Según el comunicado difundido por el Departamento de Estado, entre las entidades señaladas figuran tres compañías vinculadas al sector energético cubano: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A. Washington sostiene que estas sociedades habrían servido de vehículo para sortear el embargo estadounidense, vigente desde 1962, y para generar ingresos que el Gobierno cubano destinaría a sostener su aparato de seguridad, según la versión estadounidense.
La inclusión del ministro de Salud entre los sancionados constituye uno de los elementos singulares de esta tanda, ya que las medidas previas del Departamento de Estado se habían concentrado mayoritariamente en cargos vinculados a Defensa, Interior o al Ejército cubano. El veto se apoya en la Ley Helms-Burton de 1996, que codificó el embargo comercial y financiero contra la isla, y en las órdenes ejecutivas que desde entonces han permitido a distintas Administraciones ampliar el listado de personas y entidades excluidas del sistema financiero estadounidense.
En la práctica, las sanciones congelan cualquier activo que las entidades y los dos funcionarios pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o empresas de Estados Unidos mantener relaciones comerciales o financieras con ellos. Se trata de un mecanismo habitual del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que en las últimas dos décadas han recurrido a listas similares —la más conocida, la del programa OFAC— para presionar a gobiernos como los de Venezuela, Irán o Rusia sin necesidad de intervención militar ni de aprobación adicional del Congreso.
El anuncio llega apenas tres días después de que el propio Departamento de Estado publicara un informe en el que calificaba a Cuba de epicentro del terrorismo internacional en el siglo XXI, una designación que La Habana rechazó de plano y que se suma a la inclusión de la isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, reactivada por Washington en enero de 2021, en los últimos días de la primera Administración de Donald Trump, y mantenida desde entonces pese a las gestiones diplomáticas cubanas para revertirla.
La respuesta cubana y el registro de los derechos humanos
El Gobierno cubano no había ofrecido hasta la noche del jueves una respuesta oficial detallada a esta ronda concreta, aunque ante medidas similares su Ministerio de Relaciones Exteriores ha calificado reiteradamente el embargo estadounidense de «genocida» y ha responsabilizado a Washington de buena parte de la crisis económica que atraviesa la isla, marcada por la escasez de combustible, los apagones prolongados y una inflación que el propio Gobierno cubano ha reconocido en cifras de dos dígitos en los últimos ejercicios. La atribución de esa palabra corresponde a pronunciamientos previos del Ejecutivo cubano recogidos en su posición histórica sobre el embargo.
Organizaciones de derechos humanos con sede fuera de la isla, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, han documentado en sus informes cientos de casos de detenidos vinculados a movimientos opositores desde las protestas del 11 de julio de 2021, la mayor movilización social registrada en Cuba desde el llamado Maleconazo de 1994. Washington cita habitualmente estos registros para justificar la ampliación de sus listas de sancionados, mientras que La Habana los rechaza por considerarlos financiados o instrumentalizados desde el exterior.
El embargo estadounidense sobre Cuba, vigente con distintas intensidades desde hace más de sesenta años, ha sido condenado de forma reiterada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resoluciones no vinculantes aprobadas casi por unanimidad cada año desde 1992, la última con 187 votos a favor y solo dos en contra, Estados Unidos e Israel. Washington sostiene que se trata de un asunto bilateral ajeno a la competencia de la ONU y ha mantenido su política pese a estas votaciones.
La política hacia Cuba ha oscilado de forma pronunciada entre Administraciones sucesivas. Barack Obama impulsó en 2014 y 2015 un histórico deshielo diplomático que incluyó la reapertura de embajadas en Washington y La Habana, revertido en gran parte durante el primer mandato de Trump y no restablecido de forma sustancial por Joe Biden, que mantuvo la mayoría de las restricciones heredadas. La actual Administración ha optado por intensificar la presión económica, en línea con el historial de su primer mandato.
Una isla en crisis, entre socios externos y foros multilaterales
Cuba, con una población en torno a los 11 millones de habitantes según sus estimaciones censales, atraviesa desde 2019 la crisis económica más severa desde el llamado Periodo Especial de los años noventa, agravada por la pandemia de covid-19, la caída del turismo y la reducción de la ayuda venezolana derivada de la propia crisis de Caracas. El Producto Interior Bruto cubano encadena varios años de contracción o estancamiento según los escasos datos oficiales, en un contexto de opacidad estadística que dificulta la verificación independiente por organismos internacionales.
En el plano geopolítico, Cuba mantiene alianzas estrechas con Venezuela, Rusia y China, países con los que ha reforzado la cooperación energética y financiera ante el estrangulamiento del embargo. Moscú ha renegociado en los últimos años parte de la deuda soviética heredada por La Habana, mientras que Pekín se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de la isla, en un marco de competencia estratégica más amplia entre Estados Unidos y China en el hemisferio occidental.
La ampliación de esta lista no requiere aprobación adicional del Congreso estadounidense y puede revisarse o revertirse por decisión del propio Departamento de Estado, como ha ocurrido en el pasado con individuos y entidades excluidos posteriormente de listas similares tras cambios de circunstancias o de política exterior. Por el momento, no hay indicios de que Washington contemple una flexibilización a corto plazo, en un año en el que el ciclo político estadounidense de cara a 2028 ha reactivado el debate sobre el peso del voto cubanoamericano en Florida.
Cuba puede recurrir a foros multilaterales como la ONU o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para denunciar el impacto de estas medidas, camino que ha explorado repetidamente sin resultados prácticos que alteren la política estadounidense. En el plano interno, el Gobierno de Díaz-Canel deberá decidir si mantiene su estrategia de denuncia diplomática o si introduce ajustes en la gestión de las entidades señaladas, entre ellas las energéticas, cuyo funcionamiento resulta crítico para paliar la crisis de suministro eléctrico que afecta a la isla desde hace meses.
