El memorando de entendimiento firmado en junio entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, establecía un marco de catorce puntos para detener la guerra y negociar un acuerdo definitivo en un plazo de sesenta días. Ese plazo expiró sin resultados, con acusaciones cruzadas de incumplimiento entre ambas partes, y el proceso quedó en un limbo que la diplomacia regional trata ahora de desatascar.
En las últimas setenta y dos horas han pasado por Teherán el jefe del Ejército de Pakistán y principal mediador, Asim Munir; el ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi; y el primer ministro de Catar, Mohamed Al Thani. La intensidad de estos movimientos responde a un factor muy concreto: el estrecho de Ormuz, cuyo cierre por parte de Irán durante el conflicto ha trastocado el mercado energético mundial y, en particular, las economías del Golfo, altamente dependientes del tránsito de crudo por ese paso.
Ormuz, por el que circula en torno a una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, se ha convertido en la principal carta de presión de Teherán, una capacidad que el régimen no poseía con la misma intensidad antes del estallido de la guerra. La amenaza de bloquear ese corredor marítimo, unida a la persistencia de capacidad de respuesta militar iraní, explica que ambas partes multipliquen los esfuerzos de mediación para evitar la vuelta a una guerra a gran escala.
El diagnóstico del «fin del Oriente Medio estadounidense»
El politólogo estadounidense Marc Lynch, que en su día acuñó el término «primavera árabe», ha calificado la situación actual como «el fin del Oriente Medio estadounidense» en un extenso análisis publicado en la revista Foreign Affairs, describiendo a Irán como «el último estertor de un orden fallido». Según Lynch, la incapacidad de Washington para proteger a sus aliados del Golfo de los ataques iraníes o para mantener abierto el estrecho de Ormuz «ha socavado de forma fatal el pacto de seguridad fundamental que justificaba su red de bases militares en la región».
Ese diagnóstico tiene implicaciones directas para los países que albergan instalaciones militares estadounidenses en el Golfo. Durante décadas, disponer de bases de Estados Unidos se interpretó como garantía de protección; sin embargo, el conflicto ha invertido esa lógica, convirtiendo a esos mismos países en objetivo de represalias iraníes sin que Washington disponga ya de la capacidad plena para blindarlos.
Tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, claman victoria a las puertas de las citas electorales que afrontan en sus respectivos países, unas palabras que, según el material, se alejan de la realidad sobre el terreno. El diario económico israelí Calcalist ha señalado que la guerra ha obligado a Israel a asumir que debe prepararse para una «guerra recurrente» con Irán, un escenario que «elevará durante años el gasto militar, la prima de riesgo y la presión sobre las cuentas públicas». El propio Netanyahu contempla la posibilidad de tener que volver a atacar en el futuro próximo.
Dentro de Irán, el régimen no da síntomas de estar cerca del colapso, aunque atraviesa un proceso de recomposición interna tras la muerte de Alí Jamenei. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, más joven que su predecesor, permanece en paradero desconocido por motivos de seguridad desde su nombramiento, lo que ha alimentado un mar de rumores sobre su estado de salud dentro y fuera del país.
La nueva cúpula del sistema islámico vive un debate público sobre la estrategia a seguir. Los principales dirigentes políticos apuestan por poner fin a la guerra y reforzar la economía, mientras que los sectores más duros del aparato de seguridad, representados por el jefe de seguridad nacional, Mohsen Rezaei, mantienen un tono desafiante. El presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamed Ghalibaf, ha defendido que la seguridad del país no puede sostenerse solo sobre el poder militar: «Por mucho poder militar que tengamos, si nuestro pueblo está sufriendo y el país carece de circulación financiera y crecimiento económico, no lograremos avanzar», declaró, subrayando la necesidad de atender la crisis económica derivada del conflicto.
El precedente más cercano a este tipo de enfrentamiento prolongado sin resolución militar clara se remonta a la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988, un conflicto de ocho años que tampoco logró el derrocamiento del régimen iraní pese al enorme coste humano y económico, y que reforzó paradójicamente la cohesión interna del sistema instaurado tras la revolución de 1979. La actual crisis comparte con aquella la resiliencia institucional de Teherán frente a presiones externas de gran magnitud.
El marco jurídico internacional aplicable a un eventual bloqueo de Ormuz remite a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que reconoce el derecho de paso en tránsito por estrechos internacionales, aunque Irán no ha ratificado dicho tratado y ha invocado en el pasado disposiciones de su propia legislación nacional para justificar restricciones de navegación en episodios de tensión previos, como los registrados en 2019.
La llamada «Operación Aislamiento Económico» se apoya en sanciones reforzadas sobre las exportaciones petroleras iranías y en restricciones financieras adicionales, en línea con la arquitectura de sanciones que Estados Unidos mantiene contra Teherán desde su salida unilateral del acuerdo nuclear de 2015, decidida durante el primer mandato de Trump en 2018.
De cara a los próximos meses, el desenlace dependerá en gran medida de si la mediación de Pakistán, Omán y Catar logra reencauzar el memorando de junio hacia una negociación sustantiva, o si, por el contrario, la persistencia del bloqueo diplomático y la presión de los sectores más duros en Teherán abren la puerta a una nueva escalada militar antes de que se resuelvan los respectivos procesos electorales en Estados Unidos e Israel.
