El relato de una joven identificada bajo el nombre ficticio de Amira, de 17 años, ilustra la magnitud del problema. Su familia habitaba los barrios orientales de El Fasher, ciudad que quedó sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), el grupo paramilitar que sostiene desde abril de 2023 una disputa armada con el ejército sudanés por el control del país. El Fasher representaba el último bastión militar del gobierno en la región occidental de Darfur hasta que, tras 18 meses de combates, cayó en octubre de 2025 en manos de las RSF y de milicias árabes aliadas.
Para las decenas de miles de civiles que permanecieron atrapados en la ciudad durante el asedio, la vida cotidiana se redujo a sobrevivir entre bombardeos, enfrentamientos armados y una severa escasez de alimentos. En ese contexto, a comienzos de 2025, Amira y su familia decidieron huir en busca de un lugar más seguro. Fue durante esa fuga, en una carretera al suroeste de la ciudad, cuando ella asegura que fue secuestrada por tres hombres armados pertenecientes a las RSF.
Amira relató a la BBC que fue trasladada con los ojos vendados hasta la zona de Tabit, al sur de El Fasher, donde permaneció encerrada. "Me encerraron en una habitación durante dos meses y, cada día, uno de ellos me violaba por turnos", declaró en la entrevista. Al descubrir que estaba embarazada y presentar complicaciones de salud, los hombres que la retenían decidieron abandonarla cerca del lugar donde había sido capturada.
La joven logró recibir ayuda de otras personas que huían de la misma zona y fue trasladada para recibir atención médica. Meses más tarde dio a luz en un hospital gestionado por la organización International Medical Corps, ubicado en un territorio fuera del control de las RSF. Allí recibió apoyo de la Fundación Nada al Azhar para la Prevención de Desastres y el Desarrollo Sostenible, una organización humanitaria sudanesa que, según el relato, logró además localizar a la familia de Amira, que había conseguido llegar a un campamento donde se concentran cientos de miles de desplazados provenientes de El Fasher.
Un vacío legal que persiste tras el reencuentro
El reencuentro familiar trajo alivio, pero no resolvió el problema de fondo. Ocho meses después del nacimiento de su hijo, Amira continúa sin poder inscribirlo oficialmente. "Este hijo mío no tiene padre, no tiene certificado de nacimiento ni número nacional de identificación", explicó. La joven detalló que incluso obtener una notificación de nacimiento del hospital exige datos que no posee, en particular sobre la identidad del padre, algo que no puede proporcionar dadas las circunstancias del embarazo.
Sin ese registro, el menor carece de acceso a vacunación, a la posibilidad de inscribirse en una guardería o en el sistema escolar, y a cualquier reconocimiento legal de su identidad. "Me preocupa su futuro porque no está registrado de ninguna manera", afirmó Amira, que describió una situación económica precaria que le impide costear tratamientos médicos y añadió que tampoco puede trabajar "por miedo a volver a sufrir violencia".
Abu Bakr Yousif Yaqoub, director de programas de protección de la Fundación Nada, señaló que el caso de Amira no constituye una excepción, sino que forma parte de una realidad que se repite en distintas zonas afectadas por el conflicto armado en Sudán. De acuerdo con su explicación, el procedimiento administrativo sudanés para registrar a un recién nacido requiere información de identidad y un número nacional vinculado a los progenitores, requisito inalcanzable cuando el padre es un agresor desconocido o cuando la madre teme represalias por identificarlo.
La guerra civil sudanesa, que se prolonga desde abril de 2023, enfrenta al ejército regular con las Fuerzas de Apoyo Rápido, una fuerza paramilitar que tiene su origen en las milicias Janjaweed que operaron en Darfur durante el conflicto de comienzos de los años 2000, entonces acusadas de perpetrar crímenes contra la población civil no árabe de la región. Organismos internacionales han documentado en distintos periodos del conflicto sudanés patrones de violencia sexual empleados como arma de guerra, una práctica que Naciones Unidas ha calificado en otros contextos armados como crimen de guerra y, en determinadas circunstancias, como crimen de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma.
La situación de los denominados hijos de la guerra no es privativa de Sudán. Conflictos como los de Bosnia en la década de 1990, Ruanda en 1994 o, más recientemente, la región de Tigray en Etiopía, han dejado precedentes de menores nacidos de violaciones cometidas en contextos bélicos que enfrentaron obstáculos similares para obtener documentos de identidad, lo que en numerosos casos derivó en apatridia de hecho y en la exclusión de esos niños de servicios básicos de salud y educación durante años.
Las organizaciones humanitarias que operan en Sudán, entre ellas International Medical Corps y la Fundación Nada al Azhar, han reclamado la adopción de mecanismos excepcionales de registro civil para los menores nacidos en zonas de conflicto, que permitan prescindir del requisito de identificación paterna en casos documentados de violencia sexual. Hasta el momento no consta que las autoridades sudanesas, divididas entre el gobierno reconocido internacionalmente y los territorios bajo control de las RSF, hayan adoptado un protocolo unificado para atender estos casos.
El desenlace de la guerra civil sudanesa permanece incierto, con enfrentamientos activos en varias regiones del país y una crisis humanitaria que organismos de Naciones Unidas han descrito entre las más severas del mundo en los últimos años. Mientras no se alcance una solución política o un mecanismo administrativo específico, miles de mujeres en la situación de Amira seguirán afrontando la doble carga de haber sobrevivido a la violencia y de no poder garantizar a sus hijos un reconocimiento legal básico, una condición que las organizaciones humanitarias advierten podría prolongarse durante generaciones.