El circuito comienza en los muelles de Iquique, donde el régimen de zona franca permite la entrada de mercancía con ventajas arancelarias. Cada año llegan a esa costa más de 60.000 toneladas de prendas procedentes de Europa y de otros continentes, según el material recogido. Desde allí, los cargamentos se trasladan a la zona franca de Alto Hospicio, donde se clasifican y redistribuyen hacia otros mercados de la región. Una parte sustancial de esas prendas no encuentra comprador y, al no existir un responsable legal claro sobre su tratamiento como residuo, acaba depositada de forma irregular en el desierto.
La magnitud excede el ámbito local. Según datos publicados por el portal Infobae en enero de 2026, el puerto de Iquique recibe cada año entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa usada, una cifra que sitúa a Chile como el cuarto mayor importador mundial de prendas de segunda mano. El flujo refleja tanto el atractivo de su régimen de zona franca como la falta de infraestructura regional para absorber semejante volumen de manera sostenible.
Un análisis conjunto de la ONG Ekō y el colectivo chileno Desierto Vestido ha permitido identificar entre los restos acumulados etiquetas de marcas como Old Navy, H&M, Adidas, Levi's, Zara, Hugo Boss, Under Armour, Tommy Hilfiger o Nike, lo que sitúa el origen de buena parte del material en cadenas de distribución europeas y norteamericanas de gran volumen.
El abandono no es el único problema. En numerosas ocasiones las prendas se queman de forma incontrolada para reducir su volumen, una práctica que contamina el suelo, amenaza las aguas subterráneas y libera sustancias tóxicas a la atmósfera. Bastian Barria, cofundador de Desierto Vestido, ha descrito que tras los incendios queda sobre la superficie una capa oscura que recuerda al petróleo endurecido, aunque su origen no son combustibles fósiles sino los restos de fibras sintéticas fundidas durante la combustión.
Buena parte de esas fibras son de poliéster, un material derivado del petróleo utilizado por su bajo coste que, al arder, puede liberar compuestos contaminantes con potencial impacto respiratorio. Los humos alcanzan zonas habitadas próximas y algunos vecinos aseguran padecer molestias respiratorias asociadas a la exposición prolongada.
Un municipio que se declara «el basurero del mundo»
Alto Hospicio concentra buena parte del impacto social de esta crisis. Su alcalde, Patricio Ferreira, denunció ante la agencia AFP una situación que se prolonga desde hace años: «Nos sentimos abandonados. Sentimos que nuestra tierra ha sido sacrificada. Somos el basurero del mundo y todavía no existe una solución real para este problema», afirmó. Ferreira lamentó además el efecto reputacional sobre su municipio: «En internet, cuando buscas Alto Hospicio, aparecen vídeos que dicen que aquí está el lugar más feo del mundo. Somos una pequeña ciudad escondida en el norte de Chile, y la gente nos conoce por esto».
El fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, calificado de histórico, marca un precedente en materia de responsabilidad estatal ambiental en Chile. Los tribunales ambientales fueron creados en el país en 2012 como órganos jurisdiccionales especializados para resolver controversias medioambientales, en un modelo que Chile impulsó tras la aprobación de su institucionalidad ambiental. La resolución podría abrir la puerta a nuevas exigencias judiciales sobre las autoridades competentes en materia de fiscalización aduanera y medioambiental, y servir de base para reclamaciones de municipios afectados como Alto Hospicio.
El caso se enmarca en el debate sobre la responsabilidad extendida del productor, principio que en la Unión Europea rige a través de la Directiva Marco de Residuos y que obliga a los fabricantes de determinados productos a hacerse cargo del final de su ciclo de vida. Chile cuenta desde 2016 con su propia Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, aunque sus categorías prioritarias iniciales no incluyeron el sector textil, lo que ha dejado sin cobertura específica el flujo de ropa usada que entra por sus zonas francas.
Organizaciones ambientales como Ekō sostienen que sin una regulación vinculante que responsabilice a las marcas y a los países exportadores por el destino final de sus excedentes, casos como el de Atacama seguirán reproduciéndose en otras zonas francas del mundo. Desde el sector textil, distintas patronales han defendido en los últimos años que la industria ha impulsado programas voluntarios de reciclaje y economía circular, si bien reconocen que su alcance resulta insuficiente frente al volumen total de producción.
El Gobierno chileno no ha anunciado hasta la fecha un plan integral de gestión de estos residuos en Atacama. A falta de una solución estructural, la acumulación de prendas continúa creciendo cada año al ritmo que marca la llegada de nuevos cargamentos al puerto de Iquique, mientras la resolución judicial reabre la cuestión de qué administración debe asumir la remediación del terreno y con qué recursos.
