El procedimiento para renunciar a la ciudadanía rusa nunca ha sido sencillo, pero hasta ahora resultaba asequible. La subida multiplica por diez el coste dentro de las fronteras rusas y no acelera los plazos: el trámite sigue demorándose un mínimo de seis meses. A ese calendario se suman requisitos que excluyen a buena parte de quienes más interés tendrían en tramitarlo. No puede solicitarlo quien mantenga deudas con Hacienda, multas pendientes o una condena vigente, y, sobre todo, tampoco quien tenga pendiente el servicio militar.
Esta última condición convierte el trámite en papel mojado para muchos varones en edad de combatir. La legislación rusa considera nacional a cualquier persona con ese pasaporte mientras se encuentre en territorio de la Federación, con independencia de que posea otra nacionalidad. Una vez notificada una citación militar a su nombre, el afectado pierde la posibilidad legal de salir del país y debe presentarse en un cuartel para iniciar el proceso de reclutamiento, aunque resida habitualmente en el extranjero.
El testimonio de un ciudadano ruso afincado en América, que ha pedido mantener el anonimato, ilustra el dilema. Su temor no es solo la movilización: también recela de una eventual causa penal por críticas vertidas en el pasado contra el Ejército ruso. «He sido bastante crítico en el pasado, aunque no soy nada relevante. Quién sabe si me podrían condenar por 'fakes' sobre el Ejército o algo así», añade. La difusión de «noticias falsas» sobre las Fuerzas Armadas está tipificada como delito en Rusia desde marzo de 2022.
Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, la motivación principal para renunciar a la nacionalidad rusa entre quienes vivían en el extranjero era práctica: acceder sin restricciones a la ciudadanía de países que no permiten la doble nacionalidad, como España, y facilitar así trámites laborales o de residencia. La guerra ha añadido factores de peso, como evitar una posible extradición por condenas dictadas en ausencia y, sobre todo, sustraerse a una llamada del Ministerio de Defensa ruso.
Moscú desmiente una nueva leva
El Kremlin insiste en que no existe intención de decretar una nueva movilización masiva, la primera desde septiembre de 2022, cuando se llamó a filas a más de 300.000 reservistas y se provocó una salida de varones hacia Georgia, Kazajistán y otros países fronterizos. «Por el momento, no necesitamos una movilización masiva y, hasta donde yo sé, no está prevista ni se la espera», declaró este viernes el representante ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia. En la misma línea, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, atribuyó los rumores a una campaña del enemigo: «Difundir disparates sobre la supuesta preparación del país para la movilización no es más que una falsa provocación».
Gobiernos occidentales y analistas especializados en el conflicto, sin embargo, mantienen sus reservas ante esos desmentidos y apuntan a que Moscú dispondría ya de un marco administrativo preparado para ejecutar una movilización con rapidez si lo decidiera. Entre las señales citadas figura el cierre de varios pasos fronterizos con Finlandia, Estonia y Letonia, países integrados en la OTAN —los tres bálticos y Finlandia se incorporaron en 2004 y 2023— que comparten frontera terrestre directa con Rusia.
Se apunta incluso a una fecha para una eventual movilización: después de las elecciones legislativas rusas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, en las que se renovará la Duma Estatal. Un anuncio de leva antes de esos comicios resultaría, según esta hipótesis, más costoso políticamente para el Kremlin que hacerlo una vez cerrado el proceso electoral.
Otro indicio señalado es el repunte de ofertas de empleo en portales como Headhunter, donde las vacantes para «especialistas en movilización y registro militar» sumarían ya cerca de 2.500. A ello se añaden medidas regionales como las adoptadas en Riazán y Cheliábinsk, donde se habría impuesto a las empresas de entre 150 y 300 empleados la obligación de aportar un mínimo de dos trabajadores al frente.
El coste de unos 1.000 euros que citan los organismos oficiales, equivalente a un salario mensual medio, convierte la renuncia a la nacionalidad en una opción reservada a quienes disponen de ahorros o apoyo familiar en el extranjero. Quedan fuera buena parte de la población rural o de menores ingresos, precisamente la más expuesta históricamente al reclutamiento en anteriores movilizaciones.
El precedente de 2022 dejó una huella medible: cientos de miles de rusos cruzaron fronteras terrestres en cuestión de días, colapsando los pasos y disparando los precios de los vuelos hacia destinos sin visado, como Armenia, Georgia o Kazajistán. Aquella salida de población en edad militar fue interpretada entonces como uno de los mayores costes demográficos y económicos indirectos de la guerra para Rusia, en un mercado laboral que ya arrastraba tensiones de mano de obra.
El desenlace de este episodio dependerá en gran medida de lo que ocurra tras las elecciones legislativas de septiembre. Si se confirmara una nueva llamada a filas, el encarecimiento de la renuncia a la nacionalidad —unido a los cierres fronterizos ya vigentes— dificultaría replicar la salida masiva de 2022. Por ahora, ni el Kremlin ha anunciado movilización alguna ni existen datos oficiales que permitan confirmar de forma independiente el alcance real de los preparativos que denuncian gobiernos occidentales y analistas.
