Mínguez ha insistido en que la situación registrada en los días previos a la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma «no era extraordinaria», sino la habitual de «todos los veranos» en una frontera como la ceutí, comparable a lo que ocurre periódicamente en Canarias o en Italia. Según su versión, los servicios de inteligencia detectan movimientos y lanzan avisos de forma rutinaria, sin que ello implique necesariamente un episodio de la magnitud del vivido, la entrada de más de 70.000 personas en 48 horas.
«El propio CNI, la policía fronteriza, ellos prevén movimientos de gente, avisos, preavisos y se refuerzan y se coordinan, pero lo que nadie pudo adivinar, lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo», ha subrayado la portavoz socialista, que reivindicó la coordinación ordinaria entre organismos frente a la idea de una negligencia del Ejecutivo.
La polémica se intensificó después de que trascendiera que el CNI intercambió mensajes con el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz —el único cargo que ha dimitido hasta ahora por esta crisis—, en los que se advertía de un llamamiento a asaltar la valla difundido en grupos de redes sociales con unos 180.000 integrantes.
Para el PP y Vox, esos mensajes son la prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía información suficiente para actuar y no lo hizo. El reproche no ha quedado circunscrito a la oposición de derechas: PNV, ERC, Junts, Coalición Canaria y Compromís también cuestionaron la falta de diligencia del Ejecutivo ante los avisos del CNI, una crítica transversal que sitúa a Moncloa a la defensiva en varios frentes parlamentarios a la vez.
Mínguez dirigió buena parte de sus reproches contra el PP, al que acusó de aprovechar la crisis para reclamar una reforma de la Ley de Extranjería que recupere las llamadas devoluciones en caliente. «Se tienen que hacer medidas acordes a la ley», zanjó. La figura de la devolución sumaria fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2020 para el perímetro de Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías y los tratados internacionales, un extremo que sigue siendo objeto de controversia jurídica. El PP ya trasladó públicamente su posición sobre esta crisis al acusar a Marruecos de ser "responsable de lo ocurrido por acción u omisión".
La portavoz socialista fue más allá al señalar una convergencia creciente entre el PP y Vox en materia migratoria: «Cuando Santiago Abascal da un paso, Feijóo da dos más», reprochó, desplazando el debate desde la gestión de la crisis hacia las diferencias ideológicas entre los partidos de la derecha.
La crisis en la frontera ceutí se produce en paralelo al repunte de llegadas irregulares en otros puntos de la costa española, después de que Frontex cifrara en 15.909 las entradas por el Estrecho en lo que va de año, un 34% más que el periodo anterior y el triple que las registradas por la ruta canaria. El episodio evoca la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en pocos días en medio de la tensión diplomática con Rabat.
«Ceuta no puede convertirse en batalla electoral», reprochó Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
