un contexto de escalada del fuego: en lo que va de 2026 se han calcinado más de 172.400 hectáreas en toda España, una cifra que multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025, según los datos trasladados por los servicios de emergencia. Este tipo de comparativas interanuales, habituales en los balances del Ministerio para la Transición Ecológica y del Sistema Español de Información sobre Incendios Forestales, permiten dimensionar la severidad de cada temporada, si bien deben matizarse con la pluviometría acumulada y la carga de combustible vegetal disponible en cada ejercicio.
El marco competencial en materia de extinción de incendios forestales corresponde principalmente a las comunidades autónomas, que gestionan sus propios operativos con apoyo del Estado a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los medios aéreos estatales coordinados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Ese reparto, vigente desde la descentralización autonómica desarrollada tras la Constitución de 1978, ha sido objeto recurrente de debate en episodios de grandes incendios, cuando distintos grupos parlamentarios han reclamado mayor coordinación entre administraciones y un refuerzo de las plantillas de bomberos forestales fuera de la temporada estival.
Los frentes activos y la investigación judicial en Granada
En la Comunidad Valenciana, el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón) mantenía este miércoles unas 10.000 hectáreas afectadas y cerca de 10.000 personas evacuadas, según los servicios de emergencia autonómicos. Más de 600 efectivos continuaban trabajando en el perímetro, y los medios aéreos se incorporaron a primera hora tras una noche en la que los equipos terrestres lograron avances en la consolidación de las líneas de defensa.
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, señaló que el incendio de la Sierra Oeste afrontaba un «día clave» para evitar reactivaciones y encaminar el fuego hacia su estabilización, tras una noche de «evolución positiva» pero con «mucha alerta» ante las condiciones meteorológicas previstas. La coincidencia de estos frentes con los declarados en Toledo y Ávila ilustra la magnitud de la temporada.
En el plano judicial, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con los Agentes de Medio Ambiente y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, ha identificado a dos personas como presuntas responsables del incendio declarado el pasado 9 de julio en el Cerro de San Miguel, en Granada. Según la investigación, el fuego se originó por la quema de residuos acumulados en un vertedero ilegal situado en el interior de una cueva y se propagó al terreno forestal colindante hasta calcinar aproximadamente 1,5 hectáreas, unos 15.000 metros cuadrados.
El incendio granadino afectó también a una vivienda cueva habitada, cuyo ocupante corrió serio peligro, y provocó el deterioro parcial de varias bombonas de butano que estuvieron a punto de explotar, además de dañar árboles frutales, almendros y olivos de la parcela. El caso ilustra una de las causas más habituales de los siniestros forestales durante el verano: el uso indebido del fuego en labores de limpieza de terrenos, que concentra buena parte de los incendios de origen antrópico según los balances de los servicios de prevención.
Un debate parlamentario que se repite en cada gran temporada
Ningún grupo parlamentario había respondido de forma oficial a la protesta de Greenpeace hasta la publicación de esta información. La gestión de los incendios y la financiación de los operativos de extinción suele canalizarse en las Cortes a través de preguntas al Gobierno y comparecencias de responsables ministeriales, un mecanismo previsto en el Reglamento del Congreso para el control de la acción del Ejecutivo.
España ha vivido episodios de incendios de gran magnitud en veranos anteriores. En 2022, varias comunidades autónomas sumaron un balance anual que superó las 300.000 hectáreas quemadas en el conjunto del país, según los registros del ministerio. Aquellos episodios derivaron en debates parlamentarios sobre la necesidad de reforzar los presupuestos de prevención durante todo el año, y no solo en la campaña estival, así como sobre la despoblación rural como factor que favorece la acumulación de combustible vegetal en los montes.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, estableció compromisos de reducción de emisiones y de adaptación al calentamiento global, pero no contempla de forma específica un plan estatal de prevención de incendios vinculante para las comunidades autónomas, competentes en la materia. La protesta de Greenpeace se enmarca en la tradición reivindicativa de las organizaciones ecologistas, que en años anteriores han recurrido a acciones similares para presionar por una legislación más exigente en gestión forestal.
En los próximos días, la evolución de los frentes activos en Castellón, Madrid, Toledo y Ávila será determinante para calibrar el balance de la temporada, mientras persiste el riesgo por la nueva ola de calor. La actividad parlamentaria de las próximas semanas podría incluir peticiones de comparecencia de responsables del Gobierno y de los consejeros autonómicos, en un contexto en el que las autoridades insisten en calificar la situación de emergencia meteorológica y estructural.
