Alberto Núñez Feijóo eligió Ceuta como escenario para exigir este martes al Gobierno que impida la entrada en España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y persona sometida a sanciones de la Unión Europea, después de que el presidente Pedro Sánchez la haya invitado a la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre en Madrid. Desde la ciudad autónoma, el líder del Partido Popular reclamó simultáneamente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y anunció actuaciones para impulsar la desclasificación de los documentos relativos al proceso de regularización de migrantes.
Sanciones europeas que prohíben la entrada en territorio de la UE
Delcy Rodríguez figura en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea en el marco del régimen restrictivo adoptado por Bruselas contra altos cargos del Gobierno venezolano, vigente desde 2017 y renovado periódicamente por el Consejo de la UE en respuesta a la crisis del Estado de derecho en Venezuela. Las sanciones a personas físicas establecidas en ese régimen conllevan, entre otras medidas, la prohibición expresa de entrada en el territorio de los Estados miembros, lo que convierte la eventual presencia de Rodríguez en suelo español en un asunto con consecuencias jurídicas directas, no solo políticas. La modificación, suspensión o mantenimiento de esas listas requiere acuerdo entre los Veintisiete en el seno del Consejo, con el Parlamento Europeo como instancia de control político.
La invitación del Gobierno español no es un hecho sin antecedente. En enero de 2019, la entonces vicepresidenta venezolana Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas en escala técnica durante un viaje a Moscú, generando una crisis diplomática de primer nivel: el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió con ella en el propio aeropuerto, un encuentro que el Ejecutivo de Sánchez reconoció pero sobre el que nunca ofreció una explicación completa. Aquel episodio, que el PP utilizó como arma parlamentaria durante meses, constituye el precedente histórico más directo con el que se compara la actual controversia.
La ofensiva del PP en el Parlamento Europeo, liderada por González Pons
El eurodiputado Esteban González Pons encabeza un bloque de ocho parlamentarios del Partido Popular en el Parlamento Europeo con el objetivo declarado de presionar al Consejo de la UE para que mantenga las sanciones vigentes contra Rodríguez. El grupo tiene como interlocutor prioritario el Consejo Europeo, órgano integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete y que define la orientación política de la Unión en materia de relaciones exteriores, incluidas las listas de personas sancionadas. La iniciativa añade una dimensión comunitaria a lo que el PP había planteado hasta ahora como debate estrictamente interno.
El PP defendió desde Ceuta que la invitación cursada por Sánchez vulnera el espíritu del régimen sancionador europeo y exigió al Ejecutivo que la retire. El Gobierno de Sánchez, según la información disponible al cierre de esta pieza, no había ofrecido una respuesta pública detallada a ninguna de las dos líneas de presión abiertas por la oposición, ni sobre la presencia de Rodríguez en la cumbre ni sobre las exigencias relativas al ministro Marlaska.
Marlaska y la desclasificación de documentos sobre regularización migratoria
En paralelo a la cuestión venezolana, Feijóo vinculó la jornada ceutí con una segunda línea de ataque al Ejecutivo: la exigencia de dimisión del titular de Interior y el anuncio de actuaciones para desclasificar los documentos relacionados con el proceso de regularización de migrantes. El PP no ha precisado qué vía parlamentaria o administrativa utilizará para impulsar esa desclasificación, ni ha fijado plazo alguno para presentar la iniciativa concreta. El marco aplicable para la desclasificación de documentos oficiales en España es la Ley de Secretos Oficiales de 1968, cuya reforma lleva años pendiente en el Congreso sin que ningún Gobierno haya logrado sustituirla.
Ceuta, escenario con carga simbólica deliberada
La elección de Ceuta como lugar de las declaraciones de Feijóo no es circunstancial. La ciudad autónoma concentra de forma estructural el debate sobre gestión migratoria, control de fronteras y coordinación con Marruecos, y fue escenario en mayo de 2021 de una crisis migratoria sin precedentes recientes cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas, según datos del Ministerio del Interior. Ese contexto geográfico y político refuerza simultáneamente las críticas del PP a Marlaska y el discurso del partido sobre la regularización, dotando al acto de una coherencia narrativa que una comparecencia en Madrid no habría proporcionado.
La Cumbre Iberoamericana de noviembre y el dilema del Gobierno
La Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre en Madrid es un foro multilateral que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de países iberoamericanos y de la Península Ibérica, con la Secretaría General Iberoamericana —con sede en Madrid— como organismo permanente de apoyo. España ha ejercido históricamente un papel activo como anfitriona de ese marco. La invitación a delegaciones de Gobiernos con los que la UE mantiene diferencias en materia de derechos humanos ha generado tensiones diplomáticas en ediciones anteriores, pero la presencia de una persona con sanciones europeas vigentes introduce una variable jurídica de distinta naturaleza: no es un desacuerdo político, sino una obligación vinculante para los Estados miembros.
Las próximas semanas determinarán si la ofensiva de González Pons en Bruselas logra articular un pronunciamiento formal del Parlamento Europeo o del Consejo sobre las sanciones a Rodríguez antes de la celebración de la cumbre de noviembre. En el frente interior, el PP deberá concretar las vías parlamentarias con las que materializará sus anuncios sobre Interior y la documentación migratoria. El Gobierno de Sánchez afronta la doble presión de justificar ante sus socios europeos una invitación que colisiona con el régimen sancionador comunitario y de responder ante la oposición a unas exigencias que, de momento, ha dejado sin contestación pública.
