La escalada verbal se produce en el marco de un conflicto que enfrenta a Israel e Irán desde hace meses, con Estados Unidos como actor cada vez más presente tras los bombardeos selectivos que la Administración Trump habría autorizado contra instalaciones nucleares iraníes en la primavera de 2026. Aquella intervención, la más directa de Washington sobre suelo iraní desde la revolución islámica de 1979, marcó un punto de inflexión que Teherán no ha dejado de invocar como justificación para sus amenazas de represalia.
Fuentes iraníes habrían situado dentro del abanico de objetivos las bases estadounidenses en territorio europeo —entre ellas Ramstein, en Alemania; Aviano, en Italia, o Incirlik, en Turquía, esta última bajo mando de la OTAN— si Washington amplía su participación bélica más allá del apoyo actual a Israel. Ninguna de estas instalaciones ha registrado hasta la fecha incidentes de seguridad vinculados a la advertencia.
La hostilidad se remonta a 1979, cuando la caída del sah, aliado de Washington, y la posterior crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán rompieron unas relaciones que nunca se han normalizado. Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido sanciones económicas casi ininterrumpidas contra la República Islámica, reforzadas tras la retirada unilateral de Trump en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), pacto que Irán había suscrito con las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.
La dimensión europea del pulso añade una capa de riesgo para la OTAN, cuyos aliados llevan meses intentando mantenerse al margen de una escalada directa con Teherán. Alemania, Italia y Turquía albergan personal militar estadounidense clave tanto para las operaciones en Oriente Próximo como para el flanco oriental de la Alianza frente a Rusia. Cualquier amenaza sobre estas bases entronca con el artículo 5 del Tratado de Washington, que consagra la defensa colectiva, aunque su activación exigiría un ataque efectivo y no una simple advertencia.
Un programa nuclear en disputa y una diplomacia sin frutos
Israel ha defendido que sus operaciones contra Irán responden a lo que su Gobierno considera una amenaza existencial derivada del programa nuclear iraní, cuyo grado de avance ha sido objeto de informes contradictorios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a lo largo de 2025 y 2026. Teherán insiste en que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles, mientras Washington y Tel Aviv sostienen que Irán habría acumulado uranio enriquecido muy por encima de los límites fijados en el acuerdo de 2015.
Las gestiones diplomáticas para frenar el conflicto han pasado por varias rondas de contactos indirectos, con Catar y Omán como intermediarios habituales entre Washington y Teherán, un papel que ambos países han desempeñado en crisis anteriores, incluida la liberación de detenidos estadounidenses en 2023. Hasta el momento, ninguna de estas gestiones ha desembocado en un alto el fuego estable ni en un marco de negociación formal reconocido por las partes.
El precedente más cercano a la actual amenaza sobre bases estadounidenses se remonta a enero de 2020, cuando Irán lanzó misiles contra la base de Ain al Asad, en Irak, en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimani, ordenado por Trump en su primer mandato. Aquel ataque, que causó decenas de heridos entre el personal estadounidense pero ninguna víctima mortal, se interpretó como una respuesta calculada para evitar una guerra abierta, un patrón que Teherán podría repetir ahora como estrategia de disuasión sin cruzar el umbral de un conflicto directo con Washington.
Desde el Departamento de Estado no se ha ofrecido una respuesta oficial a la advertencia atribuida a Teherán, si bien fuentes de la Administración Trump habrían reiterado en las últimas semanas que cualquier ataque contra intereses o personal estadounidense recibiría una respuesta contundente. La Casa Blanca ha evitado precisar qué forma tomaría esa reacción o si contempla un despliegue adicional de tropas en la región.
El coste del conflicto ya se deja sentir en los mercados energéticos. El estrecho de Ormuz, por donde transita en torno a una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente según la Agencia Internacional de la Energía, se ha mantenido operativo pese a las tensiones, aunque los precios del crudo han registrado repuntes puntuales cada vez que Teherán ha insinuado la posibilidad de cerrar el paso marítimo, algo que nunca ha llegado a materializar.
En el plano institucional, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 exige que el presidente informe al Congreso en un plazo de 48 horas tras el despliegue de fuerzas armadas en un conflicto y limita a 60 días la actuación sin autorización expresa del Legislativo, un marco que ya generó fricciones durante los bombardeos de la pasada primavera. Las dos cámaras se mantienen divididas sobre el grado de autorización que el Ejecutivo necesitaría para una intervención militar sostenida contra Irán.
La Unión Europea ha llamado a la contención a través de su Alto Representante para Asuntos Exteriores, recordando que Bruselas mantiene canales diplomáticos abiertos con Teherán pese a las sanciones vigentes desde 2022 por la represión de las protestas internas y el suministro de drones a Rusia para la guerra en Ucrania. Esa doble vía —presión sancionadora y diálogo— distingue la posición europea tanto del alineamiento israelí como de la política de máxima presión que Washington ha retomado bajo la actual Administración.
Los próximos días serán determinantes para calibrar si la amenaza iraní se traduce en gestos concretos o queda en el terreno de la advertencia disuasoria. La atención se centrará en si Catar y Omán logran reactivar algún canal de negociación y en si Trump ordena o descarta una escalada del apoyo militar estadounidense a Israel, una decisión que marcará el rumbo del conflicto en las semanas venideras.
