Un expediente que no llegó a ningún sitio La cronología del caso resulta perturbadora en su aridez administrativa. Antes de que Lyhanna subiera al coche de Jérôme B. al salir de la escuela, este hombre ya había sido denunciado por la violación de una niña de diez años cuyas lesiones físicas fueron diagnosticadas por personal médico. Una psicóloga que examinó a esa menor concluyó, según la información disponible, que la víctima «de manera manifiesta no se inventaba nada». Aun así, el expediente no derivó en ninguna citación formal al sospechoso. La denuncia quedó aparcada, sin que ningún fiscal la elevase a la categoría de actuación prioritaria.
El propio instituto donde Jérôme B. trabajaba como conserje había optado por despedirle tras detectar mensajes reiterados e inapropiados dirigidos a una alumna de 17 años. Ese despido, sin embargo, no generó ninguna comunicación oficial entre el centro educativo y la fiscalía de Auch. La ausencia de un protocolo de alerta cruzada entre administraciones —centros escolares, servicios sociales, fiscalías y unidades policiales— constituye uno de los vacíos procedimentales que el caso ha puesto sobre la mesa.
La fiscal de Auch en el centro de la tormenta El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, identificó a la fiscal de la República de Auch como la responsable directa de no haber priorizado la denuncia de 2024 contra el sospechoso. En declaraciones públicas difundidas el pasado lunes, Darmanin aseguró que «no nos faltan recursos ni leyes», y que el fallo residió en una cuestión de criterio: la falta de priorización de los delitos sexuales contra menores. Esta interpretación, que deposita el peso de la responsabilidad en una funcionaria individual, ha generado una respuesta frontal por parte de las organizaciones de magistrados.
Las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado ese encuadre con argumentos estructurales. Señalan que la saturación de las unidades judiciales es tal que la priorización se convierte, en la práctica, en una lotería burocrática: los expedientes compiten entre sí no por su gravedad intrínseca, sino por la disponibilidad real del personal que debe instruirlos. Desde su perspectiva, cargar toda la responsabilidad en la fiscal de Auch equivale a hacer del árbol pantalla del bosque.
Cifras que no engañan: más denuncias, el mismo personal Los datos aportados en la cobertura del caso ilustran una tensión sostenida durante años. Las denuncias por violación en Francia pasaron de aproximadamente 17.000 en 2017 a 46.000 en 2024, según cifras del Ministerio del Interior francés, lo que supone un incremento superior al 170% en siete años. Las denuncias por agresiones sexuales a menores superaron las 21.500 en ese mismo ejercicio, también en niveles récord. Este aumento refleja en parte una mayor disposición social a denunciar —impulsada por el movimiento #MeToo y sus derivadas en Francia—, pero la magnitud del incremento desborda esa explicación parcial.
Lo que no creció en paralelo fue la plantilla de policías judiciales y de magistrados instructores encargados de tramitar esos expedientes. Francia no ha publicado en los últimos años un plan de dotación presupuestaria equivalente al aumento de la carga de trabajo judicial en delitos sexuales. Para situar el dato en perspectiva europea: según el informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) de 2022, Francia destinaba 72 euros per cápita a su sistema judicial, por debajo de la media de los países de Europa occidental con sistemas jurídicos comparables. La brecha entre demanda y capacidad de respuesta no es nueva; el caso Lyhanna la ha hecho visible de forma brutal.
Un problema estructural con precedente: el affaire Dutroux y sus réplicas Francia no es el primer país europeo en enfrentarse a este tipo de crisis institucional. En 1996, Bélgica atravesó una sacudida comparable tras la detención de Marc Dutroux, condenado por el secuestro, abuso y asesinato de varias niñas. La investigación reveló entonces fallos sistémicos de coordinación entre cuerpos policiales y judiciales, y desencadenó la llamada Marcha Blanca, con trescientas mil personas en las calles de Bruselas. El resultado fue una reforma profunda de la policía belga, que pasó a unificarse en un modelo integrado, y una revisión completa de los protocolos de gestión de expedientes pediátricos. Tres décadas después, Francia se enfrenta a una presión ciudadana de intensidad comparable, aunque todavía sin una hoja de ruta de reforma equivalente sobre la mesa.
El precedente belga no es trivial. Muestra que la indignación social puede traducirse en cambio institucional duradero cuando existe voluntad política sostenida, pero también que esa voluntad tarda en articularse. En el caso francés, la coyuntura política añade complejidad: Darmanin llegó al Ministerio de Justicia en febrero de 2024 tras gestionar durante años el Ministerio del Interior, y arrastra un perfil marcado por el énfasis en la seguridad frente al narcotráfico, tal como señalaron manifestantes en la plaza Vendôme. La acumulación de prioridades en una administración de recursos finitos es, precisamente, el nudo del debate.
Cien manifestaciones y un ministro acorralado La respuesta ciudadana fue inmediata y descentralizada. El lunes 9 de junio, miles de personas se concentraron en un centenar de puntos del territorio francés para rendir homenaje a Lyhanna y exigir responsabilidades. En París, la concentración frente al Ministerio de Justicia, en la plaza Vendôme, reunió a ciudadanos con pancartas que denunciaban que «la impunidad mata» y reclamaban la dimisión de Darmanin. «Hay tantos problemas que deberían ser prioritarios que eso comporta que miles de denuncias queden acumuladas en una pila», explicaba una de las asistentes, Carole Fromont, de 50 años, reflejo de una percepción extendida entre quienes acudieron.
La movilización social no se ha organizado en torno a ninguna sigla partidista concreta, lo que le otorga una legitimidad transversal difícil de absorber por el Ejecutivo. Darmanin respondió con una reunión urgente con todos los fiscales generales del país ese mismo lunes, en la que les instó a revisar la totalidad de las denuncias que afectan a menores antes del 14 de julio. El plazo —cinco semanas— ha sido recibido con escepticismo por los propios magistrados, que apuntan a la imposibilidad material de acometer esa tarea con las plantillas actuales.
El marco legal: qué debería haber funcionado El Código de Procedimiento Penal francés establece que las denuncias por delitos graves contra menores deben ser tramitadas con carácter prioritario por la fiscalía receptora. La fiscalía puede archivar provisionalmente, derivar a instrucción o abrir diligencias de investigación preliminar. En el caso de Jérôme B., la denuncia de 2024 —con respaldo médico y psicológico— reunía los elementos suficientes para justificar, al menos, una citación para declarar como investigado. Que eso no ocurriera no requiere modificar ninguna ley; requería aplicar las existentes.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por Francia en 1990, obliga a los Estados a adoptar «todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental». El Comité de los Derechos del Niño ha señalado en sus exámenes periódicos a Francia —el más reciente data de 2023— la necesidad de reforzar los mecanismos de detección temprana y de coordinación interinstitucional. Las recomendaciones del Comité no son vinculantes, pero constituyen un termómetro reconocido de las obligaciones asumidas por el Estado.
Qué viene ahora: plazos, reformas y presión acumulada Darmanin ha prometido que la revisión de los expedientes de menores estará completada antes del 14 de julio, fecha simbólica en el calendario republicano francés. Ese compromiso público lo convierte en rehén de un plazo concreto y verificable. Si la revisión se completa, el ministerio podrá presentar resultados tangibles; si queda a medias —como apuntan los sindicatos judiciales—, el coste político será mayor que el de no haber anunciado nada. Varios grupos parlamentarios han anunciado ya la presentación de proposiciones para incrementar la dotación presupuestaria de las fiscalías y para establecer un protocolo obligatorio de alerta cruzada entre centros educativos y servicios judiciales.
La presión sobre el sistema judicial francés no se agotará con el juicio a Jérôme B., que aún no tiene fecha. La instrucción del caso se encuentra en fase inicial y el acusado niega los hechos. La Justicia francesa deberá gestionar ese proceso bajo el escrutinio de una sociedad movilizada y de unos medios de comunicación que han convertido el nombre de Lyhanna en una referencia del debate público. Lo que esté en juego no es solo la condena de un presunto asesino, sino la credibilidad de un sistema que, según admitió el propio ministro de Justicia, «no supo proteger a esa niña».
