Racu recordó, en declaraciones a Europa Press, que el colectivo llegó a desplegar a más de 200 militantes en la plaza durante los días de protesta. Tras esa movilización, sostuvo que la acampada ha demostrado que va "mucho más allá" del Sindicato de Inquilinas como estructura concreta y que puede mantenerse sin la presencia permanente de su militancia.
La portavoz vinculó la retirada parcial a un cambio de estrategia: el colectivo intensificará su labor de sindicalismo de base en "todos los centros de trabajo, de estudio y de salud", así como en "cada barrio, casa y bloque". El objetivo declarado es extender el apoyo a una huelga general que Racu aspira a que registre una participación "histórica y muy amplia".
La decisión abre un debate sobre el futuro de la acampada, que otras organizaciones quieren prolongar. El Sindicato de Estudiantes y el grupo Izquierda Revolucionaria han planteado mantenerla "hasta que los sindicatos de clase pongan fecha a la huelga general", según el material difundido sobre la movilización.
Esas mismas organizaciones reclamaron confluir con la huelga educativa indefinida convocada en Madrid a partir del 14 de octubre y emplazar a los sindicatos madrileños a extenderla para que "ese mismo día se convierta en una huelga general". La propuesta sitúa esa fecha como posible punto de inflexión del ciclo de protestas.
Frente a quienes fijan calendarios, Racu reivindicó la autonomía de la acampada. La portavoz defendió que "debe ser la propia acampada la que decida de forma autónoma en asamblea cuánto tiempo desea prolongarse y con qué objetivos políticos", y recordó que en la plaza conviven "muchas organizaciones con muchos objetivos diferentes y con estrategias diferentes", de las que el Sindicato de Inquilinas es "simplemente una más".
La protesta se enmarca en una escalada de los precios de la vivienda que ha tensado especialmente el mercado del alquiler en las grandes ciudades. En Madrid, el metro cuadrado cerró septiembre en 6.458 euros, un 2,4% más en un año, un encarecimiento que ha convertido el acceso a la vivienda en una de las principales preocupaciones sociales.
El balance político que hace el colectivo es rotundo. Racu enfatizó que no se trata de una retirada por agotamiento, sino de un repliegue táctico, y rechazó cualquier lectura derrotista de lo ocurrido en la plaza durante más de una semana.
"Ocho días de poder popular han hecho más que 8 años de gobierno progresista", afirmó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
La portavoz cargó además contra las Cortes. A su juicio, los acontecimientos evidencian un Congreso de los Diputados "totalmente secuestrado por el rentismo" y por los inversores. Dirigió sus críticas a la derecha, a la que acusó de actuar "arrodillada" ante los rentistas y de votar "en contra de sus propios votantes", a quienes sitúa mayoritariamente a favor de una regulación efectiva del mercado.
Racu reservó un reproche para la extrema derecha, a la que acusó de aprovechar el malestar social para "generar discursos de odio" contra colectivos como personas migrantes, feministas, quienes okupan viviendas o personas jubiladas, eludiendo señalar a los grandes tenedores de vivienda como responsables de la crisis.
El pulso en la calle entronca con un debate legislativo que lleva años sin cerrarse. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda introdujo la figura de las zonas de mercado residencial tensionado y topes al alquiler, un mecanismo cuya aplicación depende de que cada comunidad autónoma declare esas zonas; la Comunidad de Madrid ha rehusado activarlo, lo que mantiene fuera del control de precios al mercado de la capital.
El control de rentas tiene, además, un historial internacional controvertido que la propia sección ha documentado: el control de alquileres acumula fracasos desde la Roma de César hasta Berlín y Madrid, un antecedente que planea sobre cualquier intento de regulación.
Con la vista puesta en ese horizonte, la portavoz concluyó que la salida pasa por mantener "la fuerza de la calle" y sostener la movilización social para seguir presionando al sector inmobiliario y a la clase política. La fecha del 14 de octubre, cuando arranca la huelga educativa indefinida en Madrid, se perfila como la próxima cita de un movimiento que busca converger en una huelga general sin fecha fijada.
