La UNE indicó que tras el colapso se activaron los protocolos de restablecimiento del servicio, con mecanismos de emergencia desplegados en algunas zonas del país, aunque no ofreció un plazo concreto para la recuperación total del sistema. Esa ausencia de calendario, recurrente en episodios anteriores, mantiene a la población en la incertidumbre en un contexto en el que los cortes prolongados se han convertido en parte de la rutina diaria para millones de personas.
El apagón del lunes no es un hecho aislado. Además del corte del fin de semana, semanas atrás se registró un episodio en el que hasta el 74% del territorio insular quedó sin suministro. La sucesión de incidentes en un intervalo tan corto evidencia que la red eléctrica cubana opera con un margen de fragilidad extremo, sin reserva suficiente para absorber fallos puntuales sin que se propaguen a toda la isla. Las autoridades no han detallado las causas exactas de la última desconexión, una opacidad repetida en apagones previos que dificulta conocer con precisión si el origen está en una avería en las centrales, en un fallo de transmisión o en la escasez de combustible.
Una infraestructura al límite de su vida útil
El sistema eléctrico cubano depende en gran medida de un puñado de centrales termoeléctricas construidas mayoritariamente entre las décadas de 1970 y 1980, con tecnología de origen soviético que ha superado con creces su vida útil de diseño. A esa obsolescencia estructural se suma la escasez crónica de combustible —fuel oil y diésel— que Cuba debe importar, en un contexto de sanciones estadounidenses y de una producción petrolera nacional insuficiente para cubrir la demanda.
La dependencia energética exterior de la isla se ha reconfigurado en los últimos años. Si durante décadas Venezuela fue el principal suministrador de crudo a precios subvencionados, la propia crisis económica venezolana redujo sustancialmente esos envíos, obligando a La Habana a buscar suministros alternativos en un mercado internacional donde debe pagar precios de mercado con escasas divisas disponibles.
El embargo estadounidense sobre Cuba, vigente desde 1962 y endurecido en distintas administraciones, ha sido señalado reiteradamente por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel como una de las causas centrales del deterioro económico y energético del país. Washington, por su parte, ha sostenido históricamente que las dificultades cubanas derivan fundamentalmente de la gestión estatal de la economía y de la falta de reformas estructurales, en un pulso diplomático que se remonta a los primeros años de la Revolución de 1959.
El fantasma del 'Periodo Especial'
El contexto histórico de los apagones en Cuba no es nuevo. El llamado 'Periodo Especial' de la década de 1990, tras la desaparición de la Unión Soviética y el fin de sus subsidios, sumió a la isla en cortes eléctricos de hasta 16 horas diarias durante años. Los apagones actuales, motivados en parte por el envejecimiento de la infraestructura más que por la ruptura abrupta de suministros de entonces, han reactivado en la memoria colectiva cubana comparaciones inevitables con aquel periodo de escasez generalizada.
El Gobierno cubano ha impulsado en los últimos años planes de instalación de parques solares fotovoltaicos con el objetivo declarado de reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y aliviar la presión sobre el sistema termoeléctrico. Estos proyectos, financiados en parte con apoyo de socios internacionales, avanzan a un ritmo que analistas económicos consideran insuficiente para compensar en el corto plazo el deterioro de las centrales convencionales.
La crisis eléctrica tiene un correlato social y económico directo: los cortes afectan a la producción industrial, a la conservación de alimentos y medicamentos, al funcionamiento de hospitales —que dependen de generadores de respaldo con su propia necesidad de combustible— y a la vida cotidiana de los hogares, en un país donde la escasez alcanza también a productos básicos y donde la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios estatales.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la disidencia en el exilio han señalado que los apagones prolongados fueron detonante de protestas espontáneas en distintas provincias en 2022 y en años posteriores, ante las cuales las autoridades respondieron con un despliegue de seguridad reforzado y, según denuncias de organismos internacionales, con detenciones de manifestantes. El Gobierno cubano ha atribuido esas movilizaciones a la injerencia externa y a los efectos del embargo.
No hay, hasta el momento, un calendario oficial sobre cuándo el sistema eléctrico podría recuperar una estabilidad mínima. La UNE ha señalado en ocasiones anteriores que la solución definitiva pasa por inversiones de gran calado en nueva capacidad de generación, un proceso que el propio Gobierno reconoce como de varios años y condicionado a la disponibilidad de financiamiento externo, en un país que arrastra además una deuda exterior de difícil renegociación con acreedores públicos y privados.
