El movimiento se produce en un momento en que el andamiaje jurídico de la política arancelaria de Donald Trump atraviesa dificultades. Buena parte de los gravámenes impuestos desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 se habían sustentado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma de 1977 pensada originalmente para sancionar a países hostiles o congelar activos en situaciones de emergencia nacional, no para fijar aranceles de forma generalizada. Esa interpretación ha sido cuestionada ante los tribunales estadounidenses, lo que ha llevado a la Administración a buscar un fundamento legal alternativo.
La Sección 301, por contraste, ofrece un marco jurídico más consolidado. Ya fue utilizada durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, para justificar los aranceles impuestos a China por presuntas prácticas comerciales desleales, entre ellas la transferencia forzosa de tecnología y la falta de protección de la propiedad intelectual. A diferencia de la IEEPA, este mecanismo exige una investigación previa por parte del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) que documente el perjuicio comercial, lo que dota a la medida de mayor blindaje frente a impugnaciones judiciales.
Según el análisis remitido por los economistas de Coface, el impacto inmediato sobre el nivel medio de aranceles que paga Estados Unidos debería ser limitado, ya que las nuevas tasas no se acumulan de forma automática sobre los gravámenes ya vigentes ni alteran de forma sustancial el tipo medio efectivo aplicado a las importaciones. La transición, subrayan, es más significativa por lo que revela sobre la intención de Washington que por su efecto cuantitativo inmediato. Las nuevas imposiciones no recuperan, además, la totalidad del régimen anterior, que incluía recargos adicionales dirigidos a determinados países o productos, una segunda capa de medidas que la Administración podría tratar de restablecer en los próximos meses.
"Esta decisión no es simplemente una renovación técnica de los aranceles vigentes. Demuestra, ante todo, la voluntad de Washington de convertir un régimen cuestionado en un marco arancelario más sostenible", explicó Marcos Carias, economista para Norteamérica de Coface, en el informe distribuido por la firma. "Para las empresas, el mensaje es claro: el riesgo de los aranceles estadounidenses sigue siendo elevado, incluso cuando una medida está a punto de expirar", añadió.
Uno de los argumentos empleados por la Administración estadounidense para sustentar los nuevos gravámenes es la existencia de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de los países afectados. Según recoge Coface, "Washington reta a los países afectados y asegura que ellos no cuentan con mecanismos eficaces para prohibir o controlar las importaciones derivadas del trabajo forzoso". Los analistas de la firma advirtieron, no obstante, de que esa justificación podría ser cuestionada judicialmente por las empresas importadoras, dado que se aplica a un grupo muy amplio de socios comerciales.
La nueva investigación sobre sobrecapacidad
El expediente abierto bajo la Sección 301 se centra en la denominada sobrecapacidad estructural, concepto que Washington emplea para referirse a la producción industrial que excede la demanda interna de un país y que, según la tesis estadounidense, se coloca en mercados exteriores a precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales u otras ventajas no comerciales. La investigación afecta a 16 economías: China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Vietnam, México y varios países del Sudeste Asiático, según el detalle aportado por Coface. Por el momento no se conocen ni el calendario de resolución ni el nivel de los aranceles que podrían derivarse de ella.
El procedimiento permitiría a la Casa Blanca dirigir medidas más específicas y selectivas contra determinadas economías o sectores, en lugar de aplicar gravámenes horizontales como los que entran en vigor ahora. Este enfoque recuerda al empleado durante la primera guerra comercial con China, cuando Washington fue ampliando progresivamente las listas de productos afectados a medida que avanzaban las pesquisas del USTR. En paralelo, la Administración mantiene abiertas otras investigaciones sectoriales en ámbitos como el aeroespacial, los drones, el equipamiento médico, la robótica, la maquinaria industrial, las turbinas eólicas, los minerales críticos y el polisilicio, material esencial en la fabricación de paneles solares y semiconductores. Tampoco en estos casos es posible anticipar qué medidas concretas se adoptarán, pero su apertura confirma que la política comercial estadounidense continúa en una fase de revisión activa.
La Comisión Europea, cuyo bloque figura entre las 16 economías investigadas, ha reiterado en anteriores ocasiones su disposición a negociar una relación comercial equilibrada y previsible con Washington, al tiempo que ha advertido de que estudiaría represalias si se vieran perjudicados sectores estratégicos europeos. La UE dispone desde 2023 del llamado instrumento anticoerción, un mecanismo aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo que habilita a Bruselas a responder con medidas comerciales a la presión económica de terceros países. China, Japón, Corea del Sur, India y México, también incluidos en la pesquisa, no han fijado por ahora una posición común frente a la nueva línea estadounidense.
El marco normativo estadounidense en materia arancelaria descansa en varias leyes que otorgan al presidente distintos grados de discrecionalidad: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, empleada ahora; la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional y que ya se ha usado con el acero, el aluminio y el sector del automóvil; y la IEEPA de 1977, cuyo uso arancelario es el que afronta mayor litigiosidad ante los tribunales federales. La Corte Suprema no se ha pronunciado todavía de forma definitiva sobre los límites de esta última norma en materia comercial.
El precedente más directo de la situación actual se remonta a 2018, cuando la primera Administración Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares invocando también la Sección 301, tras una investigación de más de un año sobre transferencia forzosa de tecnología. Aquel episodio derivó en una escalada de represalias mutuas entre Washington y Pekín que solo se atenuó parcialmente con la firma de la llamada "fase uno" del acuerdo comercial en enero de 2020, sin que llegara a resolverse el fondo de las disputas estructurales entre ambas economías.
De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en dos frentes. Por un lado, en si los tribunales estadounidenses terminan restringiendo el uso de la IEEPA para fines arancelarios, lo que reforzaría el papel de la Sección 301 como herramienta principal. Por otro, en el desarrollo de la investigación sobre sobrecapacidad, cuyo desenlace podría traducirse en nuevos aranceles selectivos contra China, la UE o los países del Sudeste Asiático, aunque ni Washington ni las partes investigadas han ofrecido por ahora plazos concretos.
