La medida llega meses después de que el entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella pidiera públicamente a Washington revocar las visas a las personas señaladas de corrupción, con énfasis en los compradores de votos. De La Espriella, hoy presidente de la República, formuló esa solicitud en entrevista con Semana durante la campaña, antes de asumir en la Casa de Nariño.
Calle está recluido en la cárcel La Picota desde mayo de 2025, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención dentro de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las evidencias del proceso, el exrepresentante habría recibido cerca de $1.000 millones de la entidad a cambio de respaldar en el Congreso al Gobierno de Gustavo Petro.
El expresidente de la Cámara afronta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Se trata de uno de los procesos más visibles del entramado UNGRD, que ha involucrado a exfuncionarios de esa unidad y a congresistas señalados de recibir dádivas a cambio de votos favorables a la agenda legislativa del Ejecutivo. La competencia recae en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, encargada de investigar a los aforados.
Este expediente conecta con otras pesquisas que han sacudido al Congreso, entre ellas la que involucra a la exdirectora de Talento Humano de la Cancillería, señalada de prácticas de clientelismo ante organismos de control, en un patrón de denuncias sobre el manejo de cargos y contratos públicos que ha marcado la agenda judicial reciente.
La condena de Pulgar por soborno
El caso de Pulgar tiene un desenlace distinto: ya fue condenado. El exsenador del Partido de la U resultó sentenciado por tráfico de influencias y cohecho, tras ser hallado responsable de intentar sobornar a un juez del municipio de Usiacurí, en el Atlántico, para favorecer a un aliado en la disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Como consecuencia, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante doce años. Además, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura como senador, una sanción que en Colombia implica la separación definitiva de la curul por violaciones graves al régimen de inhabilidades o incompatibilidades de los congresistas.
La confluencia de sanciones —condena penal, destitución disciplinaria y pérdida de investidura— ubica a Pulgar entre los casos de mayor contundencia institucional en el Atlántico, una región que también ha estado en el centro de otras investigaciones, como la que surgió de un audio atribuido a alias Castor sobre presuntos nexos con la política local.
La revocación se enmarca en un discurso que Washington ha sostenido de manera reiterada: que el otorgamiento de una visa estadounidense es una decisión discrecional, no un derecho adquirido. En plena campaña presidencial colombiana, el subsecretario de Estado Christopher Landau, citando al secretario de Estado Marco Rubio, defendió ese principio como herramienta de política exterior frente a casos de corrupción.
«Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior», declaró el subsecretario de Estado Christopher Landau, citando al secretario de Estado Marco Rubio.
Ese mensaje llegó pocos meses antes de que De La Espriella, entonces candidato, pidiera explícitamente a Estados Unidos aplicar esa política contra colombianos señalados de corrupción, con especial atención a quienes hubieran comprado votos.
La revocación de visas a figuras públicas no es un instrumento nuevo en la relación bilateral. Washington ha aplicado medidas similares contra funcionarios y exfuncionarios colombianos señalados por vínculos con el narcotráfico o por violaciones a los derechos humanos, apelando a la misma facultad discrecional que ahora se invoca para los casos de corrupción asociados a la UNGRD y a la política del Atlántico.
El expediente de la UNGRD, que salpica a Calle, ha sido uno de los mayores escándalos institucionales del actual periodo presidencial, al involucrar contratos de emergencia, presunta compra de apoyos legislativos y el manejo de recursos destinados a la atención de desastres. La Corte Suprema mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre exfuncionarios y congresistas señalados en ese entramado, mientras el caso de Pulgar ya cerró su ciclo judicial con sentencia firme, destitución e inhabilidad.
