La respuesta del Gobierno llegó tras una batería de preguntas registradas por el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán Higueras, que reclamaba conocer el número de «extranjeros en situación irregular con orden de expulsión» en cada provincia desde 2019, diferenciando entre expulsiones ejecutadas, fecha de las órdenes y resoluciones pendientes de cumplimiento. El Ejecutivo se limitó a remitir un listado con las expatriaciones efectivamente ejecutadas, desglosado por año y por provincia, sin detallar cuántas órdenes de expulsión quedaron sin aplicar ni los motivos de esa brecha.
En su respuesta, el Gobierno precisó que todas las expulsiones se tramitaron conforme a la Ley de Extranjería, que regula los procedimientos de devolución, retorno y expulsión de ciudadanos extracomunitarios en situación irregular. La norma contempla distintas vías según el caso —entrada irregular reciente, resolución judicial o administrativa firme— y exige garantías procesales que, en la práctica, pueden dilatar o impedir la ejecución material de una orden ya dictada, una circunstancia que explicaría parte de la distancia entre expulsiones acordadas y consumadas.
La serie cae de 172 a una expulsión
Los datos aportados por el Ejecutivo trazan una caída sostenida en Ceuta a lo largo de seis años. De las 172 expulsiones de 2019 se pasó a 54 en 2020, 15 en 2021, 6 en 2022, 5 en 2023, apenas 1 en 2024 y una leve recuperación hasta 4 en 2025. En conjunto, entre 2021 y 2025 se contabilizan 31 expulsiones frente a las 226 acumuladas en el bienio 2019-2020, un descenso que coincide en el tiempo con el giro diplomático de España hacia Marruecos abierto tras la crisis de mayo de 2021.
La entrada masiva de aquel año tuvo un desencadenante diplomático concreto. España había acogido y hospitalizado bajo identidad falsa al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entonces grave por covid-19, en un centro sanitario de Logroño. Cuando trascendió su presencia, el Gobierno de Marruecos advirtió de que la decisión tendría «consecuencias» para España. Días después, más de 12.000 personas —entre ellas más de un millar de menores— cruzaron a nado o saltaron la valla fronteriza durante la madrugada del 17 de mayo hacia Ceuta.
La intervención de Rabat en la crisis quedó recogida en las declaraciones públicas de su representante diplomática pocos días después del salto masivo.
«En las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, y se tienen que asumir», declaró la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, pocos días después de la entrada masiva a Ceuta.
Aquellas palabras resumieron la posición de Rabat ante el episodio y anticiparon el desenlace político que se produjo meses después. La vinculación entre la crisis fronteriza y el contencioso del Sáhara Occidental, aunque nunca formulada por el Gobierno marroquí como represalia directa, quedó subrayada por el propio lenguaje oficial de aquellos días.
El giro de Sánchez sobre el Sáhara
La crisis migratoria se resolvió con un cambio sustancial en la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental, territorio bajo administración marroquí desde la retirada española de 1975 y objeto de un contencioso de descolonización pendiente ante la ONU. En una carta dirigida al rey Mohamed VI, Pedro Sánchez trasladó el respaldo español al plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007 para el territorio.
«La importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos» y «los esfuerzos serios y creíbles» que el país realiza para alcanzar una solución en el marco de Naciones Unidas, reconoció Pedro Sánchez en la misiva remitida al monarca alauí.
Ese viraje rompió con la posición que los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido desde la Transición, apelando al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui reconocido por resoluciones de la ONU. El cambio, no sometido a votación parlamentaria, reabrió el debate sobre el control del Congreso en decisiones de política exterior con implicaciones territoriales.
El Gobierno no detalló en su respuesta a Catalán Higueras cuántas órdenes de expulsión dictadas desde 2019 permanecen sin ejecutar en Ceuta ni en el resto de provincias, un dato que el diputado de UPN había solicitado expresamente. La ausencia de esa cifra impide calcular la proporción real entre resoluciones administrativas de expulsión y su cumplimiento efectivo.
La capacidad de ejecución de expulsiones depende en gran medida de los acuerdos de readmisión vigentes con los países de origen y de la colaboración consular para la identificación de los migrantes, un proceso que puede demorarse meses o resultar inviable sin cooperación del país emisor. Marruecos, socio de la Unión Europea en el control de la frontera sur mediterránea, es la pieza central de ese engranaje en Ceuta y Melilla.
El episodio de 2021 y su desenlace diplomático se enmarcan en una relación bilateral marcada por ciclos de tensión y acercamiento, en la que la gestión de los flujos migratorios hacia Ceuta y Melilla ha funcionado como variable de presión en negociaciones sobre pesca, comercio y el propio contencioso saharaui. La estabilidad de ese acuerdo convive con episodios recientes de fricción, como el reciente aplazamiento al 31 de diciembre de la adjudicación del mayor astillero de África que afronta Rabat.
