De ese 35%, el 34% del área departamental tiene vulnerabilidad alta y un 1,2% muy alta, según el documento entregado por la Universidad de Medellín. Las previsiones sobre El Niño se habían proyectado inicialmente para 2027, pero según el Ideam el fenómeno se adelantó. Mientras la atención pública en Antioquia se ha concentrado en el nivel de los embalses que abastecen los servicios de energía y acueducto, el riesgo de grandes incendios forestales permanece latente en buena parte del territorio.
La investigación analizó los 125 municipios del departamento y cruzó los registros históricos de incendios entre 1996 y 2024. En ese periodo se vieron afectadas 19.516 hectáreas, equivalentes al 0,31% de la superficie de Antioquia. Las subregiones con mayor área quemada fueron Urabá, con 6.492 hectáreas —el 37,9% del total—, y Occidente, con 3.394 hectáreas, el 19,8%.
El informe también contabilizó los daños humanos: en los últimos 29 años, al menos 1.035 familias resultaron damnificadas por incendios forestales en el departamento. El Valle de Aburrá encabeza esa lista con 401 familias afectadas, seguido de Occidente, con 264, y Oriente, con 251. Entre las tres subregiones concentran el 88% de los afectados registrados en casi tres décadas.
Al cruzar los datos históricos con las llamadas anomalías térmicas, el estudio identificó dos temporadas críticas para los incendios en el departamento: una que comienza en diciembre y alcanza su punto más alto en marzo, y otra que arranca en julio y suele extenderse hasta septiembre. Los investigadores advirtieron que, aunque estas temporadas secas no son nuevas, el cambio climático las ha intensificado y alargado, con consecuencias que empiezan a ser irreversibles para páramos, bosques secos tropicales y sabanas.
Magdalena Medio, la subregión más expuesta
Para establecer el mapa de riesgo actual, la investigación combinó cuatro variables: la vulnerabilidad institucional, es decir la capacidad de cada municipio para prepararse y responder a emergencias; la vulnerabilidad física, ligada a la densidad de infraestructura expuesta; la vulnerabilidad económica, asociada a actividades que pueden generar incendios y a las pérdidas potenciales; y la vulnerabilidad social, entendida como la carencia de recursos de las comunidades para enfrentar o recuperarse de estos episodios.
El cruce de esas cuatro variables ubicó al Magdalena Medio como la subregión más vulnerable del departamento, con un 54,3% de su territorio en riesgo alto o muy alto. Los investigadores señalaron que municipios como Maceo y Caracolí carecen de cuerpos de bomberos operativos, además de presentar rezagos importantes en la cobertura de servicios básicos como el gas domiciliario y la recolección de basuras, factores que —según el estudio— se asocian a un mayor riesgo de incendios.
El documento identificó otros factores de riesgo transversales en varios municipios: altos porcentajes de viviendas con materiales inflamables, la práctica de quemas tradicionales asociadas a labores agrícolas, la minería ilegal y la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas rurales. Con base en ese diagnóstico, la Gobernación de Antioquia inició una estrategia focalizada en varios municipios para fortalecer sus capacidades de respuesta antes de nuevas emergencias.
El territorio antioqueño no es ajeno a estas emergencias: el Servicio Geológico Colombiano ha atendido en los últimos meses episodios climáticos que alimentan la preocupación ciudadana, hasta el punto de que el organismo llegó a desmentir una alerta viral sobre un supuesto 'gran terremoto'. En el caso de los incendios, las autoridades departamentales han mantenido la atención en el Valle de Aburrá, donde en semanas recientes se han registrado las emergencias más graves, aunque el estudio de la Universidad de Medellín advierte que el riesgo más crítico, medido por proporción del territorio expuesto, se concentra en el Magdalena Medio.
