Gómez Martínez radicó dos proposiciones al Presupuesto General de la Nación 2027 con el propósito declarado de reducir los recursos de funcionamiento de la JEP. En un mensaje difundido este jueves en redes sociales, el senador escribió que buscaba "quitarle 100 mil millones de pesos al funcionamiento del esperpento de la JEP" para destinarlos a lo que llamó "la justicia de la gente".
Ramelli respondió que esa maniobra, sumada a otra iniciativa radicada en los últimos días en la misma comisión del Senado, configura un patrón dirigido a asfixiar financieramente a la jurisdicción creada a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. Según el magistrado, ambas propuestas no responden a un ejercicio ordinario de control del gasto público, sino a un intento de vaciar de contenido el componente de justicia transicional del acuerdo.
"Es el más grave ataque", afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sobre la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de trasladar recursos de la jurisdicción a la Rama Judicial.
El presidente de la JEP anunció que pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La estrategia busca dar visibilidad internacional a lo que Ramelli describe como una amenaza directa a la independencia judicial de un tribunal cuya creación fue respaldada por la comunidad internacional como garantía de cumplimiento del acuerdo.
La JEP fue concebida como el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el mandato de investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. Desde su instalación ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes desde distintos sectores políticos, particularmente de bancadas que se opusieron al Acuerdo de Paz durante el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso al Sí y obligó a renegociar el texto antes de su firma definitiva.
Las proposiciones de Gómez Martínez se tramitan en el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, actualmente en discusión en la Comisión Primera del Senado. El trámite presupuestal abre cada año una ventana para que congresistas de distintas bancadas intenten modificar las partidas asignadas a entidades específicas, un mecanismo que en el pasado ha servido tanto para fortalecer como para debilitar instituciones surgidas del proceso de paz.
El episodio se suma a las tensiones recientes entre sectores del Congreso y los organismos vinculados a la implementación del Acuerdo de Paz, en un momento en que la relación con actores internacionales pesa sobre la agenda pública, como ilustra la revocatoria de visas a los excongresistas Andrés Calle y Eduardo Pulgar por parte de Estados Unidos. Las proposiciones radicadas por Gómez Martínez serán debatidas en la Comisión Primera del Senado, que decidirá si se aprueban, modifican o archivan.
