Cohen, sefardí de Tánger y nieto de un juez rabínico marroquí, tiene 72 años y lleva 49 instalado en Venezuela. No es diplomático de carrera, pero ha actuado durante casi dos décadas como interlocutor extraoficial entre la comunidad judía venezolana y el poder, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro. Su despacho, decorado con fotografías junto al rey Juan Carlos, Chávez y Maduro, funciona como una suerte de cancillería paralela adonde acude la comunidad a pedirle gestiones. «Nunca dejó de hablar con el poder», resume su propia descripción del papel que ha desempeñado durante los años de ruptura.
El detonante de la reconciliación, según su versión, fue el terremoto del 24 de junio de 2026, que motivó el envío de una delegación de ayuda israelí. Esta prolongó su estancia de dos a cuatro semanas, a petición —según Cohen— de la presidenta Delcy Rodríguez, para coordinar tareas técnicas de prevención de futuros desastres, y sigue en contacto con la parte técnica venezolana. El rabino sostiene que fue él quien solicitó la reunión con el canciller venezolano, Félix Plasencia, con el argumento de que «si bien se interrumpieron las relaciones diplomáticas, no se rompieron las humanas». La carta describe el acercamiento como «una consecuencia natural de lo que se ha vivido desde el 24 de junio».
El resultado de esas gestiones cristalizó el 11 de agosto en un comunicado conjunto entre Caracas y Tel Aviv, del que no ha trascendido el contenido íntegro ni el calendario para el restablecimiento pleno de embajadas. La ruptura original, decretada por Chávez en enero de 2009 en protesta por la ofensiva israelí sobre Gaza, se mantuvo inalterada durante los mandatos de Maduro pese a que, según Cohen, el propio mandatario le manifestó en privado su disposición a establecer relaciones consulares con Israel, proyecto que, afirma, quedó frenado por la «presión interna» dentro del chavismo.
El rabino ha evitado cualquier valoración crítica sobre Maduro, detenido el 3 de enero de 2026 en circunstancias que Cohen describe como una sorpresa absoluta —se enteró, dice, tras el shabat—. «Debo reconocer que tuve buenas relaciones con él y siempre estuvo atento a lo que le solicitaba. No puedo hablar mal de él», ha declarado. Subraya que su papel se ha limitado a la protección de una comunidad judía venezolana que, según sus estimaciones, se ha reducido de 22.000 a menos de 6.000 personas por la vía de la emigración, muchas veces facilitada a través de terceros países.
Medios afines a Irán han calificado el acuerdo de «diplomacia del desastre» orientada a «infiltrarse en gobiernos independientes», acusación que Cohen rechaza de plano: «Que se vea en el espejo de su conciencia. ¿Quién es el que siembra el odio y el terrorismo en el mundo? Irán. Israel no siembra odio ni terrorismo, eso estoy seguro», ha respondido. Preguntado por el riesgo de una reacción contra la comunidad tras el acuerdo, sostuvo que «la incitación al odio no es positiva», pero defendió que «el venezolano es bueno, no es odioso». No consta reacción pública de ningún funcionario iraní a estas declaraciones.
Un giro español en sentido inverso
La conversación cambia de registro cuando el rabino traslada la mirada al Atlántico. Desde Caracas observa cómo la política exterior española hacia Israel ha discurrido en sentido opuesto al proceso venezolano. El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció el Estado palestino en mayo de 2024, en una decisión coordinada con Irlanda y Noruega que provocó la retirada de la embajadora israelí en Madrid. Desde entonces, el Ejecutivo español ha calificado en distintas ocasiones la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza de «genocidio», terminología que no comparten aliados como Alemania o Estados Unidos y que Israel ha rechazado, y en marzo de 2026 formalizó la destitución de su representante diplomática en Tel Aviv.
Cohen sostiene que esa trayectoria choca frontalmente con el proceso que él ha impulsado en Venezuela: «España rompe lo que Venezuela acaba de reconstruir», resume, situándose como rabino de ambas comunidades en una posición que describe como incómoda. Su petición a Sánchez de que «rectifique» no ha recibido, hasta la fecha, respuesta pública de La Moncloa ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
En el ordenamiento español, el reconocimiento de Estados y el establecimiento o ruptura de relaciones diplomáticas corresponden en exclusiva al Consejo de Ministros y al Ministerio de Exteriores, conforme a la Constitución de 1978 y la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Cualquier reversión de las medidas adoptadas desde 2024 requeriría una nueva decisión del Ejecutivo, sin plazos legales que la obliguen ni antecedentes recientes de marcha atrás en la política española hacia Oriente Próximo.
El episodio venezolano no carece de precedentes en la región. Bolivia rompió relaciones con Israel en 2023 tras el inicio de la ofensiva en Gaza y Colombia lo hizo en 2024 bajo el Gobierno de Gustavo Petro, en un patrón latinoamericano de oscilaciones ligadas a los ciclos políticos internos. La reconciliación entre Caracas y Tel Aviv, de confirmarse su desarrollo pleno, representaría un giro excepcional en ese patrón, impulsado no por canales gubernamentales convencionales sino por la mediación de una figura religiosa sin cargo diplomático formal.
Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ni la Cancillería venezolana han detallado públicamente el calendario para el restablecimiento completo de embajadas, ni se ha confirmado el nombramiento de representantes de rango pleno en ambas capitales. Tampoco consta que el Gobierno español haya sido consultado o mencionado en las gestiones entre Caracas y Tel Aviv, por lo que la comparación trazada por Cohen responde a su valoración personal más que a un vínculo formal entre los dos procesos.
A partir de ahora, el foco estará en si el comunicado conjunto del 11 de agosto se traduce en pasos concretos —intercambio de representantes, reapertura de sedes diplomáticas— y en si la comunidad judía venezolana, mermada tras años de emigración, registra algún retorno. En paralelo, la posición española seguirá condicionada por el debate en la Unión Europea sobre la respuesta a la guerra en Gaza, donde Madrid mantiene una postura minoritaria pero no aislada junto a Irlanda, Eslovenia y otros socios partidarios de medidas de presión sobre Israel.
